Así funciona el tráfico de móviles en prisión: hasta 300 euros por un teléfono que 'cuelan' los familiares

Una mujer se introduce en su vagina un móvil del tamaño de un mechero y, después, se lo entrega a un recluso durante una comunicación íntima –o vis a vis–. El escaso índice de metal que contienen estos teléfonos en miniatura evita que se activen los sensores de los controles de acceso a las cárceles. Ahora es el interno el que esconde el terminal en su ano, envuelto en un preservativo. Al acabar la visita, lo pone a buen recaudo. Casi cualquier hueco es válido: el mocho de una fregona, las patas de hierro de una litera, la carcasa de un ventilador y hasta un tubo de pasta de dientes.

Ni tiene WhatsApp ni posibilidad de grabar imágenes. El diminuto teléfono solo cuenta con dos teclas para colgar y descolgar, suficientes para que un narco conecte con el exterior o un maltratador siga acosando a su ex pareja a distancia. Los avances tecnológicos han hecho proliferar estos dispositivos, que continúan siendo el tesoro más valioso entre rejas. O uno de ellos. Solo la perspicacia de los funcionarios de prisiones los saca a la luz.

Su uso, reconocen, es habitual tras los muros de una prisión que, en el caso de la de Alhaurín de la Torre, carece de inhibidores de frecuencia punteros que permitan anular su operatividad total en todas las instalaciones. “Aunque estos teléfonos no funcionan en la mayoría de las dependencias, hay muchísimas zonas con cobertura. Y los reclusos se las saben todas”, reconoce un trabajador penitenciario.

Los móviles más pequeños del mercado pueden adquirirse por menos de 20 euros en cualquier portal de anuncios. Pero en los centros penitenciarios su precio es, como poco, diez veces superior. Los internos pueden llegar a pagar hasta 300 euros por uno, el doble si se trata de un Smartphone. La estrella de la corona son los antiguos Iphone, que se disparan hasta los 1.000 euros. Así funciona el tráfico de móviles en las cárceles malagueñas, una pandemia difícil todavía de erradicar.

Según los datos aportados por Instituciones Penitenciarias, en la provincia de Málaga fueron requisados solo en 2019 un total de 179 dispositivos en la prisión de Alhaurín de la Torre. En 2018, la cifra ascendía a 227. En Archidona, con apenas 300 reclusos, los trabajadores decomisaron 14 terminales, 11 más que el año anterior.

Uno de los casos tuvo como protagonista a un narcotraficante al que un juez había intervenido todas las llamadas y, pese a ello, se comunicaba con un preso a las 11 de la noche. “A partir de las 20:00 ya están todos los internos en sus celdas. ¿Cómo podía estar una persona privada de libertad hablando por teléfono? Se deducía que tenía un terminal clandestino en la prisión”, recuerda un funcionario.

2.580 teléfonos incautados en todas las prisiones de España

Si bien es cierto que los teléfonos “son cada vez más pequeños y difíciles de detectar”, desde Instituciones Penitenciarias remachan que los funcionarios hacen “todo lo que está en sus manos desde el punto de vista legal” para atajar su manejo en las cárceles. En el conjunto nacional –a excepción de Cataluña, que tiene las competencias transferidas– se requisaron 2.580 móviles durante 2019 frente a los 1.858 del ejercicio anterior. Por provincias despunta Algeciras, con 138 incautaciones el año pasado y 192 en 2018. En Sevilla fueron 72 en ambos casos.

Los reos tienen permitidas un total de 10 llamadas de 80 minutos a la semana, que están controladas. Solo pueden comunicarse con 10 teléfonos autorizados y deben justificar la relación que tienen con el titular de la línea a través de un contrato de la compañía telefónica a nombre de esa persona junto con el DNI. “Esto es relativo porque puede haber un desvío de llamadas o poner el móvil de su mujer, que a su vez está con un socio del narco. El que hace la ley, hace la trampa, pero al menos se establece un control y no se lo ponemos tan fácil”, apostilla otro funcionario consultado.

Los internos temen poco al castigo. Pese al problema de seguridad que implica, la tenencia de un teléfono entre rejas está considerada en el régimen disciplinario de prisiones como una infracción grave –y no muy grave– que acarrea como sanción la privación de paseos y actos recreativos comunes hasta 30 días. En ningún caso conlleva una medida de aislamiento. Si fuera así, admiten varios trabajadores penitenciarios, “todo sería distinto”. “Muchos culeros no meterían móviles para los cabecillas –conocidos como los Kie, los líderes del módulo–. El Real decreto que regula las infracciones es de hace 39 años”, se lamentan.

Desde la asociación Tu Abandono Me Puede Matar aseveran que la instalación de arcos detectores de metales 3D, como los de los aeropuertos, que sí descubren objetos introducidos en zonas íntimas, obstaculizaría la entrada de móviles en las cárceles. El colectivo denuncia la escasa eficacia de los inhibidores en las prisiones más antiguas, caso de Alhaurín de la Torre. Por su parte, la administración sostiene que son varias las quejas de ciudadanos por el uso de estos aparatos al interferir en los sistema de comunicación de las empresas, ya que abarcan un radio de acción que va más allá de las cárceles, próximas, en algunos casos, a viviendas y gasolineras.

Celdas de observación para expulsar la droga

También los cacheos con desnudo integral a los familiares antes de los vis a vis eliminaría, según los funcionarios, el tráfico de móviles. “Se acabaría de una forma fácil pero la administración dice que no hay amparo legal y que, además, no es prioritario”, denuncian trabajadores pertenecientes a Tu Abandono Me Puede Matar, que ya cuenta con casi 4.000 afiliados. A este respecto, Instituciones Penitenciarias argumenta que hacer una radiografía a un preso exige una autorización judicial. En el caso de las drogas, las cárceles tienen habilitadas celdas de observación para que los internos, de manera voluntaria, expulsen la sustancia que portan en su organismo. Si se niegan, son trasladados a un hospital dado el riesgo que corre su vida.

La administración arguye que lucha “constantemente para evitar que entre droga en prisión” y recuerda la campaña que lanzó en diciembre bajo el lema “Si pasas droga en prisión tu próxima visita podría ser en el cementerio”. El año pasado, la secretaría general creó la primera unidad canina propia, con perros en cárceles para detectar sustancias estupefacientes. Hasta ahora, eran los perros de la Guardia Civil y la Policía Nacional los encargados de controlar que las visitas intentaran introducir droga en los centros. “Tenemos mecanismos, pero la administración reclama la colaboración de todos los colectivos. Nuestro principal problema es la droga que entra desde fuera”, resaltan.