Málaga CF: La justicia tumba la propuesta de BlueBay y la APA y refuerza a José María Muñoz

Golpe en los juzgados para BlueBay, que litiga por el control del Málaga CF con el jeque Al-Thani, y la Asociación de Pequeños Accionistas (APA). La propuesta para la ampliación del capital social de NAS Spain 2000, una de las sociedades creadas por el catarí después de la adquisición del club, que derivaría en una operación homóloga por la misma cantidad en el club ha sido rechazada por la Fiscalía y el juzgado de instrucción número 14. La razón que se esgrimía para pedirla "a los efectos de que pueda ser competitivo en el mercado de fichajes de verano" se encuentra con la oposición frontal. "Adolece para empezar de falta de concreción en cuanto a la forma en que se materializa dicha ampliación, la documentación que la soporta y las circunstancias que lo justifican. Por ello, se entiende más prudente estarse a lo acordado por Auto de 18 de agosto de 2024 que, ya de forma suficiente y tras profundo análisis de la Juez Instructora de la compleja situación de la SAD, encontró una solución que debe intentar materializarse antes de adoptar medidas tan extraordinarias como la que se propone", es el razonamiento para repeler los planes de la hotelera.

En cuanto a la propuesta de la Asociación de Pequeños Accionistas de sustituir a José María Muñoz pero manteniendo la medida cautelar y colocar en su lugar a un Consejo de Administración, la Fiscalía argumenta que "generaría más problemas que soluciones y que sería inviable en la práctica. Así, se comparte la reflexión inicial en cuanto a que de dejarse sin efecto la medida el club volvería, por la propia naturaleza de las mayorías societarias, a manos de quienes se considera que de forma continuada y dolosa gestionaron el mismo de forma idónea para enriquecerse en perjuicio de la entidad deportiva y adoptaron sistemáticamente decisiones que pusieron en grave peligro la continuidad del club".

Se refuerza, de manera indirecta, desde los juzgados también las figuras de Kike Pérez y de Loren Juarros. Se demandaba desde la APA que "la presencia de un Director General y un Director Deportivo, que perciben sus correspondientes retribuciones, debería prescindirse del gasto que supone el pago de los emolumentos del administrador judicial que ya no son necesarios. También se añade que, terminada la instrucción, dejaría de ser necesaria la labor de auxilio al Juez Instructor que habría venido desarrollando el administrador judicial. A cambio, se propone nombrar un Consejo, cuyos miembros trabajarían de forma altruista y cuya composición se recoge en el escrito presentado".

Desde la Fiscalía se recuerda que "el administrador judicial se centró en el saneamiento de las cuentas del club y en garantizar su viabilidad, actividad compleja por la propia naturaleza de las SAD y los especiales requerimientos de LaLiga y basta examinar los informes de rendición de cuentas que se han ido presentando para comprobar que se trata de una actividad que requiere una constante toma de decisiones a distintos niveles que dificilmente iban a poder tomar de forma pacífica los miembros del Consejo, de procedencias dispares y con intereses no siempre coincidentes. En ese sentido, no se duda del prestigio, voluntad de trabajar en beneficio del Málaga y compromiso con el club de los consejeros que se proponen, pero de entrada debe señalarse que es un formato totalmente ajeno a la composición accionarial del club, que otorgaría el mismo peso al voto de quien no tiene ninguna acción en el mismo que a quien, aunque sea de forma indirecta, posee casi la mitad de las acciones", se asegura de forma contundente en el escrito, adelantado por Ser Deportivos Málaga y al que tuvo acceso Málaga Hoy.

"Además, todos los inconvenientes propios del mantenimiento en el tiempo de una medida cautelar, que por su naturaleza, debería desaparecer lo antes posible, seguirían vigentes pero con el inconveniente de que se cesaría en el cargo a quien conoce a detalle las cuentas del club, su funcionamiento, su organigrama, a las personas que lo conforman y ha dirigido a diario su actividad", prosigue la argumentación: "En su lugar, se colocaría, tomando decisiones por consenso de forma constante, a personas que desconocen absolutamente las vicisitudes de la marcha diaria de la entidad y cuyos intereses no siempre serán coincidentes, por mucho que, insistimos, la buena voluntad y disposición de los miembros propuestos está fuera de toda duda".

Se concluye pues desde la Fiscalía que "así las cosas y en este momento procesal, lo más eficaz, práctico y beneficioso para que el club desarrolle su actividad en la nueva temporada sin tropiezos es mantener no sólo la medida sino la persona. En cualquier caso, todas las medidas cautelares, por su naturaleza, están llamadas a durar sólo el tiempo necesario para cumplir su función y sería lo ideal, como proyecto de futuro, que cesen en cuanto se arbitren mecanismos para que dejen de ser necesarias, poniendo fin a la perturbadora circunstancia de que en última instancia el funcionamiento de una SAD deba estar continuamente sometido al control de una autoridad judicial que debería estar, según el caso, para investigar los hechos o para enjuiciarlos".

En agosto pasado se prolongó por seis meses más la administración judicial de José María Muñoz, que tiene un espaldarazo por parte de los juzgados a su labor al frente del club, que ya va camino de los cinco años, desde febrero de 2020.