CSIF rechaza el plan para comarcalizar los juzgados de violencia sobre la mujer de Estepona y Marbella

Marbella/La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha mostrado su rechazado este miércoles al plan para comarcalizar los juzgados de violencia sobre la mujer de Estepona y Marbella, tal y como plantea la Administración autonómica por orden del Ministerio de Justicia, por lo que ha solicitado a la Junta que paralice la misma.

Según han valorado desde el sindicato, esta medida “supondría retirar las competencias en materia de Violencia de Género a los juzgados de Estepona para concentrar todos los procedimientos en Marbella, cuyos órganos judiciales ya están colapsados”.

Así, han indicado que “el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Marbella está actualmente sobrepasado por la carga de trabajo, registrando casi diariamente actuaciones con detenidos que obligan a prolongar la jornada del personal funcionario para poder finalizar los procesos, tal y como viene recogido en la ley”.

CSIF denuncia que con los recursos actuales “es materialmente imposible que se puedan tramitar durante la jornada establecida el volumen de procedimientos que se registran, especialmente teniendo en cuenta la cantidad y la urgencia que conlleva la tramitación de estos asuntos”.

Aumento de los casos

En este sentido, ha señalado que “el aumento de los asuntos en el único Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Marbella ha sido constante en los últimos años, y se ha multiplicado debido al aumento de la población flotante y el turismo tras la pandemia”, una “sobrecarga que no se ha visto acompañada de un incremento de los recursos”. Ello se evidencia en “las desorbitadas cifras que se registran actualmente, con 500 diligencias urgentes, 480 previas, 50 exhortos y 150 asuntos civiles demandantes de violencia en lo que va de año”

Por ello, desde el sindicato han valorado que “si se comarcalizan las competencias, a estos números se sumarían los datos de Estepona, cuyos juzgados con competencias en materia de Violencia de Género registran este año cerca de 300 diligencias urgentes, más de 1.300 diligencias previas y 100 exhortos”.

Para CSIF la medida “limitaría el derecho al acceso a la justicia de la población afectada, aumentando el colapso de los órganos judiciales y perjudicando a las víctimas de violencia de género”, al tiempo que ha subrayado que “la población de Marbella se triplica en períodos vacacionales, como verano, Navidad y Semana Santa, pasando de 160.000 actuales a casi 500.000; al igual que ocurre en Estepona, que pasa de los 68.000 habitantes actuales a casi 200.000 en estas fechas”. Cabe recordar que el partido judicial de Marbella se conforma de las poblaciones de Istán, Benahavís y Ojén, que suman otros 20.000 habitantes censados más, así como los 30.000 de Manilva, que se corresponden al partido judicial de Estepona.

Con el plan para comarcalizar las competencias de Estepona a Marbella, han indicado que “este órgano soportaría la carga de unos 278.000 habitantes censados y que pueden superar los 750.000 habitantes en bastantes períodos del año, para un único órgano que ya se encuentra saturado actualmente”. Además, debido a la extensión del partido judicial de Estepona, que llega hasta la Barriada del Secadero que limita con la provincia de Cádiz, habría “víctimas de violencia de género que deberían desplazarse a más de 70 kilómetros de distancia con esta medida.

Por otro lado, además de perjudicar a las víctimas, la comarcalización de estos órganos también afectará a las plantillas especializadas de los juzgados afectados, que “ante la avalancha de asuntos, podrían optar por su traslado a otros órganos menos saturados”. En este caso, “la situación empeoraría aún más ya que Marbella tendría que afrontar el servicio con personal nuevo y no especializado, que rotaría constantemente en cada concurso de traslado o comisión de servicio, como ya está ocurriendo”.

Por ello, el sindicato ha pedido a la Administración autonómica que “paralice la orden para comarcalizar los juzgados de violencia sobre la mujer en Marbella”, al tiempo que ha advertido de que deberá realizarse “una valoración de los riesgos psicosociales a los que se exponen los trabajadores de los juzgados de Marbella ante esta nueva distribución de trabajo, que obviamente causará una sobrecarga laboral con consecuencias negativas sobre su salud”.

Por su parte, desde la Administración regional han señalado que “no es una decisión de la Junta de Andalucía, sino que depende del Ministerio de Justicia con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Trribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)”, aunque han matizado que desde la Consejería “están pendientes, ya que el interés es que se preste el mejor resultado” porque “para nosotros la violencia de género es una prioridad".

“Desde el Gobierno nuestra voluntad es la de colaborar en lo que nos corresponde como Administración prestacional: Poner los recursos materiales y humanos y el espacio”, han agregado.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga han señalado que el plan de comarcalización de los juzgados “no es en ningún caso una planificación del Gobierno central” y “es una decisión de la Junta de Andalucía dentro de sus competencias”.

“La planificación la hace la Junta y tiene un informe a favor del Consejo General del Poder Judicial”, han incidido desde la Subdelegación, remarcando que no es “una orden del Gobierno central”.