El 40% del suelo de uso público de la zona este pertenece al mismo dueño

El último paso dado por la Gerencia de Urbanismo, a través de la delimitación de las zonas de tanteo y retracto, para evitar que se especule con los suelos previstos en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para albergar futuras dotaciones de la ciudad, bien como zonas verdes bien como equipamientos bien como viarios, está poniendo sobre la mesa algunos casos muy llamativos de promotores o empresas que a lo largo de los últimos años han acaparado grandes bolsas de terrenos de esta índole. Muchos de ellos, con la esperanza de ser expropiados por el Consistorio a cambio de una buena suma de dinero. Un fenómeno que demuestra que todos los suelos son buenos en esto del urbanismo.

Uno de los ejemplos más destacados se visualiza en la zona Litoral Este, sobre la que el Consejo de Urbanismo aprobó hace más de un mes justamente una zona de tanteo y retracto, que da derecho al Consistorio a adquirir esas parcelas de acuerdo con el valor de mercado. En este espacio, según los datos incluidos en el expediente tramitado, el ya fallecido industrial de origen sefardí Joseph Capeluto Jacques aparece como titular catastral de hasta siete parcelas, todas ellas en la zona de Monte Sancha y en las cercanías del Monte Gibralfaro, representando casi 80.000 metros cuadrados.

A ellas se suman otras seis parcelas propiedad de tres promotoras vinculadas a este empresario, Capel Sur, Capel Faro e Inmobiliaria Zona Universitaria S. L., que suponen otros 70.000 metros cuadrados. Al parecer, este empresario adquirió buena parte de los suelos localizados en Monte Sancha en los años 60. La suma total equivale a unos 150.000 metros cuadrados de sistemas locales, lo que representa el 40% de los casi 372.000 metros sobre los que el Ayuntamiento quiere tener derecho en esta parte de la ciudad.

Desde la Gerencia de Urbanismo se eludió hacer manifestaciones acerca de la acumulación de terrenos en las mismas manos y aunque no es posible determinar el interés especulativo que puedan tener los dueños de estos terrenos, experiencias ocurridas en los últimos años ponen de relieve el comportamiento de alguna de estas constructoras. En este sentido, hay que destacar que Capel Sur y el Ayuntamiento mantienen un contencioso judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) debido al desacuerdo existente sobre el precio que el Consistorio tiene que abonar para expropiarle una pastilla calificada como verde de casi 14.000 metros en el entorno del Monte Gibralfaro y por la que la firma exige unos 4 millones de euros.

Esta es una de las seis zonas de tanteo y retracto (Bahía de Málaga, Puerto de la Torre, Teatinos, Litoral Oeste, Litoral Este y Campanillas) que hasta el momento ha fijado el Ayuntamiento en el nuevo documento de planeamiento, aunque la intención es hacerlo en diez puntos del término municipal. En Litoral Este la medida afecta a un total de 89 fincas, sobre las que, de acuerdo con la iniciativa, Urbanismo podrá actuar "cuando se produzcan transmisiones patrimoniales de terrenos destinados a dotaciones públicas". "Si el precio es adecuado y se entiende que de acuerdo al programa de actuación del PGOU es conveniente, el Ayuntamiento podrá adquirirlos por dicho precio -que se supone es el de mercado- evitándose complejos expedientes expropiatorios posteriores con pretensiones especulativas del nuevo propietario", señala el expediente.

No obstante, la iniciativa se produjo justo después de que el Consistorio haya sufrido en carne propia las evidentes desventajas que está suponiendo para la ciudad algunas enajenaciones de este tipo de suelos, caso de los situados en el entorno del Monte Gibralfaro o Camino Nuevo. En algunos casos, según han admitido los propios responsables municipales, los dueños han demandado un precio hasta diez veces por encima del valor del mismo.

Pero la delimitación de zonas de tanteo y retracto, que ahora desarrolla el Ayuntamiento, no es, en absoluto, una herramienta novedosa en el ordenamiento urbanístico. De hecho, ya se contempla esta posible intervención, "para combatir actuaciones especulativas", en la Ley de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del suelo (8/1990) y se "potencia" en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entró en vigor en 2003. En ella, se justifica la iniciativa "en la necesidad de intervenir en el mercado del suelo para regular los precios del suelo", según recoge la información municipal.