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La patronal de las viviendas turísticas en Andalucía ha mostrado su rechazo a la medida tomada por el Ayuntamiento a finales de julio en relación a este tipo de alojamientos. El Consistorio realizó un estudio de los registros de viviendas turísticas en la ciudad desde febrero y concluyó que 1.120 de ellos no cumplían la normativa.
Por ello, solicitó a la Junta de Andalucía que diese de baja las licencias de todas ellas por entender que no cumplen con el decreto que aprobó la Junta el pasado febrero ni tampoco con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que exige que dispongan de una entrada y servicios independientes al tratarse de un alojamiento y no de una residencia.
Y la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) considera que la decisión es "desproporcionada y contraria a los principios fundamentales del derecho administrativo, tales como el principio de legalidad y el de seguridad jurídica”.
A través de su vicepresidente, Juan Cubo, han manifestado que "La aplicación retroactiva de las normas tiene carácter excepcional y está prohibida en el caso de disposiciones sancionadoras o con efectos desfavorables para los interesados". Por ello, solicitan una reunión con la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, en la que apelan a la transparencia.
“Necesitamos que la corporación municipal comparta con nosotros todos los pasos que está dando y su hoja de ruta, porque así se nos prometió en su día. Necesitamos máxima transparencia en todo lo que afecte a nuestro sector, que es clave para la ciudad. Aún no conocemos el estudio al que alude el Ayuntamiento para la adopción de tales medidas”, dice Cubo.
En cualquier caso, la patronal de viviendas turísticas admite estar en la misma línea de trabajo para sancionar las viviendas que sean ilegales, "pero rechaza las medidas adoptadas porque además de no ser proporcionadas ni adecuadas desde el punto de vista legal no van a resolver el problema".
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