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Mikel Lejarza
Toulouse
El Ayuntamiento de Málaga da un paso más para que se construyan 1.168 viviendas de protección oficial en suelos que ahora mismo son municipales en Cortijo Merino y Distrito Z. En total son 13 parcelas valoradas en 25 millones de euros, que el Ayuntamiento vende a los privados con la condición de que levante pisos asequibles. A cambio el Consistorio recibe un pago en viviendas, que en un primer momento calculaban en 163 y este martes han reducido a una cifra en torno a 135.
A partir del día 15 de junio el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) tiene proyectado sacar la licitación a concurso, tras haberlo aprobado esta misma mañana. En este momento, los privados tendrán dos meses para presentar sus ofertas y el alcalde, Francisco de la Torre, ha planteado un plazo de uno o dos meses para valorarlas.
En el concurso primará a aquellas empresas que ofrezcan un precio más bajo en la venta final en un 75% y el 25% restante se dará según la eficiencia energética del proyecto propuesto. "Primero las más baratas y después las más sostenibles", ha subrayado De la Torre.
El regidor ha ensalzado que no hay "ningún ayuntamiento en España con una apuesta tan fuerte por la vivienda de protección oficial".
En total son siete parcelas en Cortijo Merino y otras seis en Sánchez Blanca, en las que no se empezará a construir, como pronto, hasta dentro de un año, prorrogándose los trabajos al menos otros dos. Una vez terminadas las obras deberán pasar al menos seis meses para la entrega de llaves, por lo que nunca estarían entregadas antes de tres años y medio. Está previsto que el proceso se inicie el próximo mes de mayo con la aprobación de las bases del concurso en el Consejo del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV).
En la previsión de Vivienda el horizonte de entrega de llaves se alarga hasta finales de 2027 o principio de 2028. En caso de que se retrasen, el Consistorio ha incluido en el pliego una penalización de un 0,5% del valor del suelo por cada mes, pudiendo rescindir el contrato en caso de que se acumulen estos retrasos.
Las viviendas, aunque sean los propios privados quienes las impulsen y las saquen al mercado, seguirán el mismo proceso que las de impulso municipal. Es decir, saldrán a mercado siempre a precio más bajo que el máximo que permita la norma –por exigencia de los pliegos y la naturaleza del concurso–, sin importar si finalmente salen a venta directa o alquiler. Las familias adjudicatarias de las viviendas serán selecciones del Registro Municipal de Demandantes del IMV en el que constan más de 25.000 personas.
Todas las viviendas tendrán en torno a 70 metros cuadrados y contarán con garaje y trastero. En total serán 605 en Régimen Especial (el precio más barato de entre las VPO, destinadas a aquellos cuyos ingresos no superen 3,5 IPREM; es decir, 25.200 euros), 249 para Régimen General (para aquellos que no superen los 4 IPREM, 28.800 euros), y 314 de Precio Limitado (hasta 5,5 IPREM, 39.600 euros).
Por lo tanto, las viviendas que se construyan en Régimen Especial tendrán un precio de venta de 1.892 euros el metro cuadrado (unos 132.000 euros para 70 metros), las de Régimen General 2.144 euros el metro cuadrado (unos 150.000 euros para la vivienda tipo), y las de Precio Limitado, de 2.523 euros el metro (176.000 euros). Sin embargo, esto dependerá de la oferta de cada uno de los privados.
El precio de alquiler o el de la venta está establecido según los módulos, aprobados por la Junta de Andalucía, en los que se fija el valor por metro cuadrado de las viviendas protegidas para cada régimen.
Para la adjudicación se ha divido en seis lotes que presentan la misma calificación de vivienda protegida o régimen de protección en cada sector. Los licitadores podrán ofertar a cuantos lotes deseen de los que constituyen el objeto del contrato, sin que exista limitación al número de lotes que puedan ser adjudicados a un mismo licitador.
A este respecto De la Torre ha señalado que hay al menos "uno o dos" interesados en el Régimen Especial, en Régimen General "tres o cuatro" y en el Precio Limitado –el más favorable para el promotor– puede ascender hasta "cinco o seis". Son los promotores los que deben decidir si las viviendas se destinan a alquiler o a venta y el regidor ha dicho que espera que al menos Lagoom Living, la promotora que ya ganó el concurso de mil viviendas con suelo a coste cero en Universidad, se presente.
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