La jueza deriva a la mediación una denuncia vecinal por el cómputo de las votaciones en la comunidad de Cabopino, en Marbella
Los denunciantes apuntan a presuntas "irregularidades" en la representación
Problemas en la urbanización de lujo Cabopino: reclaman judicialmente las cuentas a la administración, que ejerce la esposa de Nozal
Marbella/El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Marbella ha derivado a la mediación extrajudicial la resolución de un conflicto generado en la comunidad de propietarios de la urbanización de lujo Cabopino, que deriva de una demanda interpuesta por varios vecinos por presuntas “irregularidades” en el sistema de representación para votar en una junta, así como de las decisiones adoptadas en la misma.
El abogado de los comuneros denunciantes, Antonio Jesús Doblas, ha explicado tras celebrarse este jueves la “vista previa al juicio oral”, que la jueza “ha suspendido el procedimiento” y ha señalado para el 16 de marzo de 2023 la fecha en la que las partes deberán “ponerse de acuerdo” mediante este procedimiento extrajudicial.
En concreto, Doblas ha señalado que en febrero de este año varios vecinos de Cabopino interpusieron una “demanda de impugnación” contra la comunidad, con la finalidad de que “se declare la nulidad de la junta de propietarios y los acuerdos adoptados en la misma, del día 26 de noviembre de 2021”.
El abogado ha indicado que en la demanda se impugna la “representación” del presidente de la comunidad en dicha junta - que “es apoderado de una sociedad que es la presidencia”-, donde “entre sociedades y particulares llevaba el 51% con 55 votos”.
Así, ha apuntado que “si manejas el quorum de los votos -las votaciones-, manejas las reuniones porque puedes aprobar lo que te da la gana al tener mayoría siempre, y eso es lo que venimos denunciando”, ha lamentado Doblas.
Según ha indicado, estas representaciones presentan supuestamente “irregularidades” en los “requisitos de forma” por aspectos como “la fecha de la convocatoria, que tiene que venir”, autorizaciones “sin fecha de la reunión” o “anterior” a la convocatoria, “algunas llevan una firma no legible” o “firma de sociedades, cuando tienen que estar representadas por un administrador”. En este punto, ha señalado que “la administradora -de fincas- tendría que corroborar que esas representaciones no son válidas” y las “ha dado por bueno”.
De este modo, ha destacado que supuestamente con esta forma de representación a la hora de votar en la junta se aprobaron otros aspectos que también se han impugnado en la demanda, como “las cuentas porque no se nos pasa información de lo que se ingresa y se gasta en la comunidad, ni de los movimientos bancarios”, por lo que “tenemos en duda que la realidad contable sea la que se presenta en las juntas”, además de los gastos.
Por otro lado, los denunciantes han impugnado que presuntamente “hay propietarios que son morosos y se ha hecho una especie de ficción legal para que puedan votar en la reunión, pero que realmente son deudores”, así como “un acuerdo donde se condona una serie de deudas a locales de la comunidad” supuestamente, que ha valorado en “cerca de 40.000 euros” sin “el permiso ni el conocimiento de la comunidad.
Por su parte, el abogado de la comunidad de propietarios de Cabopino, José María Hinojosa, ha declinado hacer declaraciones al respecto, alegando que no cuenta con “la autorización” de su cliente, aunque ha valorado que la mediación es “positiva”.
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