Usuarios de Muface de Málaga: “Más que mi operación, me preocupa perder la pediatra de mis niños”

Los funcionarios que están en Muface viven estos días con angustia y preocupación. Por ellos y por sus familiares a cargo. La continuidad de su cobertura sanitaria está en el aire después de que las tres aseguradoras que prestaban la asistencia –Adeslas, Asisa y DKV– renunciaran a presentarse al concierto, dejando desierta la licitación. Entre beneficiarios titulares y personas a su cargo, en la provincia hay 59.233 usuarios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

No ocultan su temor por el impacto que un cambio podría suponer en sus tratamientos, pruebas diagnósticas o procesos quirúrgicos pendientes. Ni tampoco por la posibilidad de pasar a la sanidad pública “ya de por sí colapsada”. El actual concierto caduca el 31 de diciembre próximo, aunque se prorroga hasta finales de enero. La preocupación crece a medida que se aproximan estas fechas; sobre todo, después de que algunos hayan comenzado a recibir notificaciones de sus aseguradoras en las que les informan del fin de su cobertura.   

“Más que mi operación, me preocupa perder la pediatra de mis niños”, reconoce Federico Pérez. Es maestro. Lleva en Muface desde 2019, cuando aprobó las oposiciones. Tiene dos hijos, uno de cuatro años y otro de uno.

Debido a su artrosis en la cadera, tenía que someterse a una intervención. Debía hacerse una artroscopia y se la iban a programar para diciembre como tratamiento preventivo para retrasar el uso de una prótesis. “Pero no me voy a operar porque luego no tengo asegurado un seguimiento”, sostiene.  

Pertenece a Muface y tiene a DKV como aseguradora. La compañía ya le ha remitido un correo en el que le indica que su cobertura finaliza el próximo 31 de enero. El Gobierno ha anunciado que sacará una nueva licitación, pero los plazos son extremadamente ajustados. De ahí la angustia de las familias. 

“Todos los compañeros vivimos esta situación con mucha incertidumbre”, admite. Recuerda que su niña ha empezado la guardería y está en la etapa en la que se coge todos los resfriados. “Llevo cuatro años con la misma pediatra; ya conoce a mis hijos, tengo confianza en ella y no quiero perderla. Eso me preocupa más que mi operación”, se sincera. 

Beatriz Fernández también trabaja en la enseñanza. Es logopeda. Tiene dos hijos de 12 y 9 años. “Llevo casi 20 con Muface y es la primera vez que ocurre algo así. Yo tengo mis médicos de siempre y mis hijos también están acostumbrados a los suyos. Un cambio me destrozaría”, protesta. Además, insiste en un temor generalizado entre los beneficiarios de la sanidad privada: las demoras en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). “Yo he escuchado hablar bien de la sanidad pública; el problema son las listas de espera. Si Muface corta el convenio, somos 1,5 millón de funcionarios que tendríamos que pasar a la Seguridad Social. Y ya sin nosotros está colapsada...”, reflexiona. 

Tanto ella como su hijo sufren alergia. Le preocupa la continuidad de sus vacunas y el seguimiento profesional de su evolución. Justamente en diciembre ella iba a empezar con una nueva vacuna. Ahora no se atreve a comenzar con los pinchazos porque no sabe si seguirá teniendo la cobertura de Muface o si se interrumpirá y, en este caso, que pasaría. 

Paola García es funcionaria de un centro penitenciario. Lleva 16 años en la mutualidad. “Estamos impactados, preocupados, angustiados. Nunca como ahora hemos estado tan cerca de que nos saquen del sistema, de la quiebra del sistema”, afirma. Opina que si se corta la cobertura de Muface, “nos perjudicamos todos”. Porque al igual que Beatriz recuerda que son 1,5 millón de beneficiarios. “Si entramos en la sanidad pública, vamos a colapsarla porque ya sus listas de espera son infinitas”, advierte. 

Tiene un hijo de cinco años al que le están haciendo unos estudios. “¿Qué pasaría si se interrumpe la cobertura de Muface?”, se pregunta con una clara dosis de ansiedad. Argumenta que según los datos, mientras al Estado un usuario con cobertura privada en las mutuas le cuesta unos 1.000 euros anuales, en el sistema público le supone en torno a 1.700. “Incluso sería más caro que pasáramos a la pública”, acota tras reconocer que está “muy preocupada” por esta situación de incertidumbre. 

Ella también ha recibido la notificación de su aseguradora. En su caso, de Asisa. Como a Federico, le ha comunicado que la cobertura caduca el 31 de enero de 2025. Incluso, la compañía le ha informado de sus tarifas. “Pero yo no puedo pagarme un seguro privado”, sostiene. 

Paola, Federico y Beatriz son sólo tres casos. Pero los afectados por la incertidumbre ascienden en Málaga a cerca de 60.000, todos los titulares y familiares que están en Muface.