El Supremo avala que los vecinos prohíban los nuevos pisos turísticos por mayoría de tres quintos: Málaga tiene ya casi 40.000

El Tribunal Supremo ha dado su aval para que los vecinos puedan prohibir los pisos turísticos en sus bloques, con una mayoría de tres quintos en las reuniones de las juntas de propietarios, descartando que deba acordarse por unanimidad, como se venía interpretando hasta ahora por la mayoría de las audiencias provinciales.

Así se recoge en dos sentencias dictadas por el pleno de la Sala de lo Civil del Supremo, fechadas el pasado 25 de septiembre. Es la primera vez que la Sala se pronuncia sobre la interpretación y aplicación del artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), introducido por un real decreto de 2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Dicho precepto establece que "el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad (...) requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación".

Estas dos sentencias resuelven la controversia entre las audiencias provinciales, evidenciada en los dos asuntos sobre los que ahora falla el Tribunal Supremo y que resolvieron en sentido opuesto, sobre si la prohibición de los alquileres turísticos debe acordarse por esa mayoría cualificada o por unanimidad. Eso sí, hay que precisar que esto no tendrá caracter retroactivo, es decir, la potestad que se otorga a los vecinos es para prohibir los nuevos pisos turísticos, no los que ya existen.

La Sala Primera parte de su jurisprudencia en la que declara lícita la prohibición estatutaria de alquiler de viviendas para uso turístico, al tiempo que recuerda que la prohibición de uso de los elementos privativos en el régimen de la propiedad horizontal es legítima y conforme con la Constitución. A continuación, el Supremo interpreta la expresión "limite o condicione" que contiene el artículo 17.12 LPH rechazando que se trate de un supuesto de interpretación de una norma estatutaria bajo condicionantes restrictivos.

Así, concluye que, atendiendo al criterio gramatical, semántico y a su literalidad, el término "limitar" no excluye la prohibición. "Esa conclusión se ve confirmada atendiendo al criterio teleológico, el espíritu y finalidad del RDL 7/2019, que se expresa en su preámbulo que justifica la adopción de medidas urgentes en las dificultades de acceso a la vivienda de alquiler por el incremento de las rentas debido, entre otros factores, al fenómeno creciente del alquiler turístico", indica la Sala Primera en una nota de prensa.

Los magistrados consideran, además, que "la atribución de esta facultad de prohibición con la mayoría reforzada es una medida proporcionada a los intereses en conflicto". Como razonamiento adicional la Sala de lo Civil señala que, de no admitirse esta doble mayoría de tres quintos, bastaría el voto en contra del propietario del piso en el que se pretende ejercer la actividad para impedir la adopción del acuerdo.

Málaga ya tiene 40.000 pisos turísticos

Málaga no solo es la provincia andaluza con más alojamientos de este tipo, sino que también es la provincia a nivel nacional con más viviendas destinadas a este fin, por lo que es una de las más interesadas en la norma. En el caso de la capital, los vecinos, especialmente los del Centro, llevan años batallando contra la proliferación de viviendas de alquiler vacacional en sus bloques. La provincia es una de los territorios del país donde el número de estos pisos turísticos más se ha incrementado en los últimos años.

Aunque las cifras no son claras, el verano pasado había censadas en la provincia malagueña cerca de 40.000 de estos alojamientos. Solo en la capital hay casi 12.000, según el registro de la Junta de Andalucía -aunque el Ayuntamiento rebaja la cifra a unas 7.000 u 8.000, al entender que no todas están activas-.

A a principios de junio el Ayuntamiento de Málaga capital anunció que obligaría a tener una entrada independiente a estas viviendas registradas después del 22 de febrero, y a pesar de ello las solicitudes para recibir la autorización no han cesado de crecer. Un mes después, el Gobierno andaluz comunicó que había dado de baja un total de 435 licencias en Málaga por incumplir los planes generales y "otras normativas". Desde que se aprobó esa norma, el Consistorio ha pedido a la Junta que deje caer unas 1.500 viviendas turísticas precisamente por no disponer de entrada independiente.