El TSJA admite a trámite una denuncia de los vecinos de Churriana contra el centro de menores

El Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) que la Junta de Andalucía abrirá en Churriana “la semana que viene” afrontará una batalla judicial. Y no será la de uno de los jóvenes a los que un juez decrete privación de libertad. El Tribunal Superior de Justicia Andaluz (TSJA) ha admitido a trámite una denuncia de los vecinos de El Olivar, urbanización donde se implantará.

Desde la Consejería de Justicia indicaron a este periódico el lunes que las obras se han dado por finalizadas y que Meridianos, la empresa adjudicataria del mismo, ha presentado el informe de que cumple con todos los requisitos legales. Con esto, afirman, que "todo está en regla" y como afirmó el titular de la cartera, José Antonio Nieto, hace una semana, los primeros menores no tardarán en llegar.

De esta manera, ya se ha formalizado el contrato con la empresa. Cabe recordar que el contrato del CIMI se ha adjudicado a la Asociación para el Desarrollo y la Integración Social Meridianos por cuatro años y 21 millones de euros. El mismo se ubicará en una antigua residencia de monjas.

Los vecinos de El Olivar y otras urbanizaciones colindantes de Churriana han recibido “con estupor e indignación” la noticia, publicada por este periódico, de que este lunes se formalizó el contrato entre la Junta de Andalucía y la empresa Meridianos.

El recurso administrativo aceptado a trámite ahora por el TSJA tiene relación con la adjudicación del mismo por parte de la administración autonómica. Desde hace semanas, las comunidades afectadas han presentado por registro oficial numerosos escritos denunciando “graves incumplimientos técnicos, legales y urbanísticos”.

Entre las carencias que señalan los vecinos del futuro CIMI están "la ausencia de un informe favorable de bomberos o de un vallado completo y homologado", denuncian que "las instalaciones interiores no están legalizadas, que faltan espacios deportivos mínimos, que el edificio está fuera de ordenanza tras la ampliación de superficies" y señalan que las mismas han sido denunciadas ante el Ayuntamiento de Málaga, la Delegación de Justicia y la Dirección General de Justicia Juvenil.

El vecindario denuncia que este contrato se ha formalizado con pleno conocimiento de todos estos defectos e irregularidades, lo que pone en cuestión su legalidad, viabilidad técnica y sostenibilidad futura. Exigen la paralización inmediata del procedimiento, la revisión en profundidad del cumplimiento normativo del edificio y el replanteamiento completo de la ubicación del centro, “desde la legalidad, la transparencia y el respeto a la convivencia vecinal”.

Fuentes de la Consejería indican que se han reunido dos veces (tres si cuentan la del pasado domingo) con los vecinos para explicar en qué consiste un CIMI y precisan que no es el único centro de este tipo en un casco urbano en Andalucía, están los de La Jara, en Sevilla, o El Molino, en Almería, "que llevan años funcionando sin problema". También se reunieron el viernes anterior con Junta, Ayuntamiento y empresa, sin que ninguna de las partes modificase las posturas que traían.

Ante la inquietud vecinal, ofrecieron detalles sobre el sistema de justicia juvenil y quieren tranquilizarlos porque se trata de menores que cometieron delitos, pero que están privados de libertad y no saldrán a las calles del barrio, salvo por motivos sanitarios, en cuyo caso lo harían acompañados y con seguridad del centro. Lo cierto es que el pliego de condiciones detalla que los menores podrán estar régimen cerrado, pero también habrá otros lo tendrán semiabierto, abierto o con permisos de fin de semana. Desde la Junta indican que los menores en ningún caso saldrán sin compañía de un tutor legal del centro.