La Fiscalía archiva una denuncia por vertidos en Río Real de Marbella durante la DANA

El Fiscal considera que de los hechos denunciados "no se desprende la existencia de indicios de delito" ni de "ningún otro ilícito penal”

El PSOE denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente “vertido de saneamiento” en Río Verde, en Marbella

La concejala de Asesoría Jurídica, María Francisca Caracuel.
La concejala de Asesoría Jurídica, María Francisca Caracuel. / M. H.

Marbella/La Fiscalía Provincial de Málaga ha archivado una denuncia interpuesta por el grupo municipal del PSOE de Marbella contra Acosol, el Ayuntamiento y la Junta por “un posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente” a causa de los vertidos ocasionados el pasado noviembre a causa de la DANA en el Río Real, al considerar que "no se desprende la existencia de indicios de delito" ni de "ningún otro ilícito penal”, según ha informado este miércoles la concejala de Asesoría Jurídica, María Francisca Caracuel.

Así lo ha dictado el Ministerio Fiscal en un decreto fechado el pasado 5 de febrero, al que ha tenido acceso a Málaga Hoy, por lo que la edil ha lamentado que el PSOE No ha tenido “reparo ninguno en utilizar un hecho tan grave como fue la de la DANA”. “Esto no es hacer política, hay que tener muy mala fe, pero es una respuesta muy contundente por parte de la Fiscalía”, ha subrayado Caracuel.

La denuncia fue interpuesta por el PSOE en enero y tiene que ver con la DANA del 13 de noviembre del pasado año y su afectación a “los colectores de aguas residuales que conectan el municipio de Ojén con la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de La Víbora -que discurre por el cauce del Río Real-, y se encontraba en muchos tramos sin sus arquetas de registro”, según el decreto del Fiscal.

Según los denunciantes, las precipitaciones generaron una “subida del caudal” en el Río Real, que provocó que “los colectores sufrieran obstrucciones por la vegetación de ribera arrastrada y los sedimentos de las escorrentías” -además de su “falta de mantenimiento”-, y con ello un vertido de “de 532 metros cúbicos diarios, afectando gravemente a todo el ecosistema”.

El Fiscal considera que no hay “indicios de delito”

El Fiscal ha determinado en su escrito que “de los términos de la denuncia no se desprende la existencia de indicios de delito contra el medio ambiente, como de ningún otro ilícito penal”.

Ello lo argumenta en que “la falta de arquetas de registro no está acreditada”, aunque matiza que “se afirma que los colectores de aguas residuales que conectan el municipio de Ojén con la EDAR de La Víbora se encuentran “en muchos tramos” sin sus arquetas de registro antes del episodio hidrometeorológico”.

Además, agrega que “tampoco se entiende que se pueda atribuir a dichos hechos los daños ocasionados por el excepcional episodio meteorológico, pues todos sabemos que las aportaciones de caudal extraordinarias como la entonces acaecida, aumenta la presión de los colectores hasta el punto de hacer saltar las arquetas, estén o no debidamente colocadas”.

Por otra parte, señala que “se denuncia a los responsables del Ayuntamiento de Marbella, cuando entendemos que si se trata de conexiones del Ayuntamiento de Ojén con la EDAR, es de suponer que del mantenimiento de dichas conexiones debería ser responsable” el segundo.

Según la Fiscalía, “la responsabilidad derivada del inadecuado mantenimiento de las instalaciones y las consecuencias que del mismo puedan derivarse, no creemos que pueda tener acogida por la vía penal” y “ni siquiera como delito de vertidos por omisión”.

De este modo, apunta a que “el factor determinante de los daños ocasionados no parece ser la falta de mantenimiento, como decimos no acreditada, y sí la extraordinaria aportación de caudal derivada de un fenómeno meteorológico que habría superado la capacidad de evacuación del sistema”.

“El Ministerio Fiscal no puede convertirse en una instancia de supervisión de las actuaciones de la Administración o de particulares en general, y su intervención debe limitarse a aquellos supuestos de existencia de indicios racionales de criminalidad, no de revisión de los actos u omisiones de dicha administración”, señala el documento.

Por ello, ha decretado “el archivo de las diligencias de investigación notificándose a los denunciados y a los denunciantes, y haciendo saber a estos últimos que pueden reiterar su denuncia ante el Juzgado de Instrucción correspondiente”.

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