El técnico que destapó Malaya dice que el GIL creó un caos a medida en Marbella

El funcionario que puso al juez Miguel Ángel Torres tras el caso Malaya en octubre de 2005, cuando que le contó cómo funcionaba el urbanismo en Marbella, explicó ayer en el juicio que el GIL provocó un caos normativo para que, de hecho, no hubiera normas claras y cualquier proyecto pudiera tener cabida. El jefe de los servicios jurídicos del área de Urbanismo, Jorge González, relató que en una misma comisión de gobierno se expedían licencias con cargo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, para a continuación autorizar otras al amparo de la revisión del PGOU que trataba de llevar a cabo Jesús Gil y que nunca salió adelante. Y si no tenían encaje en ninguno de los dos documentos, se aprobaban simplemente con un carta favorable del equipo encargado de elaborar el nuevo planeamiento. El propósito era conceder las licencias "lo más arbitrariamente posible", sin criterios preestablecidos, en una atmósfera de ausencia total de ley o "anomia".

A medida que la anarquía se instalaba en el Ayuntamiento, el GIL desmantelaba y vaciaba de contenido los servicios jurídicos que, formalmente, tenía encomendado velar por el orden urbanístico. Jorge González precisó que su departamento llegó a tener cuatro abogados. Dos fueron despedidos y otro trasladado, de modo que al final solo quedó él.

Al tiempo, las funciones propias de su área fueron "traspasadas a personal externo" contratado para que hicieran los informes urbanísticos ad hoc que necesitaba el equipo de gobierno para dar vía libre a las licencias de obras. Las defensas quisieron hacer ver que la confusión normativa que implantó el GIL pudo conducir a promotores de buena fe a actuaciones erróneas. En este punto, el técnico municipal recalcó que no podría precisar si en Marbella existía o no seguridad jurídica "pero sí había seguridad sobre cómo se obtenían las licencias", en una alusión velada a supuestos trapicheos.

Los permisos de edificación que presumiblemente se concedían arbitrariamente daban lugar a obras que nunca se paralizaban. El jefe de los servicios jurídicos de urbanismo subrayó que "aunque parezca raro o pintoresco" sólo se paralizaban las obras ilegales pequeñas, nunca "las más groseras". Jorge González indicó que sí se produjeron órdenes para suspender proyectos irrelevantes como viviendas unifamiliares, mientras que "las obras de gran entidad eran imposibles" de detener. "De hecho se precintaron muy pocas".

El poder de Juan Antonio Roca en el Ayuntamiento, de acuerdo con la declaración de Jorge González, queda recogido en las "órdenes expresas" que dio a los funcionarios para que le consultaran con antelación "todas las órdenes de paralización de obras". De esta forma se entendería que se dictaran decenas de autos judiciales ordenando precintar edificaciones que nunca se ejecutaron. Además, González indicó que el área de disciplina urbanística, que es precisamente la que se encarga de perseguir las construcciones ilegales, era de facto controlada por el presunto cerebro del caso Malaya.

Jorge González, no obstante, recalcó que nunca vio con sus ojos que se cometiera ningún delito en el Ayuntamiento de Marbella ni ningún otro funcionario le puso al tanto de que hubiera presenciado hechos de trascedencia penal. Pero aunque no tenga "pruebas" afirmó que sí tiene la "convicción moral" de que lo que ocurría de puertas adentro del Ayuntamiento de Marbella estaba fuera de la ley. La declaración del testigo más esperado del caso Malaya, por haber sido una declaración judicial suya la que desató la investigación en torno a la supuesta trama de corrupción urbanística y política de Marbella, apenas si se extendió una hora y cuarto. De hecho, la defensa de Juan Antonio Roca declinó en su turno de preguntas interrogar al funcionario que en esta fase del caso Malaya había sido propuesto por el Ayuntamiento de Marbella y la Junta.