El caso Astapa se desinfla 17 años después: 31 absueltos y 15 condenados con penas mínimas, entre ellos Barrientos

Málaga/Diecisiete años después de que comenzara la instrucción de Astapa, la macrocausa sobre corrupción política y urbanística en Estepona se ha desinflado con 31 absueltos y 15 condenados a penas mínimas, entre ellos, el que fuera exalcalde de Estepona Antonio Barrientos. En su caso, la Fiscalía pedía inicialmente 10 años y 9 meses de prisión, además una multa de un millón de euros. Finalmente, ha sido suspensión de empleo o cargo público durante cinco meses y siete días, y deberá pagar una multa de 40.000 euros por su responsabilidad en un delito continuado de cohecho pasivo. Así lo ha dado a conocer el Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga este viernes durante la lectura del fallo de la sentencia.

A la mayoría de acusados se les ha impuesto la inhabilitación y multas permutables por penas de prisión. No ha sido el caso, sin embargo, del que fuera líder del Partido Estepona (PES) y ex primer teniente de alcalde en dicha localidad malagueña José Ignacio Crespo de Lucas ni del exedil de Hacienda Manuel Reina, pues ambos han sido condenados a medio año de prisión por delitos continuados de cohecho pasivo. El entonces arquitecto municipal y jefe de planeamiento urbanístico Ignacio de la Hoz Pérez-Pla también ha sido castigado a cinco meses de cárcel por falsedad.

Barrientos: "Esto ha sido una verdadera aberración y atrocidad"

"Ha quedado patente y claro que esto ha sido una verdadera aberración y atrocidad, que el Ayuntamiento siempre actuó en defensa de lo público. No ha habido condenas por prevaricación. No ha habido condenas por malversación. No ha habido un perjuicio para las arcas municipales. Se ha demostrado que eran convenios urbanísticos perfectamente legales que defendían el interés público", ha manifestado el ex regidor socialista Barrientos a la salida de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

Aunque ha anunciado que recurrirá la sentencia, pues ha defendido que su actuación "siempre fue impecable", ha recordado que inicialmente "se habló de desfalco, de organización criminal y me pedían de responsabilidad civil 78 millones de euros". "Me habían condenado al paredón y después de todo alguna colleja me tenían que dar".

Cabe recordar que el juicio del caso Astapa ha durado más de un año y medio desde su arranque el 9 de enero de 2023, por el que han desfilado más de medio centenar de acusados que finalmente han quedado en 37, tras sobreseer la causa el tribunal a dos de ellos y pedir la Fiscalía retirar la acusación para otros nueve.

En el proceso se han investigado presuntas irregularidades cometidas entre los años 2003 y 2008 relacionadas con convenios urbanísticos, financiación de partidos políticos o el enriquecimiento de algunos acusados, entre los que se encuentran el ex regidor de Estepona, otros ex responsables municipales del PSOE y el Partido de Estepona (PES), funcionarios de carrera o empresarios. En el caso se investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación, cohecho, fraude y prevaricación.

La investigación comenzó en el año 2007, cuyo origen las defensas lo vincularon con el ex comisario José Manuel Villarejo; y 16 años después arrancó el juicio prolongándose hasta el final de julio de 2024, cuando quedó visto para sentencia tras celebrarse la sesión en la que se otorgó a los acusados la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra.

La vista oral quedó dividida en 10 bloques debido al volumen de la causa, con un sumario de 55 tomos y 1.500 folios, comenzando el juicio con las cuestiones previas en enero del pasado año, tras las que el tribunal anuló las escuchas telefónicas. Ello generó que no se hayan podido acreditar en el proceso determinadas actuaciones y pagos considerados inicialmente como supuestamente irregulares, según el escrito definitivo de la Fiscalía Anticorrupción.

En el escrito de conclusiones definitivas, dado a conocer en junio, la Fiscalía rebajó las penas de los acusados y pidió la absolución para nueve de ellos, a los que se retiró la acusación. En el documento, el fiscal mantenía la existencia de dilaciones indebidas que entonces consideró “extraordinarias”, por lo que instaba a aplicar esta situación que atenúa la pena como muy cualificada.