La APPA inicia un expediente sancionador por la ocupación de aparcamientos con terrazas en Puerto Banús

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) “ha iniciado expediente sancionador” contra Puerto Banús como presunto responsable por la ocupación de aparcamientos con terrazas, lo que podría implicar una infracción administrativa considerada como leve y que sumaría la cantidad de 6.000 euros, según han destacado desde el organismo. Mientras, desde la marina han señalado que “son los comerciantes los que solicitan las autorizaciones”.

La propuesta de expediente sancionador, a la que ha tenido acceso este diario, deriva de una denuncia interpuesta por la Federación Malagueña Ecologistas en Acción en abril del pasado año. Desde la APPA han declinado dar más información sobre el procedimiento hasta su finalización.

En concreto, los hechos tienen que ver con la “ocupación del dominio público portuario destinado a plazas de aparcamientos, como terrazas sin título habilitante e incumpliendo las condiciones del título otorgado”, recoge el escrito.

El documento señala que estos hechos pueden ser “constitutivos de una infracción administrativa de carácter leve”, respecto a la que “corresponde presunta responsabilidad” al denunciado, en este caso Puerto Banús.

Según el texto, “constan informes emitidos por la Jefatura de Zona Portuaria Málaga-Poniente de 23 de mayo y 7 de noviembre de 2024, que atestiguan la ocupación con terrazas en espacios destinados a plazas de aparcamiento” frente a 3 locales comerciales.

Además, existe “un comunicado del Área de Dominio Público, por el que informa de que la ocupación del dominio público no obstaculiza el desarrollo normal de las actividades portuarias en su conjunto”, añade.

Así, la cuantía propuesta en el “acuerdo de inicio asciende a 6.000 euros”, aunque cabe una reducción del 20% si el denunciado “reconoce su responsabilidad” y otra de la misma cantidad por “pago voluntario antes de la resolución” del expediente.

“En ambos casos, su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción”, por lo que “podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción de 3.600 euros”.

Asimismo, se impone “la obligación de retirar el mobiliario, restituir los bienes y de reponer la situación alterada al estado anterior a la comisión de la infracción”.

El documento, fechado el 3 de diciembre del pasado año, señala que hay un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la notificación, para presentar “alegaciones, documentos o informaciones” por parte de la marina, y en su caso, “proponer prueba”. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento es de un año.

La marina señala que “no hay sanción alguna”

Por su parte, desde la concesionaria de Puerto Banús han señalado que a día de hoy “no hay sanción alguna” contra la marina, ni ha tomado una decisión respecto al expediente sancionador de la APPA.

La empresa ha indicado que en verano “hubo seis terrazas” que se quitaron al finalizar la temporada, de un total de 200 locales que concentra el puerto, destacando que tras la denuncia de los ecologistas hay “dos expedientes” paralelos. Uno de ellos tiene que ver con el mencionado acuerdo de incoación de expediente sancionador iniciado por la APPA.

El otro con que “al inicio del verano se recurrió una orden de retirada de las terrazas y aún no se ha resuelto”, así como “solicitó la suspensión de la orden de retirada, que fue otorgada por silencio administrativo”.

El puerto ha apuntado que el proyecto de ordenación de espacios libres y regularización de terrazas de 1998 “reconoce a la misma concesionaria, en su apartado 1.4.1.7, la facultad de gestionar los accesos de vehículos atendiendo a criterios de ordenación de la circulación y de los establecimientos disponibles”.

De este modo, han indicado que “algunos locales han disfrutado de un espacio adicional, acogiéndose a la resolución de la Dirección General de la APPA de mayo 21”, que según han asegurado, este documento fue “específico para Puerto Banús” al ser una concesión privada y con el espíritu de las leyes del momento para “favorecer la restauración por el Covid-19”.

Así, la marina ha destacado que “siempre ha fijado contractualmente que son los comerciantes los que solicitan las autorizaciones para esta ocupación adicional”, por lo que ha remarcado que “es absolutamente falso que Puerto Banús esté ocupando de forma ilegal ninguna terraza”.