Suspendido el juicio por tráfico de armas con dos ex altos mandos de la Guardia Civil de Málaga acusados

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha suspendido este lunes el juicio contra los siete integrantes de la supuesta trama dedicada a introducir en el mercado negro armas destinadas a la inutilización o el achatarramiento, entre ellos, dos ex altos mandos de la Guardia Civil tras plantear las defensas cuestiones previas que podrían afectar a la nulidad de la prueba. La Sala ha considerado que los puntos expuestos "son de enjundia" y requieren un estudio "sosegado y calmado".

Los abogados de los procesados, que se enfrentan a una petición fiscal de 14 años de cárcel, han expuesto que, tras revisar el procedimiento, han observado la ausencia de los autos habilitantes de las intervenciones telefónicas y de las entradas y registros de los diferentes domicilios. "No podemos saber cuál ha sido el control oficial".

Asimismo, los letrados han considerado que el delito de falsificación de documento oficial del que se les acusa a todos los investigados ha prescrito, pues desde el último certificado hasta la apertura de la investigación han transcurrido 13 años. A esto último, el Ministerio Público se ha opuesto al considerar que no prescribe al entrar en tráfico judicial y continuar teniendo validez en los sucesos relacionados con la presunta trama que se han ido denunciando.

De esta Manera, la Fiscalía en sus conclusiones provisionales -a las que ha tenido acceso este periódico- que, desde el año 1998, los acusados formaban parte de una estructura criminal dedicada al tráfico de armas. Los cabecillas supuestamente se valieron de su situación profesional y los puestos que ocupaban en el Instituto Armado para introducir en el mercado negro un número indeterminado de armas de fuego "en perfecta disposición de uso".

El excapitán y jefe de la IAE (unidad donde se depositan todas las armas incautadas por los Cuerpos de Seguridad de la provincia, incluidos la Policía Local y la Policía Nacional, además de las halladas por los ciudadanos) en la Comandancia de Málaga hasta 2008 supuestamente desviaba armas de los lotes destinados a achatarramiento para grabarlas por segunda vez como si estuvieran inhabilitadas cuando, por el contrario, se encontraban en perfecto estado de uso.

La Fiscalía sostiene que el acusado tenía "plena capacidad" para certificar la inutilización como el achatarramiento de cuantas armas quisiera, así como de gestionar la documentación y el sistema que ampara la legalidad de un arma de fuego. Así, considera que el exmando "hacía un supuesto uso ilegal del mismo" devolviéndola a un estado óptimo de funcionamiento e inscribiéndola como inútil o achatarrada.

Pero, para llevar a cabo su plan, no actuaría solo, sino que se valía, al menos, de otras seis personas, entre ellos, el jefe del Servicio de Armamentos y Equipamiento policial de la Guardia Civil de Málaga desde el 6 de noviembre de 1987 hasta el 27 de junio de 2013. El Ministerio Público señala que era la persona encargada de "inutilizar las armas" incautadas que posteriormente el exjefe de la IAE certificaba como tal pese a que continuasen intactas o que su rehabilitación para hacer fuego real de nuevo fuese "realmente sencilla".

A continuación, las armas se llevaban a una empresa de reciclados y residuos, que administraba el dueño de una armería y estaba dedicada al comercio al por mayor de chatarra y reciclaje. Este era el lugar donde supuestamente se procedía al achatarramiento de dichas armas, cuyo control "era inexistente y no se registraba posteriormente documento justificativo de la real destrucción". En lugar de destruirse, la Fiscalía defiende que se ponían a disposición de terceros, quienes se encargaban de distribuirlas por distintos puntos de la geografía nacional e internacional.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil entre 1997 y 2005 -algunas de ellas, junto con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)- a raíz de solicitudes judiciales o tras la aparición de nuevos hechos, permitieron no solo conocer el rol que cada uno de los integrantes de la trama desempeñaba sino "la multitud de armas introducidas en el mercado negro".

A principios del 2014, el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid detectó varias ofertas de compraventa de armas de fuego inutilizadas a través de portales de Internet, de las que se sospechaba que habían sido rehabilitadas. Las indagaciones permitieron identificar al autor de dichos anuncios y la persona encargada de que pudiesen volver a disparar. El 26 de marzo de ese año, en el marco de la conocida como operación Bulldog, fue detenido un policía local de Málaga y se le intervinieron 64 armas de diferentes calibres. Todas ellas habían sido depositadas en la IAE de Málaga. De 56 armas cortas, siete fueron incautadas, pues, a pesar de estar certificadas como inutilizadas por el entonces jefe de Intervención de Armas y Explosivos, se encontraban en perfecto estado de funcionamiento.

Un ciudadano se suicida en Torremolinos con un arma que constaba como destruida

El 31 de agosto de 2017 un ciudadano estonio se suicidó en Torremolinos. El arma que empleó para quitarse la vida constaba en su acta como destruida desde 2002, pero en el Sistema de Gestión de Armas y Explosivos (SGAE) figuraba como “inutilizada” desde 2005 por un certificado emitido por el exjefe de la IAE, y estaba a nombre de la pareja de este. Además, coincide con la que, un año antes, la hija del excapitán denunció -en representación de la pareja de su padre- en el Puesto de la Guardia Civil de Casabermeja como sustraída de su vivienda en Casabermeja.

Y es que el 1 de febrero de 2016, la IAE de la Comandancia de Málaga notificó a la mujer del presunto cabecilla de la trama que presentase en el plazo de diez días a inspección física las 25 armas no aptas para el disparo (24 cortas y una escopeta) que figuraban a su nombre.

La mujer hizo caso omiso al requerimiento de la IAE, según el atestado instruido por el SAI -que avanzó este periódico- y, un mes después, con el excapitán ya en el ojo del huracán, su hija alertó de un supuesto robo de 12 armas inutilizadas que guardaban en su residencia eventual. Se cree que esa fue la forma que ideó el exjefe de la IAE para eludir el problema que tenía con las estas armas, que ya habría comercializado.

Dadas las sospechas de existir más armas ilegales en las propiedades de cada uno de los acusados, se procedió a efectuar entradas y registros en los domicilios de cada uno de ellos el 13 de julio de 2018, interviniéndose cerca de una veintena de armas cortas y largas -entre ellas, una de las denunciadas por robo-, cartuchos, munición de guerra y numerosa documentación con certificados de inutilización de armas.

Es por ello que la Fiscalía considera que los acusados son responsables en concepto de autores de los delitos de tenencia ilícita de armas de fuego prohibidas, por el que solicita una pena de tres años de prisión; de depósito de municiones de guerra, por el que pide nueve años de cárcel; de pertenencia a organización criminal, dos años de prisión, y de falsificación de documento oficial por autoridad pública, 12 meses de multa a razón de una cuota diaria de 20 euros. Además, acusa a la hija del supuesto cabecilla de un delito de simulación, por el que solicita otros doce meses de multa a razón de 20 euros diarios.