El miedo a la regulación dispara el registro de viviendas turísticas en Málaga

La estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja el éxodo de miles de viviendas para fines turísticos hacia el alquiler convencional, ante el hundimiento del turismo. En Málaga, en agosto de 2019 había 12.593 apartamentos y viviendas turísticas, según el INE, y dos años después, en el mismo mes de 2021, son 10.911, un 13,3% menos. El número de plazas pasa, por su lado, de 50.540 a 44.362 (-12,2%).

Ahora que el mercado turístico repunta al tiempo que la pandemia remite hay nulas posibilidades de que los que se fueron al alquiler de larga duración vuelvan al vacacional “Los contratos suelen ser de cinco años y a no ser que el inquilino acepte los propietarios están obligados a mantenerlos”, asegura Álvaro Graciani, secretario de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA).

Pero junto a la reducción de la oferta y de las plazas -cuya recuperación no será inmediata- se produce otro fenómeno aparentemente contradictorio. Las viviendas inscritas en el Registro de Turismo de Andalucía, es decir, las que cumplen con los requisitos legales para el alquiler vacacional, se han disparado durante la pandemia. A 1 de marzo de 2020 –antes de su estallido– había 37.731 viviendas de este tipo en Málaga y el dato actual indica que son 48.867, unas 11.000 más, según los datos facilitados por la Consejería de Turismo. El incremento se refleja, sobre todo, en el número de plazas, que se multiplican por más de dos: de 198.078 en marzo de 2020 a 420.813.

Es evidente que hay mucha diferencia entre las plazas ofertadas que refleja el INE, algo más de 50.000 y las más de 400.000 del registro. Nos referimos, en concreto al registro de viviendas con fines turísticos, ya que el de apartamentos -los conocidos como AT- sigue una evolución mucho más moderada: de 746 a 1 de marzo de 2020 a 782 a día de hoy y de 59.922 plazas en la provincia a 60.443, con un crecimiento mucho mayor en Málaga capital.

Graciani explica que el registro de viviendas con fines turísticos (no el de apartamentos) no refleja la realidad del mercado. “Dan de alta su vivienda como turística para tenerla ahí, por si acaso, y por miedo a las restricciones de los municipios; es como un valor añadido, pero no hay una intención de ponerla en actividad. Conozco a gente que incluso vive en ellas”, afirma. Recordemos que la vivienda registrada no está 'obligada' a que sea alquilada para un fin vacacional. No hay multa alguna si se emplea para otro uso.

Básicamente, estamos ante un mecanismo de defensa después de que la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal habilitara a las comunidades de vecinos para prohibir pisos turísticos. Y de que Ayuntamientos como Barcelona, Sevilla y Madrid hayan planteado restricciones a la actividad. Si el piso ya está registrado para fines vacacionales, la acción pública para limitarlo es más complicada y se desactiva la posible prohibición de la comunidad de vecinos.

Graciani opina que el mapa que ofrecen los registros no sirve para definir las políticas públicas y es más fiable el INE o las páginas web de rastreos de aplicaciones como Airbnb.

De hecho, la realidad que vive el sector es muy diferente a ese incremento del registro. “Se ha limpiado la oferta”, dice Graciani. Según afirma, los que han abandonado el sector eran los propietarios que menos atención prestaban a su vivienda. “Allí era donde había fiestas, porque daban las llaves y se olvidaban”. Eso ha desaparecido y ha resistido la oferta de mayor calidad, la que ofrece mejores prestaciones. En paralelo, “la pandemia ha acelerado profesionalización del sector”, afirma Carlos Pérez Lanzac, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. La figura de un gestor de vivienda se ha generalizado y el cliente ha exigido más y mejores servicios, sobre todo para incrementar su sensación de seguridad e intimidad en plena pandemia.