Doce vigilancias y un "trasiego" de entregas de Tramadol: así fue la detención del farmacéutico de Torremolinos

Cinco meses de seguimiento con hasta 12 dispositivos de estrecha vigilancia permitieron destapar un mercado negro de venta de Tramadol, un potente analgésico concebido como una amenaza para la salud pública y un grave problema respecto a la expansión de la droga, similar a la del fentanilo en Estados Unidos. Los investigadores pusieron contra las cuerdas al farmacéutico de Torremolinos, presunto cabecilla de una trama que traficaba con las pastillas en el norte de África, Oriente Medio y el suroeste asiático y ocultaba los beneficios en osos de peluche. Durante la fase de investigación, la Policía detectó cuatro entregas de mercancía en las que constató además la "colaboración de algunos de los empleados y boticarios" de la farmacia para la "recepción y distribución ilegal" de la sustancia, según refleja el auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos, al que ha tenido acceso este periódico.

Las alarmas saltaron también en una de estas actuaciones policiales al detectar a una trabajadora del boticario -que mantenían una relación sentimental- con una bolsa en un conocido club de alterne, pero, en realidad, se trataba de pastillas de Viagra y geles sexuales, según ha podido saber Málaga Hoy. Una de las vigilancias claves para desenmarañar el caso, permitió identificar al principal consorte del farmacéutico, un libanés de 49 años buscado por Suecia por tráfico de drogas y supuestamente vinculado a grupos criminales de Colombia y Lituania y con contactos en El Líbano, uno de los destinos donde es más habitual el consumo ilegal del opiáceo. Desde que pasó a disposición judicial duerme en prisión, mientras que el boticario sigue en libertad provisional.

El operativo, ya judicializado, comenzó en octubre de 2024. La primera vigilancia de aquel día 17 en la farmacia ortopedia regentada por el licenciado llevó a descubrir en una zona de carga/descarga cómo éste introducía mercancía en una furgoneta cuyo conductor después descargaría en una vivienda. Con un pago en metálico se daba por finiquitada la transacción. Entonces, uno de los implicados en la operación, junto al supuesto líder, "cargó cajas de cartón de notoria importancia" que previamente habían sido "llenadas de medicamentos".

Cuatro días después, los policías detectarían a dos empleados, entre ellos una mujer que durante mucho tiempo ejerció como responsable de la farmacia, colaborando presuntamente con el boticario. Una semana más tarde, observarían un "trasiego de personas" que llegaban con su vehículo hasta la calle en la que se ubica la botica y salían, supuestamente, con medicamentos.

El arresto del consorte se precipita en Marbella

Ya en noviembre, otro dispositivo desplegado en la farmacia pasadas las 3 de la tarde permitiría comprobar cómo una furgoneta entraba, de nuevo, por la puerta del almacén. Los investigadores dejaron enfriar los controles unas semanas, hasta que sorprendieron al farmacéutico "sacando varias cajas de gran volumen" que transportaría en un vehículo.

En diciembre hubo varios seguimientos más con transacciones de medicamentos entre el boticario y el consorte al que le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) dictada por las autoridades suecas. La Policía sorprendería a este último poco después conduciendo "con una actitud sospechosa, a gran velocidad y tomando fuertes medidas de seguridad". Los investigadores de la Grupo II de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena quisieron anticiparse ante la posibilidad de que el fugado hubiera sabido de la presencia policial. La detención tuvo lugar en la N-340, en la entrada de Marbella, y le imputaron, además de un delito contra la salud pública, falsedad documental y otro contra la seguridad del tráfico.

Un registro del coche en el que prófugo viajaba llevó al hallazgo de "dos cajas de cartón de grandes dimensiones reprecintadas", que contenían varios blister con 10 pastillas de Tramadol cada uno. En su arresto manifestó espontáneamente a los agentes que los medicamentos "iban destinados a El Líbano", su país de origen. "Presumía que era algo legal", recoge el juez en la resolución judicial. El fugitivo rehusó responsabilizar a nadie, pero reconoció haber pagado 13.000 euros por la sustancia, "valor que se multiplica exponencialmente una vez enviado a destino; lo que muestra las cantidades de beneficios que ha reportado esta actividad criminal al grupo investigado", reza el auto judicial.

Las entradas y registros en los domicilios de los investigados hicieron el resto. El boyante tráfico ilegal de Tramadol, según sospechan los investigadores, hizo que el farmacéutico se embolsara más de 1 millón de euros. En el altillo de su domicilio le encontraron 180.000 euros. Sólo con la supuesta venta ilegal, a gran escala, de este analgésico que potencia los efectos de drogas como el hachís o la cocaína si se consume mezclado, facturaba en torno a 30.000 euros cada seis semanas, esto es, unos 240.000 anuales. La banda, con tres empleadas del boticario también implicadas, operaba desde hacía cinco años.

Los bienes del farmacéutico, bloqueados

El magistrado ve "indicios" de que el patrimonio del principal investigado, del que ya tiene prohibido disponer de manera expresa, ha sido adquirido "con dinero procedente de la actividad ilícita". Justifica el bloqueo de todos los bienes por el “peligro” de que, bien sea él mismo “o dando órdenes a terceras personas”, pueda “trasladar todo el dinero” que posee. De ocurrir esto, apunta el juez, “resultaría casi imposible su recuperación para eludir las posibles responsabilidades penales” que pudieran recaer sobre él, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.

El juzgado también acuerda la “anotación preventiva de prohibición de enajenación de bienes muebles e inmuebles”, entre ellos tres vehículos. Es decir, se le prohíbe de manera expresa cualquier disposición de su patrimonio –ya sea venderlo o donarlo–, con la obligación de mantenerlo intacto. Málaga Hoy ha podido saber que el investigado posee hasta 15 propiedades, el grueso de ellas ubicadas en la provincia de Granada y el resto en Torremolinos, donde la Policía lo arrestó.