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Carmen Pérez
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Marbella/El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado este viernes un nuevo Plan de Ajuste y una subida de diversos tributos municipales para hacer frente al pago de sentencias derivadas de actuaciones de la época Gil por un valor de 18 millones de euros, con un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del 3,8%, unas subidas que han salido adelante con el apoyo favorable del PP y en contra del resto de los grupos políticos.
El concejal de Hacienda, Félix Romero, ha sido el encargado de exponer las propuestas en una mañana en la que se han celebrado dos sesiones plenarias extraordinarias, teniendo lugar en el Salón de Plenos un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Marruecos y por el exedil del PP Diego Eizaguirre, fallecido el pasado mes de junio.
Una de las principales propuestas que se han aprobado este viernes ha sido la adhesión al Fondo de Ordenación de entidades locales del Estado para el ejercicio 2024, y que conlleva la revisión del Plan de Ajuste aprobado en 2021 “leve” y la aprobación de uno nuevo “levísimo”, la cual ha salido adelante con el voto favorable del PP, la abstención de OSP y en contra del PSOE y Vox.
Durante su intervención, Romero ha explicado que la decisión de adherirse al Fondo de Ordenación se ha adoptado en el marco de la elaboración de los presupuestos para 2024, al comunicar la Asesoría jurídica la existencia de “una previsión de deuda por sentencias de 18 millones de euros”, lo que permitirá “confeccionar un presupuesto sin afectar a los servicios ni a las inversiones”.
El edil ha señalado que la subida de impuestos que ha salido adelante hoy junto con la “renegociación” de la deuda mantenida con la Junta de Andalucía “basta para justificar el nuevo Plan de Ajuste que sustituye al anterior”, al tiempo que ha apuntado que se observa un escenario distinto al período postpandémico, con “un incremento de la actividad económica” y la previsión de “aumentar el gasto a razón de un 2,5% al año” frente a la disminución del 4% contemplada en el anterior Plan de Ajuste de 2021.
El concejal ha recordado que el Ayuntamiento ya se adhirió al Fondo de Ordenación en 2021 tras recibir un “aluvión de sentencias condenatorias por responsabilidades de la época Gil” que sumaban 40 millones de euros, destacando que es “una solución óptima, eficiente y poco gravosa” para la Corporación. En este punto, ha señalado que a través de este mecanismo “el Estado aportó con créditos ICO las cantidades que nos reclamaban aplazando el pago a 10 años, con 2 de carencia, y que exigía una proyección de la gestión económica que la norma define como Plan de Ajuste que garantizase la devolución”.
Por su parte, la edil de Vox, Mari Cruz Terriza, ha puesto de relieve que la adhesión al fondo es una medida que puede aplicar los ayuntamientos en casos “excepcionales”, así como ha criticado que “la solución no es endeudarse continuamente” y que la medida repercutirá “en el bolsillo” de los ciudadanos con una subida de impuestos. En la misma línea se ha pronunciado Manuel Osorio, de OSP, quien ha lamenta que “el agujero de 18 millones está ocasionado por la gestión” dl equipo de Gobierno. La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, ha señalado que el nuevo Plan de Ajuste se aplicará entre 2024 y 2034, con “la venta de patrimonio municipal de suelo” y “la subida de impuestos” para generar ingresos, así como ha criticado que la deuda financiera "de más de 60 millones" alcanza con los 18 "casi los 80 millones en los últimos 4 años".
Entre los conflictos judiciales se encuentran litigios con sentencia firme derivados de actuaciones de la época del Gil, según ha precisado el Consistorio, incluso una demanda interpuesta por la empresa de transportes Avanza, ya que deriva del “contrato que firmó en su día la concesionaria” con el Gobierno de aquel período.
Mientras el edil del PSOE, Adrián Jiménez, ha matizado que Avanza interpuso una “reclamación por el déficit de viajeros” durante el periodo comprendido entre 2016 a 2019 -que va a costar 4.470.062,8 euros-, y que inició en vía administrativa el 30 de abril de 2020, recordando que la concesión “estaba agotada, incluso con sus prórrogas, desde el año 2014”.
