Nozal niega que haya firmado un contrato como adminsitrador en Cabopino

Marbella/El exalcalde de Mijas y candidato electo a la Alcaldía en esta localidad por el Partido Popular (PP), Ángel Nozal, ha acudido este lunes al Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella para declarar como investigado por el ‘caso cajero’, asegurando que no firmó en 2017 un contrato de alquiler en representación de la comunidad de propietarios de Cabopino para la instalación del mismo, según ha destacado el abogado de los vecinos denunciantes, Antonio Jesús Doblas.

La vista oral se produce en plena negociación para gobernar el Ayuntamiento de Mijas tras las elecciones del pasado 28 de mayo, que han dado como resultado una polaridad de bloques que obliga a las fuerzas políticas a pactar para conseguir la mayoría absoluta de 13 concejales en la Corporación municipal, al haber obtenido el PSOE 10 concejales y el PP 9, por lo que están a expensas del apoyo de Vox (3), Ciudadanos (2) o Por Mi Pueblo (1).

El pasado mes de octubre, un grupo de propietarios de la lujosa urbanización Cabopino de Marbella interpuso una denuncia contra Nozal al haber firmado éste presuntamente un contrato de arrendamiento para la instalación de un cajero en la zona, todo ello supuestamente en calidad de administrador de fincas y en representación de la comunidad sin autorización de la junta de propietarios para ello al no ejercer como tal por aquel entonces, algo que el alcaldable ya negó a este periódico el pasado mes de mayo.

La declaración como investigado del popular estaba fijada para este lunes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella, a las 10:00 horas, donde Nozal “ha prestado declaración asistido por su abogado” y en presencia de la representación legal de los vecinos denunciantes, por lo que “se han llevado a cabo las diligencias”, según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Nozal contesta a las preguntas de la jueza

El abogado de los vecinos denunciantes ha señalado que durante la vista oral, el candidato electo del PP en Mijas “únicamente ha contestado a las preguntas de su señoría”, relativas al contrato o a los ingresos por el alquiler del espacio donde está instalado el cajero. En este sentido, ha apuntado que Nozal ha declarado que “no es su firma, que es verdad que aparece su nombre porque se hizo un corta y pega del contrato de 2002, y que de ahí venía el error”.

Por otro lado, Doblas ha comentado que la jueza ha preguntado al investigado cómo es posible que no se hubiera dado cuenta nadie hasta la fecha de que el nombre del arrendador estaba incorrecto en el contato, apuntando que el popular ha indicado que “desconoce el motivo”.

Además, Nozal ha sido cuestionado por su cargo en la comunidad de Cabopino, señalando que “hasta 2010 era administrador” y que posteriormente “se ha dedicado a la política”, según ha especificado Doblas. También por quién ejerce la representación de la misma, que es llevada a cabo por su mujer, Michelle van Gaalen, que también está siendo investigada por un juzgado de Marbella por un presunto delito contra el patrimonio de la comunidad de propietarios de Cabopino.

El abogado de la parte denunciante ha indicado que el popular se ha “acogido a su derecho a no declarar” cuando éste le ha interpelado en el marco de la investigación judicial, así como el letrado que ha asistido a Nozal no le ha hecho preguntas a su cliente. Por último, Doblas ha señalado que la jueza ha decidido “practicar más diligencias” y solicitar “la declaración de la administradora, del presidente y de la empresa responsable de los cajeros”.

Por otra parte, este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión de Ángel Nozal en torno a su declaración en el marco de la investigación judicial, aunque el pasado mes de mayo negó que hubiera firmado el contrato de alquiler: “Yo no firmé el contrato. Lo firmó el presidente, Gianni Fieno”, dijo. En este sentido, el candidato del PP a la Alcaldía de Mijas explicó que “el Banco Popular, ahora Santander, envió una renovación del contrato a la comunidad en el que ponía mi nombre como representante de la misma, no siéndolo y el presidente firmó como representante de la comunidad”.

“Mi firma, por tanto, no figura en ningún sitio porque en esa fecha yo ya no era el representante de la misma. El contrato anual era de unos 3.000 euros que el banco ingresaba mensualmente en una cuenta corriente de la comunidad en el propio banco del Santander”, aseguró, al tiempo que matizó que "no soy el administrador de Cabopino desde 2010".

La denuncia versa sobre “hechos que pueden suponer presuntos actos constitutivos del tipo penal de estafa, apropiación indebida y administración desleal, entre otros” y que los vecinos de esta comunidad de Marbella califican como “presuntos delitos contra el patrimonio de la comunidad de propietarios” por la firma del contrato supuestamente en calidad de administrador sin tener autorización para ello, y por una supuesta merma en los ingresos en concepto de alquiler del espacio de "12.311,43 euros" entre los años 2017 y 2022, según el documento.