Acuden a declarar a los Juzgados el ex escolta de la alcaldesa de Marbella y el supuesto “testaferro” del hijastro

Marbella/La Audiencia Nacional (AN) ha llamado a declarar este lunes a varios procesados en el marco de la investigación que está realizando sobre la trama sueca en Marbella por presunto narcotráfico, entre los que se encuentra un ex escolta de la alcaldesa Ángeles Muñoz, Rafael Gallego Guerrero, y el supuesto “testaferro” del hijastro, Nils Anders Fisher, que han visitado las instalaciones para recoger el auto de procesamiento, según han precisado desde el tribunal madrileño.

Los dos están procesados por la presunta pertenencia a “una organización criminal liderada por ciudadanos de nacionalidad sueca asentados en España, con miembros de nacionalidad alemana y polaca, dedicada al tráfico de drogas, principalmente hachís y marihuana”. En la causa también están procesados el marido de la regidora, el empresario Lars Broberg, y su hijo, Joakim Peter Broberg, al que se considera el “jefe” de la red, según determinó el juez del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional tras concluir la instrucción, según el auto de procesamiento, emitido el pasado 29 de septiembre y al que ha tenido acceso este diario.

De este modo, el tribunal continúa con el llamamiento a los procesados, y este lunes estaban citados Rafael Gallego Guerrero, Nils Anders Fischer y otro implicado por “videoconferencia” en los juzgados de Marbella, donde al menos los dos primeros “han ido a la declaración indagatoria, es decir, a que se les comunique el procesamiento”, han precisado desde la AN.

La visita a la sede judicial está precedida por la citación de Joakim Peter Broberg, que acudió el pasado jueves, 17 de noviembre, a recoger el auto de procesamiento, y “como se ha hecho días anteriores con otros investigados”, ambos procesados “han comparecido ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional” para la declaración indagatoria.

Así, el ex escolta de la alcaldesa de Marbella, que está procesado en el caso de su marido, ha prestado en la mañana de este lunes declaración ante el Juzgado de la Audiencia Nacional que instruye la investigación, donde se le ha preguntado si se le ha notificado el auto de procesamiento, si se ratifica en las declaraciones que ha prestado y si quiere añadir algo más, según han precisado a Málaga Hoy fuentes judiciales.

El acusado ha confirmado que se le ha notificado el auto y está conforme con las explicaciones que dio en su día, han detallado estas fuentes, que también han asegurado que ha contestado a varias preguntas que le ha formulado su abogada.

Gallego está procesado por la Audiencia Nacional por un presunto delito de “cohecho” por facilitar supuestamente “información restringida al uso policial” a Joakim Peter Broberg a petición de éste, en su condición de “Policía Local en Marbella”, y a “cambio de dinero en efectivo”, según se desprende de las intervenciones telefónicas practicadas en el marco de la investigación al hijastro de la alcaldesa, que revela el auto de procesamiento.

El documento judicial indica que el delito de cohecho está “previsto y penado en el artículo 419 y siguientes del Código Penal”, que contemplan “una pena de prisión de tres a seis años, una multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve a doce años respecto de Rafael Gallego Guerrero” si “se llegasen a acreditar en el acto del juicio oral” los hechos relatados.

Por su parte, Nils Anders Fisher está procesado por presuntos delitos de “organización criminal” y “blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas” y es considerado por la Audiencia Nacional como el supuesto “testaferro” y “persona de confianza” de Joakim Broberg, según el auto de procesamiento. Asimismo, está vinculado con la mercantil Codecosol, a la que el Ayuntamiento de Marbella adjudicó hasta cinco obras -tres de ellas por procedimiento negociado con publicidad entre 2011 y 2013-, según publicó elDiario.es, y que reconoció el pasado 8 de noviembre el teniente de alcalde de San Pedro y por aquel entonces concejal de Obras, Javier García, a la vez que defendía la legalidad de los procedimientos.