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A menos cuatro vecinos de los seis bloques del Perchel antiguo, los llamados Callejones del Perchel (calles Malpica, Huerto de la Madera, Angosta del Carmen, Arco y Montalbán) han comenzado a recibir cartas a través de un burofax en las que la empresa propietaria de los inmuebles -la antequerana Vitrubio, con sede social en Madrid- les insta a abandonar sus casas el próximo 1 de marzo.
Se trata de cuatro familias -una española y tres de inmigrantes- que tienen arrendamientos que no son de renta antigua pero que llevan "11, 12, 15 y hasta 30 años" viviendo en esa zona y cuyos contratos siempre se han ido renovando periódicamente, según informa el asesor jurídico de la comunidad Francisco Gutiérrrez. Entre los 50 vecinos que viven en estos inmuebles los hay que sí son de renta antigua (contratos anteriores a mayo de 1985), unos 15, y esos tienen contratos indefinidos y se pueden incluso subrogar de padres a hijos. Con estos la promotora estaría obligada a llegar a un acuerdo para que abandonen sus viviendas.
El resto, unos 35, sí están sujetos a contratos de tres años renovables año a año y en este caso la promotora sí puede rescindir los contratos por una causa justificada. Todos, los 50, pagan rentas de entre 300 y 450 euros.
El envío de estas cartas obedece a una operación urbanística a través de la cual Vitrubio, la propietaria, ha vendido los edificios a otra inmobiliaria, Dazia Capital, según publica El Español de Málaga, en la que sería una de las mayores operaciones residenciales en el centro de la capital. La operación urbanística implicaría el derribo de los actuales edificios y levantar otros de nueva construcción y el paso previo, lógicamente, es que los vecinos abandonen unos inmuebles que se encuentran en un estado de mala conservación "por la inacción de la actual propietaria", comenta Francisco Gutiérrez.
El portavoz de los vecinos, Enrique Gutiérrez, explica que los receptores de las cartas se negarán a abandonar su vivienda el día fijado por la inmobiliaria, y asegura que la actuación de Vitruvio es ilegal, ya que "tienen la obligación de comunicar cualquier tipo de transacción a los vecinos". En la carta no se comunica operación alguna, sino que simplemente se informa a los vecinos de que su contrato ha finalizado. Los vecinos plantearán la batalla jurídica y ya anuncian que hay "figuras legales", afirma Francisco Gutiérrez, que protegen a los inquilinos que llevan mucho tiempo en su vivienda.
Denuncian, además, que una de las destinatarias del envío -una madre de tres niños, señala Enrique Gutiérrez- recibió una primera carta en la que figuraba Dazia Capital -la empresa compradora- como remitente pero después era Vitrubio la que firmaba la misiva. En una segunda carta, ya con el remitente correcto, la fecha de desahucio ya no es el 1 de marzo, sino el 1 de febrero.
Los vecinos no se oponen a ser reubicados en otra zona de El Perchel y para ello están llevando a cabo acciones para ser escuchados por el Ayuntamiento. Van a pedir, por ejemplo, que Adelante y PSOE lleven al Pleno de mañana esta cuestión, que ya fue tratada el pasado 26 de noviembre. En esa ocasión se acordó por unanimidad dar una solución a estas familias, pero según Francisco Gutiérrez a partir de ahí se ha pedido una reunión con el concejal de Urbanismo, Raúl López, que aún no se ha producido. Sí ha habido encuentro con el de Derechos Sociales, Francisco Pomares, "pero como si no hubiera habido, porque no nos dio solución", dice Enrique Gutiérrez.
El asesor jurídico Francisco Gutiérrez -quien fue Defensor del Ciudadano y autor del libro 'El acoso inmobiliario. Una lucha desigual'- pide una solución similar a la que se le dio a los vecinos antiguos de La Trinidad en un caso similar. Incluso plantea que el porcentaje de aprovechamiento público de cualquier promoción futura se destine a vivienda social, para así dar solución a la problemática.
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