Suspendido el lanzamiento de las cocinas del hotel Guadalpín Banús por la huelga de funcionarios de Justicia

Marbella/El lanzamiento previsto para este jueves de las cocinas y otras zonas comunes del hotel de cinco estrellas Guadalpín Banús, localizado en Marbella, ha quedado suspendido a causa de la “huelga de funcionarios” de la Administración de Justicia, motivo por el cual la comisión judicial encargada de ejecutar el desalojo no ha acudido a las instalaciones hoteleras, según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Así, desde el alto tribunal andaluz han señalado que por el momento “no hay fecha prevista” para ejecutar la “entrega de la propiedad” al demandante, la cual estaba prevista para este jueves, según ha dictado el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, y deriva de una demanda interpuesta por uno de los múltiples propietarios del edificio, que es explotado por una empresa.

El representante legal de los trabajadores, Francisco Reina, ha celebrado que los funcionarios de Justicia se hayan acogido a “su derecho de huelga”, lo que permitirá que se abra “un marco de posibilidades legales” y “un margen de tiempo donde pueda tener cabida cierta negociación que desemboque en una solución pactada o negociada que garantice la continuidad del servicio” y que “el fantasma del cierre se disipe”.

En el marco del procedimiento, el letrado entiende que “el bien jurídico a proteger en este momento es el mantenimiento de los puestos de trabajo”, lo que no implica que “los legítimos propietarios puedan seguir ejerciendo ese derecho y recabando el auxilio de la Administración de Justicia” para adquirir la posesión, pero “eso no está claro y debe prevalecer ese interés de casi 200 familias”, ha aseverado, por lo que solicita al juzgado la posibilidad de negociar.

Según ha explicado, la resolución del Mercantil “pasa por efectuar un lanzamiento de unas infraestructuras que conforman el conjunto del complejo hotelero”, afectando a elementos esenciales para el buen funcionamiento del hotel como las cocinas y las terrazas, valorando que de llevarse a efecto “supondría irremediablemente si no el cierre de la instalación hotelera, un contratiempo importante para el mantenimiento de los casi 200 empleos”.

La orden de lanzamiento deriva de la demanda interpuesta por unos nuevos propietarios que “reclamaban la posesión de unos bienes que teóricamente son suyos”, remarcando que “hay importantes discrepancias respecto a esa titularidad”, la cual ya fue paralizada en noviembre de 2021 y el desalojo estaba previsto para este jueves. Por ello, los trabajadores se han concentrado hoy contra la orden de desalojo, que finalmente no se ha ejecutado.

Por otro lado, el letrado ha recordado que existe un procedimiento judicial paralelo en torno a la definición de los linderos en la finca, puesto que hay varios particulares, empresas, bancos y fondos de inversión que tienen propiedades en la misma, el cual se dirime en los juzgados para “determinar con exactitud y con rigor los límites de la propiedad y además aclarar determinadas cuestiones como aquellas que hacen referencia a espacios comunes”.

“Estamos inmersos en procedimientos judiciales que desgraciadamente deberían estar coordinados, y que pueden producir daños irreparables”, ha referido Reina, quien ha apostado por resolver ciertas cuestiones en torno a “qué legitimidad tienen respecto a reclamar lo que se reclama”. En este punto, ha asegurado que “hay documentación que no coincide con lo que el Registrador ha expedido en concepto de certificado registral”.

El cierre de las cocinas implica la merma de la categoría hotelera

Por su parte, el secretario de Organización de CGT en Andalucía, el Miguel Montenegro, ha calificado la situación del establecimiento como “un verdadero atentado social por intereses propios del capital”, por lo que ha apelado a que “las partes en conflicto por la propiedad lleguen a un buen entendimiento, sobre todo por salvaguardar estos 200 puestos de trabajo”.

“Desde CGT vamos a estar vigilantes y vamos a ser muy beligerantes con que se puedan perder 200 puestos de trabajo”, ha aseverado el sindicalista, quien ha solicitado que “el hotel siga prestando su servicio tal cual” ya que el cierre de las cocinas o de las terrazas “afectaría seguramente a la totalidad” y “se le caerían las estrellas” al establecimiento turístico.

La secretaria de Servicios de CCOO, Lola Villalba, ha destacado que “es imposible que un hotel de cinco estrellas pueda dar un servicio que no lleve aparejado ni la restauración ni las terrazas”, recordando que “la propia Ley de Turismo no permite un cinco estrellas sin dar servicio de comedor”.

La sindicalista ha expresado no entender “cómo es posible que se venda una propiedad que no se ponga a disposición de la explotadora”, al señalar que el establecimiento “un apartahotel, no un hotel al uso, y por lo tanto, hay una obligatoriedad por parte de los compradores de poner de uso turístico las habitaciones”. Además, ha cuestionado “cómo se puede vender una parcela sin tener determinados los linderos”.

En este sentido, ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga que de forma previa al lanzamiento “vea claramente dónde están los linderos de la compra que ha hecho esta empresa”, al tiempo que ha indicado que en Andalucía “el turismo es la base del trabajo de miles de personas”.

Por su parte, la presidenta del comité de empresa, Jaqueline Largacha, ha solicitado al Ayuntamiento de Marbella que intervenga para negociar entre las partes, así como ha subrayado que “esta estructura esta por los trabajadores”.

Los estatutos obligan a ceder la explotación de los espacios

El abogado José Fernández es propietario de uno de los apartamentos que alberga el hotel Guadalpín Banús, así como ejerce la representación legal de otros 10 que aglutinan “25 unidades” de las 181 habitaciones con las que cuenta el establecimiento turístico de Marbella.

“Desde el principio sabíamos que no se compraba un apartamento para el disfrute del uso personal, no tiene carácter residencial, es de uso hotelero y con una división horizontal y unos estatutos donde a todos los propietarios nos obligan a someter a explotación hotelera” los inmuebles, ha detallado.

Fernández ha recordado que en el año 2009 tuvo lugar el concurso de acreedores tanto de Aifos -la empresa constructora y promotora del hotel-, como de Promociones y servicios hoteleros -que era la encargada de la explotación del mismo-, de la cual ha destacado que “estaba participada al 100%” por parte de la promotora. Así, ha lamentado que “durante todos estos años los propietarios no cobraron y no retiraron de explotación sus apartamentos, sino que apostamos por esto, los puestos de trabajo y el hotel”.

Según ha explicado, en el edificio puede haber “unos 42 propietarios entre locales y apartamentos” pertenecientes a particulares, sociedades, bancos y fondos de inversión, acaparando estos dos últimos un “70% del coeficiente de participación del hotel”.

El abogado y propietario ha señalado que ambos concursos de acreedores continúan “abiertos”, y durante el mismo, “Aifos ha ido perdiendo propiedades” de las cantidades que adeudaba a “acreedores, proveedores, propietarios y trabajadores” y han surgido nuevos poseedores. De este modo, ha señalado que “la Caja rural tenía las hipotecas” de la promotora, por lo que “se convierte en propietaria” y un fondo de inversión “compra un derecho de crédito y lo ejecuta”, que es el que ha demandado para que se produzca el lanzamiento de las cocinas y las terrazas.