Los vecinos del Centro de Málaga celebran que el Supremo "aclare" que pueden prohibir los pisos turísticos

Como un paso más en la lucha contra la proliferación de apartamentos turísticos. Así se podría resumir el análisis que hacen los vecinos del Centro Histórico de Málaga de las dos sentencias del Tribunal Supremo que "aclaran" que las comunidades de propietarios sí que pueden prohibir las nuevas viviendas a las que se les da este uso en sus bloques con una mayoría de tres quintos, acabando así con los dictámenes contradictorios de las audiencias provinciales.

"Vienen a avalar y a reforzar un mecanismo de protección que está a disposición de los vecinos en la Ley de Propiedad Horizontal", explica el presidente de la asociación de vecinos del Centro Antiguo de Málaga, Carlos Carrera. "Esta ley recoge que se pueden limitar o condicionar, pero no dice prohibir, lo que ha dado lugar a que los jueces tomen diferentes decisiones", recuerda el dirigente vecinal, que acoge de buen agrado la novedad porque "viene a reforzar algo que ya se hace". "Hasta ahora, la norma estaba siendo cuestionada por algunos propietarios que en ciertos casos incluso han sido capaces de disuadir a vecinos con la amenaza de que esto acabe en un juzgado. Y la litigiosidad cuesta dinero y esfuerzos que no todos están dispuestos a asumir".

Carrera, no obstante, matiza que todavía queda mucho camino por delante, toda vez que las sentencias del Alto Tribunal no contemplan efectos retroactivos, de modo que sólo pueden prohibirse aquellos pisos que ya operan. Igualmente, considera que la prohibición debería correr a cargo de la administración y que "trasladarlo a las comunidades supone una fuente de problemas" que van desde "la lentitud y el coste de los trámites" que supone cambiar unos estatutos a otros de "índole personal" fruto de las posturas contrarias entre vecinos y propietarios de estos apartamentos.

Desde el colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, su presidente, Manuel Jiménez, expresa su satisfacción con esta nueva aclaración. "El Tribunal Supremo ha dejado claro que no existe ninguna limitación para prohibir las viviendas turísticas por mayoría de tres quintos y eso es una buena noticia para las comunidades de propietarios", manifiesta. Respecto al impacto que las sentencias pueden tener en la provincia de Málaga, la que acumula más viviendas de este tipo de toda España con más de 40.000, asegura que "no va a tener un impacto directo", pero sí en los recursos pendientes al fijar jurisprudencia.

Jiménez también destaca que "la inseguridad jurídica, unida a la dificultad para adoptar el acuerdo y su coste ha motivado que muchas comunidades no hayan aprobado la limitación de alquileres turísticos", puesto que es necesario acudir a un notario para elevar el acuerdo a escritura pública e inscribirlo en el Registro de la Propiedad, que aplica un coste variable, ya que hay registradores que hacen una anotación en cada una de las fincas para que tenga efectos frente a nuevos propietarios. Toda una serie de trámites que para una urbanización con unas 50 viviendas, trastero y garaje, calcula, puede suponer un coste aproximado de 5.300 euros.

Por su parte, el presidente de la patronal andaluza de viviendas turísticas (AVVAPro), Juan Cubo, afirma que tanto desde su asociación como desde la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), órgano al que se encuentran adheridos, comparten su "respeto" por las sentencias "como no puede ser de otra manera", aunque asegura tienen "apreciaciones que nos hubiera gustado ver reflejadas en el fallo o el razonamiento jurídico".

Cubo, asimismo, asume que "no tienen efectos retroactivos porque no dicen nada" y que "los principios del ordenamiento jurídico indican que sólo se puede aplicar con carácter excepcional y que no cabe retroactividad si se causa un perjuicio al afectado". Además, recuerda que la Ley de Propiedad Horizontal tiene mecanismos para actuar contra actividades molestas de forma correctiva y se pregunta por qué se presumen las molestias en una actividad y no en otras como, por ejemplo, alquilar un piso a estudiantes, a un inquilino con un perro o para la apertura de una consulta.

Reacciones políticas: de pedir la declaración de ciudad tensionada a proponer asesoría municipal para evitar la instalación de más pisos turísticos

Las sentencias, sin embargo, no han generado reacciones solamente entre vecinos, administradores de fincas y la patronal: también entre los grupos políticos de la oposición. Así, el portavoz del PSOE malagueño, Dani Pérez pide que la Junta de Andalucía declare Málaga como ciudad tensionada por los pisos turísticos, tomando el ejemplo de Barcelona, "donde los precios de la vivienda han bajado un 5%" tras poner en marcha esta declaración, al tiempo que en la capital de la Costa del Sol "se han incrementado un 17,9% en el último año". "Hay que poner coto a la proliferación incontrolada, porque tenemos en nuestra ciudad un preocupante problema por la falta de vivienda. No hay tiempo que perder", apostilla Pérez.

El concejal de Con Málaga Nico Sguiglia, por su parte, asegura que la ciudadanía "debe conocer" las sentencias, así como "los pasos y procedimientos necesarios para que los vecinos que no quieran pisos turísticos en su bloque sepan cómo hacerlo". Para ello, Sguiglia propone que la Oficina por el Derecho a la Vivienda, dependiente del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), impulse una campaña informativa y brinde asesoría gratuita a las comunidades de propietarios que lo necesiten, ya que, en su opinión, Málaga "se ha convertido en una selva de pisos turísticos, que se extienden por todos los barrios, ocasionando un aumento de los precios del alquiler pero también serios problemas de convivencia".