Una veintena de juicios suspendidos en Málaga por la huelga indefinida de los abogados de oficio

Una semana se cumple desde que los abogados del turno de oficio comenzaron una huelga indefinida en todo el territorio nacional para reivindicar una retribución justa y desconexión digital que facilite la conciliación familiar. Desde entonces, el seguimiento en Málaga es "casi total" y alrededor de una veintena de juicios se han suspendido en consecuencia.

Así lo ha asegurado a este periódico Gracia Isabel García, una de las letradas coordinadoras del paro en la provincia, al tiempo que ha destacado que "nunca" van a llevar a cabo una "huelga salvaje", por lo que han establecido unos servicios mínimos relativos a la asistencia a detenidos y a víctimas de violencia de género, entre otros. "Vamos a primar la tutela judicial efectiva", ha apuntado.

"La Junta de Andalucía nos paga una miseria, unos 120 euros por un procedimiento que puede durar dos años, con escritos y recursos. Además, si la persona no tiene derecho a justicia gratuita, tenemos obligación bajo sanción del Colegio de Abogados de continuar y cuando termine demandar a esa persona el dinero y embargarles", ha manifestado Inmaculada Damián, representante de Venia -el sindicato convocante- en Málaga.

Y es que la labor de los abogados y procuradores de oficio es clave para la justicia gratuita española, pues en la mayoría de los casos representan a aquellas personas que no tienen suficientes medios económicos para contratar uno de pago. La defensa de cualquier ciudadano inmerso en un procedimiento judicial es un derecho y así lo recoge la Constitución. Si bien, muchos profesionales consideran este trabajo "invisible, arduo, no remunerado, esclavizado, sin reconocimiento social, sin vacaciones, sin descanso semanal y sin derecho a cotización".

En la provincia hay cerca de un millar de abogados de oficio que anualmente llevan unos 20 o 30 casos. Aunque consideran que la población más vulnerable también merece una buena defensa, García asegura que se ha convertido en "un servicio muy costoso" de asumir para los profesionales, además de físico. "Llega un momento que no das abasto con todo el trabajo que ello conlleva. No nos quedan más fuerzas ni tampoco se nos proporcionan medios para continuar hacia delante, asesorando y pleiteando en estas condiciones por los más desfavorecidos, por los que no tienen nada".

Paralelamente -aunque muy ligada- a esta protesta, un centenar de abogados y procuradores mutualistas de Málaga se han concentrado este jueves, frente a la Ciudad de la Justica, para protestar por las"irrisorias" pensiones que, según denuncian, les van a quedar tras décadas de trabajo después de un cambio en el funcionamiento de su sistema de cotización. Aseguran que están recibiendo prestaciones que en algunos casos oscilan entre los 200 y 400 euros. Exigen "el derecho reconocido constitucionalmente a estar protegido socialmente en un marco de igualdad al resto de los trabajadores de este país y a unas pensiones dignas".

Según ha explicado también Garcia a este periódico hasta 1995 era obligatorio unirse a la Mutualidad (el sistema de cotización privado), cuando los juristas se colegiaban para poder ejercer su profesión, basándose en un sistema de reparto de capitalización colectiva, lo que les cerraba la puerta al sistema público, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y que "de ser una verdadera Mutualidad se pasó a una camuflada, sin prestación de asistencia sanitaria hasta que la Seguridad Social abrió la cobertura a los abogados en 2012".

Así, critican que les están quedando pensiones "irrisorias que no solo no se revalorizan sino que sufren la inflación". Asimismo, señalan que "no cubre la incapacidad transitoria más que 365 días". Además, según aseguran, aquellos que han querido trasladarse al RETA han visto que sus años cotizados como mutualistas no contabilizan.

Critican que una vez se pudo elegir entre ambos sistemas, por parte de estas entidades se generaron dudas sobre los beneficios de pasarse al sistema público en cuanto a los cálculos de las previsiones de las pensiones y, además, se "ocultaron que se convertían en un fondo de ahorro"; asegurando estos profesionales que en este camino se han sentido "muy solos".

De esta manera, exigen al Gobierno cuantas reformas legales sean necesarias para una protección social y unas pensiones dignas y evitar así esta situación. Han considerado que los mutualistas alternativos tienen derecho "a una ventana o pasarela" al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) "que posibilite a los que desean y pueden acogerse a este régimen poder obtener una pensión en igualdad al resto de los ciudadanos".