Una treintena de familias malagueñas ya investigan si han tenido 'bebés robados'

Las sospechas sobre supuestos casos de bebés robados en la época franquista comienzan a multiplicarse en la provincia. En estos momentos ya hay una treintena de familias malagueñas que se han puesto en contacto, telefónicamente o por correo electrónico, con algunas de las personas que ya han denunciado un posible caso ante la Fiscalía de Málaga para pedir información sobre el proceso, ver qué pasos hay que seguir y dónde buscar los datos necesarios.

La Fiscalía de Málaga ya tiene cuatro denuncias presentadas oficialmente por el presunto robo de bebés entre los años 50 y 70 en hospitales de la provincia, principalmente el Hospital Civil. La historia de fondo de todas las denuncias es similar. Una mujer, normalmente muy joven y con escasos recursos económicos y familiares, da a luz en el hospital, pero no le dan el bebé. Minutos después, la matrona u otro auxiliar le comunica que el retoño ha muerto y que no puede ver el cadáver con distintas justificaciones, ni enterrarlo porque de eso se encargará el personal del centro sanitario. Estas familias sospechan que esos bebés no murieron realmente sino que fueron vendidos a familias adineradas vinculadas al régimen franquista con el consentimiento de parte del personal médico y la implicación de trabajadores de las funerarias y los propios padres adoptivos, entre otros.

El caso de los bebés robados se ha extendido por toda España hasta el punto de que en noviembre de 2009 se constituyó la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). Esta asociación reclamó ayer a la Fiscalía General del Estado, tal y como adelantó este diario el pasado domingo, que abra una investigación para identificar a los responsables de esta trama. "Necesitamos que se abra una investigación con un criterio unificado en todas las fiscalías", aseguró el abogado de la asociación Enrique Vila Torres, quien entregó en la sede de la Fiscalía General documentación sobre 261 casos de afectados de todas las comunidades autónomas, muchos de ellos andaluces.

Junto al escrito en el que demandan la actuación del fiscal, la asociación entregó partidas de nacimiento falsificadas, pruebas de ADN de algunos afectados, declaraciones de padres que compraron a sus hijos y testimonios de enfermeras o enterradores que narran las irregularidades denunciadas.

"Entiendo que existía una red organizada que tenía capacidad económica, entre los captadores, los intermediarios de padres y las clínicas donde se facilitaban esos niños; evidentemente existía interconexión porque nunca los hijos robados acaban inscritos en las mismas ciudades en los que se robaban o nunca los padres eran de las misma ciudad donde se compraban", indicó el letrado.