El 15-M pide tiempo para acreditar que Bouziane corre peligro

El subdelegado se compromete a intentar evitar la deportación, según el movimiento

Redacción / Málaga

12 de agosto 2011 - 01:00

Más tiempo para Sid Hamed Bouziane. Esta fue la petición que el Movimiento 15-M y la Coordinadora de Inmigrantes realizaron ayer al subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, durante una reunión. Ambos órganos solicitaron una prórroga de la suspensión de la orden de expulsión del ciudadano argelino, que se encuentra desde hace 22 días en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Capuchinos de Málaga. El objetivo es tener más tiempo para poder recabar la documentación que acredite la situación de esta persona "amenazada de muerte" en su país.

Según explican desde el movimiento, López Luna se comprometió a ponerse en contacto con la Subdirección General de Asilo para que prorrogue dicha suspensión. Si Bouziane fuese deportado finalmente, el colectivo asegura que "será asesinado" bien por el Gobierno o por grupos terroristas, al igual que ya sucedió con tres de sus hermanos. Añaden que un cuarto hermano del argelino se encuentra desaparecido desde hace "unos 15 años".

Para reivindicar la puesta en libertad de este ciudadano argelino, de 28 años, un representante del colectivo se desplazará hoy hasta Madrid, a la Subdirección General de Asilo. "Agotaremos todas las vías necesarias. Si fuese necesario como última medida hasta cogeríamos un vuelo a Argelia para recabar los documentos necesarios", señalan desde el 15-M.

Los indignados también han solicitado un permiso de residencia excepcional por motivos humanitarios para Bouziane, puntualizando que su resolución es competencia del subdelegado, quien dijo durante la reunión que hará "todo lo que sea necesario" para que se quede en España, "pero por los establecimientos que establece la ley", aseguraron desde el colectivo.

Además de la reunión mantenida con el subdelegado del Gobierno, el movimiento 15-M convocó a las 20:00 de ayer una concentración a las puertas de los CIE de todo el país para reivindicar el cierre inmediato de lugares como estos donde "se han cometido numerosas irregularidades y se han vulnerado los derechos más básicos de los seres humanos", concluyeron.

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