El jeque Al-Thani al administrador: "Hay cinco millones de euros sin justificar"

Nuevo comunicado del jeque Al-Thani a través de su gabinete de comunicación en el que arremete contra la gestión del administrador judicial por el ERE a los jugadores. El presidente, en su nota, habla de pérdidas en activos de diez millones de euros y de la pérdida de posibles ingresos por hipotéticos traspasos de dichos hombres. Apunta también a que las cláusulas de rescisión de todos ellos suman la disparatada cifra de 242 millones de euros. Pero quizás lo más destacado es que acusa de opacidad a José María Muñoz de que hay “casi cinco millones de euros sin justificar” derivados de pagos y cobros.

"Equivocada y perjudicial” por “dañar de forma irreparable el activo principal del club”, califica el sheikh la medida del expediente de regulación de empleo. Acusa a José María Muñoz “dilapidar el principal activo del club y dificultar así el cobro de deudas por potenciales acreedores”. Para Al-Thani es el “enésimo ejemplo de la mala gestión del administrador judicial”.

En su escrito, el catarí echa en cara que el administrador no pusiera en marcha un ERTE (medida que tomaron muchos clubes profesionales durante el confinamiento derivado de la pandemia de Covid: “Una acción que hubiera reportado una importante disminución de gastos en las arcas del club".

Propone Al-Thani vender a los jugadores con sueldos más altos, una nueva 'genialidad' táctica del apartado presidente blanquiazul, como si eso fuera tan fácil como decirlo teniendo en cuenta que por algunos de ellos no hay ni ofertas aunque queden libres.

Cierra calificando de “nefasta” la gestión y "poco sentimiento malaguista” del administrador judicial, algo que no es nuevo y ha sido su línea desde hace seis meses: “Con sus decisiones, el administrador judicial está conduciendo a una devaluación del patrimonio del Málaga CF, lo que puede llevar incluso a la desaparición del propio club. Si no protege el activo financiero del Club, se le hará responsable”. La defensa de Al-Thani afirma que solicitará al juzgado aportar determinada información, necesaria para

poder fiscalizar su actividad.