La administración de Cabopino "entrega un 80%" de la documentación reclamada sobre las cuentas en el Juzgado
La edil del PP de Mijas, Lourdes Burgos, ha acudido como "representante" de la empresa de Nozal
Vecinos de la urbanización Cabopino de Marbella reclaman judicialmente las cuentas a la administración, que ejerce la esposa del exalcalde de Mijas
Marbella/La administración de la lujosa urbanización Cabopino, localizada en Marbella, -que ejerce la esposa del exalcalde de Mijas, Ángel Nozal-, ha presentado este miércoles "un 80%" de la documentación relativa a las cuentas de la comunidad que varios vecinos han solicitado judicialmente, acudiendo a su entrega la concejala del PP de Mijas, Lourdes Burgos, como "representante" de la empresa del popular, según ha declarado el abogado de los denunciantes, Antonio Jesús Doblas.
La citación judicial ha tenido lugar esta mañana en el Juzgado de 1ª Instancia número 2 de Marbella, localizado en la avenida Arias de Velasco, donde se han practicado las “diligencias preliminares para obtener documentos de la administración, ya que se nos niega” presuntamente, ha indicado el letrado.
El abogado ha señalado que por parte de la administración de la comunidad -que realiza la empresa Centro de Servicios Alcántara, de la que ha asegurado que es “dueño” el exalcalde de Mijas y presidente del PP de la localidad; ha comparecido un “letrado que traía un poder de representación de la administradora” y es el que “ha practicado junto con una representante de la administración el acto de las diligencias previas”. Esta representación la ha ejercido “la concejala del PP de Mijas, Lourdes Burgos, que ha venido como empleada de la empresa Centro de Servicios Alcántara”, ha agregado.
El letrado ha señalado que la representación de la administración de la comunidad “ha entregado un 80% de todo lo que se pedía”, en relación a la documentación solicitada de las cuentas de los cinco últimos años en una denuncia interpuesta por varios vecinos. Entre ella se encuentra “un listado de facturas bastante amplio de 2017 a 2021”, una “copia del Libro de actas desde 2010 hasta noviembre de 2021, que fue la última reunión", así como "los cargos del actual presidente, que es una sociedad mercantil, para cotejar que efectivamente esta persona tiene facultades para representar la empresa y actuar como presidente”.
Sobre el resto de la reclamación documental, ha precisado que “se ha entregado además del libro de facturas, unos pequeños apuntes contables de los últimos ejercicios”. “Por nuestra parte entendemos que no se ha completado debidamente el listado de propietarios, y se ha exhibido también una copia de las representaciones de la última reunión, porque teníamos sospechas de que presuntamente no era veraz toda la información, tanto de asistentes como de representados”, ha valorado.
Doblas ha recordado que los vecinos han pedido mediante una denuncia interpuesta en el Juzgado “una documentación bastante amplia como el libro de facturas o el listado de coeficientes y de propietarios, que eso no se nos ha entregado al completo y se han escudado en la protección de datos”, entregando solo la primera lista. Al hilo de ello, ha hecho alusión a la necesidad de “tener un listado de propietarios actualizado porque tenemos una reunión de propietarios el 8 de octubre”.
La documentación aportada habrá ahora que “estudiarla y valorarla”, y tras ello “se decidirá si se interpone contra la administración una demanda penal o civil”, ha remarcado el abogado, quien ha subrayado que “todo esto se podría evitar si por parte de la administración y del presidente pusieran los medios necesarios para estos comuneros, y parece ser que cada vez muchos más están conscientes de que la forma de proceder, tanto de la administración como del presidente no es transparente, y nosotros lo que venimos es demandando transparencia”.
Entre los vecinos afectados se encuentra la colabora de televisión Aída Nízar, que este miércoles ha asistido al Juzgado junto con otros propietarios. “Cabopino gestiona millones de euros”, ha indicado, señalando que presuntamente la comunidad “factura en B”, por lo que varios comuneros han acudido a la Justicia “para exigir responsabilidad penal y económica a nuestro administrador y a nuestro presidente”.
Según Nízar, es el propio Ángel Nozal el que supuestamente “nos da las explicaciones” y “el que actúa como administrador”, asegurando que su mujer “lleva muy poco siendo administradora”. “Ella era su secretaria, se sacó un título express y es nuestra administradora, pero desconoce la Ley de propiedad horizontal, que el comunero tiene derecho a ver sus cuentas, el libro mayor y a que se nos convoque con las cuentas en la mano”.
Por otro lado, ha indicado que “han sido muchísimas las comunidades que se han puesto en contacto con nosotros como Riviera, Las Lomas, Benahavís o Calahonda, cientos de administraciones las que han denunciado”, y que supuestamente son administradas por la empresa del popular. Además, ha señalado que se ha pedido “audiencia al presidente del Colegio de administradores” de Málaga.
“Hoy es la recapitulación de a ver qué cuentas nos dan, y después de esto lo que tenemos que hacer es auditarlas y eso es lo que ambicionamos”, ha enfatizado la colaboradora televisiva, quien ha apuntado a la necesidad de que los juzgados hagan “valer la ley de propiedad horizontal para que se cumpla y para que el señor Nozal si quiere ser político, recuerde que debe de gestionar”.
“No puedo entender cómo a un señor Nozal, futuro candidato a la Alcaldía de un lugar como Mijas, que en el caso de Cabopino gestiona millones y tenemos fuertes sospechas de que presuntamente existen muchísimas irregularidades, por eso estamos en los Juzgados; vamos a confiar un ayuntamiento como el de Mijas, que es uno de los que más dinero maneja en España”, ha valorado Nízar.
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