Las empresas vinculadas a Connery lograron un beneficio de 53 millones

Aunque aún no ha prestado declaración ante el juez titular del juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, el actor Sean Connery y su esposa deberán depositar, como adelantó la cadena Ser, 3 millones y medio de euros en concepto de garantía procesal por las responsabilidades que se puedan derivar del denominado caso Goldfinger, en el cual se investiga la venta de la finca Malibú que el intérprete tenía en Marbella, y en la que posteriormente se construyeron 72 apartamentos de lujo, cuando la zona, según el urbanismo vigente en la época (el Plan General del año 1986), era de vivienda unifamiliar.

La Agencia Tributaria ha cifrado en 53 millones de euros los beneficios de la explotación de la promoción Malibú, desarrollada a través de una operación inmobiliaria que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí en la que habrían participado sociedades supuestamente vinculadas al actor escocés Sean Connery y su mujer, imputados en esta causa. En la misma están imputadas 23 personas, entre otros, el ex alcalde Julián Muñoz, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y abogados del bufete Diaz-Bastien & Truan.

Según una de las conclusiones de los funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, "parte de los beneficios (incluidos importes de una posible defraudación que se investiga) son trasladados al exterior", sobre todo a Reino Unido y Uruguay, siendo el total "más de 37 millones de euros".

La promoción se lleva a cabo sobre la base de tres convenios firmados por el Ayuntamiento marbellí, uno con la empresa Malibú SA, "sociedad poseída por el matrimonio Connery para la tenencia de su chalé en la costa, Casa Malibú", según el juez instructor, y dos con By the Sea, "en los cuales no se respeta la legalidad vigente". Precisamente esta empresa se configura "como sociedad opaca", en la que se desconoce la identidad de los beneficiarios. "El beneficio monetario se retira de la sociedad conforme se venden los apartamentos". Malibú S.L., en la que en 2002 cesan como administradores el actor y su mujer, consta en el informe que estuvo participada por ésta en un 52% y por By the Sea en un 48%, que hizo la compra de acciones a través de otra sociedad, que al no hacerse efectiva generó una deuda, reconocida en 2007, por la que "se puede presumir que Connery" y el beneficiario de la otra empresa "obtienen parte del control" de By the Sea "de una manera oculta".

El informe precisa que estas sociedades y sus cuentas bancarias "parecen haber estado controladas por un mismo despacho", Díaz-Bastien & Truan Abogados, donde se autorizó el pasado mes de mayo un registro para intervenir los expedientes relacionados con ambas sociedades, con la otra empresa que adquirió las acciones, con el actor y su mujer y sobre las personas o sociedades a los que fueran transmitidos bienes del conjunto, según la resolución judicial. Además, es el bufete "que representa y defiende los intereses económicos de los Connery en Marbella", y después prestan sus servicios "a la promotora By the Sea". Según el escrito, a partir de 2005, coincidiendo con la venta de apartamentos, en la facturación del despacho de abogados "aparece el cobro de cantidades procedentes de los Connery, que alcanzan el millón de euros, desconociendo los motivos".

El análisis realizado por la Agencia Tributaria concluye que la construcción del complejo inmobiliario "no hubiera sido posible sin la connivencia de individuos relacionados con el Ayuntamiento de Marbella, entre ellos Juan Antonio Roca, quien por estas acciones posiblemente obtuvo un pago en especie determinado por fincas en el complejo". En este sentido, se investiga un presunto delito de cohecho, "materializado en dos apartamentos como pago por la firma de los convenios, siendo valorado en 600 millones de las antiguas pesetas, por parte de la sociedad By the Sea a Roca". En la documentación intervenida en el marco del caso Malaya, existen documentos "en los que se observa la vinculación" entre Roca y el principal socio del despacho antes mencionado.