La justicia obliga al Real Murcia a pagar más de 78.000 euros al Málaga CF
El club de Martiricos ha impugnado el plan de reestructuración de la entidad grana
La defensa del cuadro blanquiazul ha corrido a cargo del letrado Francisco José Palacios Castillo
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Además de las deudas del Sporting de Braga por el 'Caso Horta', el Málaga CF ya espera otra inyección de capital fruto de antiguos acuerdos que no se terminaron de cobrar en los plazos acordados entre ambas partes en el momento de formalizarlo y esto se debe a que el Juzgado de Primera Instancia Número 8 de Murcia dictó una sentencia el 29 de mayo de 2024 y notificada dos días después, en la que condenó al Real Murcia CF a pagar la cantidad de 156.481,91 más intereses y los costes del propio procedimiento judicial, según pudo conocer el personal de 'SER Deportivos Málaga'.
Sin embargo, solo percibirá 78.240,95 euros con motivo del pago de la mitad hace años. Dicha condena, según la sentencia, obedece al incumplimiento del pago acordado para el 30 de diciembre de 2022 para poder abonarlo de hasta un año después, pero esto no fue así, ya que se declaró como vencido antes de su fecha originaria.
La intención del Real Murcia es totalmente distinta a esta, puesto que solo pretende pagar el 5% del importe, que serían unos 3.912,04 euros, escudándose en que se encontraba en situación de insolvencia a la comunicación de negociaciones con sus acreedores, esta comunicación y solicitud de homologación de su plan de reestructuración se refiere.
El Málaga CF, además de haber impugnado ya dicha homologación, va a solicitar la responsabilidad de los responsables de la entidad grana ante el Juzgado de lo Mercantil de Murcia. Además de esto, iniciará acciones de responsabilidad contra el administrador del Real Murcia. La defensa del de la Costa del Sol ha sido llevada a cabo por el letrado Francisco José Palacios Castillo.
Todo esto procede de la salida del Real Murcia del G-30 en 2003. Este grupo se formó para defender los derechos de televisión y, al salirse, el club grana fue condenado por el Tribunal de Arbitraje a abonar una sanción de cinco millones de euros entre sus antiguos socios. Originariamente, el cuadro blanquiazul debía percibir 431.878 euros y, tras cobrar una parte importante, el resto se quedó en el aire y aún persiste la lucha por el cobro del montante restante.
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