El Servicio de Mediación Penal de la Junta de Andalucía se prestará en Málaga tras el verano

El nuevo Servicio de Mediación Penal para Andalucía (Sempa), que la Junta puso en marcha el pasado 1 de mayo en Almería, Huelva, Granada, Jaén y Sevilla, ha atendido en estos dos meses a 373 andaluces que, bien por decisión propia o derivados por los jueces, han buscado una vía alternativa al pleito para la resolución de conflictos, en su mayoría por delitos leves, más del 57% amenazas. Los equipos profesionales han iniciado 189 expedientes y ya han logrado 41 acuerdos mientras el resto de los asuntos continúan tramitándose. El nuevo servicio se extenderá tras el verano a Málaga, Cádiz y Córdoba.

Son algunos de los datos que el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha ofrecido en comisión parlamentaria para destacar el "éxito" de este servicio, público y gratuito, que forma parte de la Estrategia de la Consejería para impulsar la mediación. "Una fórmula poco utilizada hasta ahora y que puede contribuir a aliviar la sobrecarga de los tribunales al reducir la tasa de litigiosidad, que en Andalucía es la segunda más alta de España (156 asuntos por cada mil habitantes en 2023), ocho puntos superiores a la media nacional", ha detallado la Junta en una nota.

El año pasado aumentaron los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones y en concreto en la Penal un 4%. "Los procedimientos penales son los mayoritarios y suponen el 54% de los asuntos que ingresan en los órganos judiciales", ha señalado. Por ello, Nieto ha destacado la apuesta de la Consejería por impulsar esta fórmula más satisfactoria para las partes, porque se basa en el acuerdo entre ambas, ágil y rápida. Prueba de ello es que los acuerdos alcanzados en el SEMPA se han logrado en una media de 30 días, frente a los procedimientos judiciales que se alargan durante meses o años.

De las 373 personas atendidas en el Sempa desde mayo, 185 eran víctimas (de ellas, 107 mujeres, el 57,8%) y 188 victimarios (en este caso se invierte la proporción y el 57% son hombres). La mayoría de los casos fueron delitos leves (163), principalmente amenazas (94), seguidos de lesiones (29), hurto (diez), daños (ocho), agresión (seis), coacciones (cuatro), apropiación indebida (tres), maltrato familiar (dos), estafa (dos), abandono de familia (un caso) y otros (cuatro). También se han derivado 41 casos sobre delitos no leves, de nuevo la mayoría de las amenazas (26), lesiones (6), maltrato familiar (2), abandono de familia (2), daños (2) y otros (3). "Pensábamos que iba a ser difícil que nos derivaran delitos no leves en el primer año y ya nos están llegado", ha valorado el consejero, quien ha recordado que los delitos de violencia de género no pueden ser derivados a mediación por ley. 

De los 41 acuerdos alcanzados en apenas dos meses, 25 se han logrado en el Sempa de Almería que gestiona la entidad Vicfam; nueve en el de Granada y dos en Jaén, ambos dirigidos por los profesionales de Avide y cuatro en Huelva, a cargo de Atenin. En Sevilla, adjudicada a Hacan, hay asuntos en proceso, pero aún no se han cerrado. Para Nieto, son datos "muy esperanzadores y que invitan al optimismo" que llevan a la Consejería a apostar por extender la mediación a otros ámbitos, principalmente el orden civil y mercantil con las Cámaras de Comercio como aliadas, dada su experiencia en mediación y arbitraje empresarial. Para ello, en colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, se están desarrollando una serie de jornadas para difundir esta vía entre los empresarios, Impulmed. Ya se han celebrado foros en Sevilla y Almería.

Desde hace años, el Sistema de Justicia Juvenil también cuenta con un servicio de mediación, con muy buenos resultados gracias a la implicación de los jueces y fiscales de menores. En 2023 se celebraron 2.276 mediaciones y el 80% acabaron en acuerdo. Nieto ha detallado que desde 2020 se han incrementado en un 58% las mediaciones con menores infractores. Nieto ha recordado que, además, Andalucía ha sido pionera al incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita. Así, desde el 1 de enero, los andaluces pueden solicitar un abogado de oficio también para acudir a este tipo de procesos y la orden que regula las retribuciones de estos profesionales remunera con hasta 400 euros a los letrados que logren cerrar el asunto con acuerdo. La Consejería también está elaborando un Registro andaluz de mediadores para que los ciudadanos puedan contar con un listado de profesionales especializados y se creará un Consejo Andaluz de Mediación.