El fondo que surte a la asociación de la Palmilla detecta "irregularidades"

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que a través de Cruz Roja y el Banco de Alimentos de la Costa del Sol (Bancosol) proporciona de forma gratuita alimentos a unas 9.000 asociaciones, ha detectado "irregularidades" en el reparto de comida que una de ellas, la de Palma-Palmilla, lleva a cabo entre los vecinos. La entidad podría estar cobrando a los desfavorecidos por acceder a las entregas de alimentos, como ya ha denunciado uno de los afectados y publicó ayer Málaga Hoy.

La investigación que han iniciado varios inspectores podría derivar en la apertura de un procedimiento para dar de baja a la asociación de la red de distribución del FEGA. Desde ese momento, el responsable de la misma dispondría de un plazo determinado para presentar alegaciones y, en caso de que no justifique las irregularidades cometidas, le supondría no volver a beneficiarse de estas ayudas. "Velamos por el correcto funcionamiento del plan y, cuando detectamos alguna irregularidad, iniciamos un procedimiento para regularizar esa situación, que pasa por que la entidad [beneficiaria] no vuelva a participar en las fases de distribución", precisaron desde el Fondo Español de Garantía Agraria.

Las actuaciones se enmarcan en el plan de control que el FEGA impulsa a través del área de Agricultura de las subdelegaciones del Gobierno que operan en cada provincia. En este sentido, se realiza, además, otro tipo de inspección dirigida a aquellos casos en que hay sospechas de que la asociación que recibe los alimentos incumple la normativa, como cobrar por su distribución, que siempre debe ser gratuita.

En lo que se refiere al colectivo de la Palmilla que ha sido denunciado, las indagaciones no están resultando fáciles. Los inspectores del área funcional están teniendo, según pudo saber este periódico, dificultades al realizar los controles "por su propia integridad física", teniendo en cuenta que la sede está situada en una "zona conflictiva".

Manuel Rosas fue el vecino que elevó una queja formal al Ayuntamiento de Málaga y al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para denunciar que el presidente de una asociación de vecinos que cuenta con dependencias municipales exige a los residentes un ingreso de 5,20 euros para así acceder al reparto de comida.

Consciente de que la entidad se surte de productos procedentes del Fondo Español de Garantía Agraria, lo que prohíbe su venta, Manuel decidió recoger firmas de algunos de los vecinos que habían tenido que pagar para beneficiarse de la ayuda alimentaria.

Por su parte, el portavoz de la asociación explicó que los socios pagan una cuota mensual de 1 euro. "Es algo simbólico. Nuestra norma es que cada cinco meses se haga un ingreso de 5 euros en una cuenta bancaria, pero no son más de 200 personas las que lo hacen", detalló el responsable, quien aseguró que "a nadie se le niegan los alimentos" si no pueden pagar esta cantidad.

Asimismo, reconoció que, en caso de que los usuarios que participan en el programa no acudan a la recogida, "se les da de baja". "Empezamos dando comida a 160 familias y ahora a 100. Esas 60 no han venido a recogerla porque no les hace falta", opinó el portavoz, quien exige, para acceder al reparto, documentación que acredite que lo necesita.