El 'turismo sanitario' genera un déficit millonario en la sanidad malagueña

Un marcapasos cuesta unos 3.000 euros, una prótesis de cadera en torno a 5.000, un trasplante renal casi 40.000 y una cirugía de corazón con complicaciones puede situarse en los 50.000. Por cada comunitario empadronado que obtenga su tarjeta sanitaria, España recibe al año 2.800 euros del país en el que cotizó. Es obvio que a poco que necesite alguna operación, el déficit es abismal. Pero el problema no es solo que la suma se queda corta para cubrir los costes de los europeos que realmente viven en la provincia, sino que hay comunitarios que se empadronan de forma oportunista para recibir alguna prestación cara. Es lo que se conoce como turismo sanitario y el agujero que genera en el presupuesto sanitario es millonario. No hay cálculos que concreten una cifra en Málaga.

La picaresca puede estar motivada porque aquí la lista de espera sea menor, porque les salga gratis algo que en su país tendrían que pagar o incluso porque el SAS les da prestaciones de las que están excluidos en sus estados. El miércoles, tras el Consejo Interterritorial de Salud en el que el Gobierno anunció que los pensionistas tendrán que pagar parte de los medicamentos, también se adelantó que se pondrá coto al turismo sanitario para ahorrar unos 1.000 millones de euros. Según los datos del Ministerio de Sanidad, casi 700.000 extranjeros en toda España han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros. "Muchos europeos se desplazan a España únicamente en busca de atención sanitaria", dijo la ministra de Sanidad, Ana Mato. Y Málaga es un destino preferente de ese turismo sanitario. Lo saben desde hace años los profesionales que les ponen prótesis de cadera, de rodilla, by pass coronarios o recambios de válvulas aórticas, intervenciones que con creces superan los 2.800 euros anuales.

Pero en realidad el cerco al turismo sanitario no lo ha iniciado el Gobierno del PP. Básicamente, porque su control requiere de acuerdos a nivel de la Unión Europea. En realidad, la base jurídica para erradicar el turismo sanitario es una directiva comunitaria de junio de 2010. La secretaria de Política Social del PSOE y exministra de Sanidad del anterior Gobierno socialista, Trinidad Jiménez, le recordó el miércoles a Mato que esa directiva europea se aprobó en 2010 "después de ocho años de una negociación muy difícil". Jiménez dijo además que el turismo sanitario era "un problema ya arreglado".

Profesionales sanitarios malagueños discrepan con esta afirmación y aseguran que "el turismo sanitario sigue existiendo". No obstante, admiten que con la nueva directiva, la picaresca es más difícil. Antes de esa norma, el europeo se empadronaba en un ayuntamiento malagueño, a continuación tramitaba su tarjeta sanitaria y la obtenía sin más complicación. Desde junio de 2010, necesita además informar de ese empadronamiento al país en el que cotizó y que éste le reconozca como asegurado; un trámite con el que se pretende atajar el turismo sanitario y del que además se desprenden dos consecuencias: el alemán, el británico o el francés exporta su derecho a asistencia sanitaria a España y a cambio la Administración en la que aportó durante su vida laboral tiene que pagar 2.800 euros anuales a nuestro país por su asistencia. El problema -sea un empadronamiento real o fraudulento para someterse a una operación cara- es que el 80% del gasto sanitario que supone una persona se produce por lo general en los últimos diez años de vida. Y la abrumadora mayoría de los europeos empadronados en la provincia -de verdad o por picaresca- superan los 60 años.

La legislación para poner freno al turismo sanitario ya está en vigor. Es la directiva de junio de 2010 que se aprobó después de que España -que es un país receptor de comunitarios y el que padece el déficit- batallara por su aprobación. Grosso modo, de esa norma se derivan cuatro situaciones: a los europeos que coticen en España se les atiende como a un español más, por los comunitarios empadronados se recibe una compensación fija del país en el que cotizó -los 2.800 euros- y en el caso de turistas asistidos por una urgencia durante su viaje se emite una factura que abona el país en el que cotizó. Pero aquellos europeos que vivan y coticen en otro país y elijan operarse en España deberán tener una autorización previa de su estado, pagar la asistencia de su bolsillo y pedir el reembolso luego a su país.

Esta directiva incorporó dos avances: creó herramientas jurídicas contra el turismo sanitario y sentó las bases para la libre elección de hospital a nivel europeo. Pero algunos profesionales consultados opinaron que pese a que ya existe legislación comunitaria para acorralar al turismo sanitario, la única forma de erradicar esta práctica fraudulenta pasa por facturar toda la asistencia a rajatabla y cumplir con rigor la legislación europea que regula la asistencia transfronteriza. Además, añaden que para acabar con el déficit que acarrean los verdaderos empadronados es imprescindible que se negocie a nivel europeo un incremento de la compensación de 2.800 euros anuales o una restricción de la cartera de servicios para los europeos porque esa cantidad no compensa tener que atender a personas en la última etapa de su vida generarán el 80% de su gasto sanitario.