Los nuevos salones de juego en Málaga deberán estar a 150 metros de los centros educativos

Salón de Juegos en una foto de archivo / Javier Albiñana

Málaga/La Junta de Andalucía aprobó este martes el nuevo Decreto en el Consejo de Gobierno por el que se modifican los reglamentos aplicables en materia de juegos y apuestas. Por este Decreto se establece la vuelta a la presencialidad del sector del juego. Establece, a su vez que todos los nuevos salones de juegos deberán estar a una distancia mínima de 150 metros de cualquier colegio o centro educativo.

También se establecen de forma obligatoria controles de acceso a estos establecimientos para menores y auto prohibidos. Se implanta un registro único a nivel regional de auto prohibidos, hasta ahora había un registro para cada una de las actividades de juegos de azar y apuestas. También se limitará la publicidad de estos locales y se adaptan las sanciones a la ley nacional, endureciéndolas desde los 10.000 euros hasta el cierre cautelar del local. “Todo esto se complementa con charlas a menores y a profesores en los centros educativos, para que de alguna manera esa labor de prevención esté también en el ámbito educativo”, afirmó la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

El presidente de la Federación Andaluza de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fajer), Francisco Abad, asegura que si bien las medidas son acordes a las peticiones que se han venido haciendo desde las asociaciones, “la distancia con los colegios es insuficiente, las federaciones pedíamos 500 metros de separación con los centros educativos”. Celebra a su vez las demás medidas, en especial la implantación de un registro único de auto prohibidos, "antes el auto prohibido en casinos podía hacer apuestas deportivas o entrar en salones de juego", afirma Abad.

Por su parte, Alejandro Torre, portavoz de la plataforma Málaga contra las casas de apuestas, cree que “un decreto es insuficiente, lo que necesita Andalucía es una nueva ley que regule el juego y las apuestas, ya que la que tenemos ahora es de 1986”, a lo que añade que el Decreto “no supone ninguna victoria”.