La Inspección de Trabajo exige a la Junta "medidas" para mejorar la seguridad en los juzgados de Marbella

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía deberá adoptar “actuaciones concretas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y los usuarios” de la sede judicial de la avenida Mayorazgo de Marbella, según ha informado este miércoles la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Mientras, la Administración andaluza señala que está adoptando las "medidas" desde el pasado mes de julio.

Así, el sindicato ha dado a conocer hoy el requerimiento realizado por parte de la Inspección de Trabajo a la Consejería, en base a una denuncia que CSIF interpuso en 2023 contra la situación que presenta la planta judicial en el barrio de Miraflores, que actualmente alberga los juzgados de Instrucción, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal.

Según han indicado, en la denuncia se alertó de “los graves incumplimientos en materia preventiva en este centro”, destacando que la Inspección de Trabajo ha establecido "el 28 de febrero de 2025 como fecha tope para que se acometan estas actuaciones, necesarias para garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras y usuarias que acuden a estas dependencias".

CSIF han denunciado que la planta judicial “carece de los medios preventivos necesarios en caso de incendio, así como de medidas que garanticen la seguridad y la movilidad para personas con discapacidad funcional establecida en la normativa”.

A ello han agregado que “los dos ascensores del edificio presentan continuos problemas de funcionamiento”, asegurando que “uno de ellos ha permanecido averiado durante meses, mientras que el otro presenta constantes bloqueos, por lo que se requiere de forma frecuente la intervención del cuerpo de Bomberos de Marbella”.

De este modo, han apuntado que un año después la Inspección de Trabajo ha requerido a la Consejería de Justicia para que proceda a “instalar nuevos ascensores, adoptar medidas de protección contra incendios de carácter pasivo en los términos fijados por la evaluación de riesgos y realizar y documentar un simulacro, todo ello en fecha tope de 28 de febrero de 2025”.

Además, ha requerido que “con carácter inmediato, garantice que las zonas donde se ubican las redes de mantenimiento anexas a los ascensores se encuentren cerradas, asegurando que únicamente puede acceder a las mismas personal autorizado”. 

CSIF ha valorado que esta situación supone un “tremendo riesgo en caso de un eventual incendio, especialmente para las personas con movilidad reducida”, recordando “los numerosos incidentes ya registrados, donde los propios funcionarios han tenido que intervenir para auxiliar a ciudadanos y policías que han quedado atrapados en el ascensor”.

Por otra parte, desde el sindicato han señalado que el edificio, de 5 plantas de altura, “carece de escalera antiincendios, por lo que en caso de producirse, tanto los trabajadores como los usuarios se encontrarían expuestos a un grave riesgo para su seguridad”.

A este respecto, CSIF ha señalado que estas dependencias llegan a albergar más de 250 personas en hora punta, que ante una situación de peligro extremo sólo podrían evacuar el edificio por la única escalera que existe en el mismo. A ello ha sumado “los constantes cortes de electricidad en el edificio por subidas de tensión, que a su vez comportan un grave riesgo de incendio, ya que el cuadro eléctrico está ubicado en uno de los archivos, cerrado, atestado de cajas con expedientes y sin extintor”.

Licitación desierta para renovar los ascensores

Por último, desde CSIF han lamentado que la licitación de las obras para sustituir los ascensores ha quedado “desierta”, con un “presupuesto desactualizado de 2021”, destacando que hoy, en una reunión del Comité de Seguridad y Salud de la Delegación territorial de Justicia, la Administración ha informado de un nuevo proyecto”.

Según han precisado, la nueva licitación contempla “un aumento de 67.000 euros y se eleva el total a 240.000 euros, cuyo plazo de presentación termina este jueves, tramitado por la vía de urgencia”.

La Junta señala que las medidas se están adoptando desde julio

Por su parte, desde la Junta de Andalucía han destacado que “las medidas se vienen adoptando desde el pasado mes de julio”, en el que se reunió con la Inspección de Trabajo; a excepción de la licitación de los ascensores que se viene tramitando con anterioridad.

Desde la Consejería han destacado que entre las medidas que se están adoptando, requeridas por la Inspección de Trabajo, se encuentra “la colocación de carteles de emergencia, que ya están puestos”.

Por otra parte, han indicado que la fecha límite del 28 de febrero de 2025 hace referencia a “iniciar los trámites” para solventar los problemas de los “ascensores”, recordando que ya se publicó una licitación que quedó desierta, por lo que actualmente hay “abierta” otra con “un nuevo pliego más amplio”.

Otra de las medidas que va a adoptar la Junta es la realización de un “simulacro”, que está pendiente de ejecución, así como en materia de incendios se va a proceder a “la colocación de puertas ignífugas, que se están preparando”.