Por otro lado, se ha referido a otra sentencia derivada de “la expropiación por Ministerio de la ley, es decir, que la solicitan unos vecinos afectados por el planeamiento urbanístico del PGOU de 1986” de unos terrenos en Las Chapas en 2019, que “se calificaron desde antaño como Sistemas generales de equipamiento institucional y educativo”, y que “la controversia ha versado en la valoración de los terrenos para establecer el justiprecio”, y que costará más de 9 millones. Por ello, ha valorado que ambos fallos judiciales no provienen de la época del Gil.
Por otro lado, el Pleno de la Corporación ha aprobado una batería de medidas fiscales que contempla la subida de diversos tributos, que tiene como objeto “armonizar el cuadro tributario del Ayuntamiento”, y que ha sido apoyada con los votos del PP y en contra del PSOE, OSP y VOX. En concreto, ha salido adelante la modificación de la ordenanza fiscal que regula la plusvalía para que “la actualización del impuesto se produzca automáticamente con la publicación de los índices por parte del Estado, y que no sea necesario acudir cada año a un Pleno para actualizar esos coeficientes”.
También ha salido adelante la modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y se ha dado luz verde a la suspensión de las bonificaciones que se aprobaron durante la pandemia para mantener el empleo en función del número de empleados en la obra, al detectar que “un porcentaje alto de empresas trae trabajadores que no están empadronados en Marbella”, ha destacado Romero. A ello, el edil de OSP, Manuel Osorio, ha criticado que la medida supone “300.000 euros de impacto”, que lo pagará “quien va a comprar la vivienda” y no los promotores.
Asimismo, ha salido adelante la modificación de la ordenanza que regula el IBI, según ha explicado el concejal de Hacienda, quien ha indicado que “se hace necesario revisar el tipo y proponer una pequeña subida del 3,8%”, pasando del “0,631 al 0,650, que se traduce en una subida media de unos 28 euros en el recibo anual”. Por otra parte, ha señalado que los inmuebles de uso comercial cuyo valor catastral superen los 1,5 millones de euros como grandes contribuyentes y grandes marcas comerciales “se van a gravar con un 1% adicional”.
Asimismo, se elimina la bonificación referida a “las instalaciones de generación de electricidad por placas solares” en viviendas unifamiliares, que “implicaba una reducción del 25% del IBI durante 5 años”, ha señalado Romero, quien ha valorado que “no parecía muy acorde con los principios de justicia tributaria” ya que “una vivienda de lujo paga menos que pisos en las barriadas”.
La portavoz del PSOE ha lamentado que el Ayuntamiento prevé “recaudar 5 millones de euros más de IBI y subiendo de manera progresiva hasta los 6 millones”, así como ha puntualizado que en los cuadros de previsión para afrontar el Plan de Ajuste se contempla la aprobación del Plan General el 1 de enero, recordando que la previsión es de aprobar el PGOM antes del verano de 2024 y el POU en 2025, por lo que “las previsiones no deben de estar muy correctas”.
Por otro lado, el Pleno de Marbella ha dado luz verde a la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que según ha detallado Romero “solo afecta a los grandes contribuyentes y aquellos que facturan más de un millón de euros anualmente” como grandes centros comerciales y grandes hoteles, subrayando que “con el nuevo tipo se incrementará una media de 148 euros”, lo que “no supone un gravamen insoportable”.
El Ayuntamiento de Marbella ha aprobado una modificación presupuestaria en la modalidad de suplemento de crédito por un valor de más de 2 millones de euros para hacer frente al incremento del salario personal del Ayuntamiento en un 2,5%, marcado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, según ha destacado el concejal de Hacienda, Félix Romero.
Así, la medida ha salido adelante con los votos favorables del PP y la abstención del resto de los grupos políticos, la cual será financiada “con cargo al fondo de contingencia”, ha indicado.
Según ha destacado Romero, la tramitación del expediente tardará alrededor de un mes, y el período para hacer el pago efectivo “entre uno y dos meses”, motivo por el que se ha llevado al Pleno con carácter de urgencia para abonar la subida salarial antes de la Navidad.
Además, se han aprobado modificaciones presupuestarias que contemplan una partida de “260.000 euros para el mantenimiento de instalaciones deportivas y de consejería”, un suplemento 3.000 para cultura, 254.000 euros el plan de mantenimiento de los distritos o una modificación de “1.450.000 euros para reajustar unas anualidades y suplementar el servicio de zonas verdes públicas”.
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