El juicio del 'clan de los suecos': la historia de la moto que se usó para asesinar a 'Maradona'

Tercer día de juicio del clan de los suecos. Y este jueves ha declarado la defensa de la única mujer que se ha sentado en el banquillo -después de que se retiraran los cargos contra la pareja de uno de los procesados- por el asesinato del narco conocido como Maradona. Se trata de la madre del acusado de recoger en Alemania y llevar presuntamente a Marbella la motocicleta con la que el autor del primer crimen se desplazó hasta el lugar de los hechos y, después, huyó.

Esta mujer, de 68 años, habría adquirido el 14 de febrero de 2018 -tres meses antes de que Maradona fuera asesinado a tiros en la puerta de la iglesia en la que su hijo acababa de hacer la comunión- una motocicleta marca Yamaha T-Max a través de la una página alemana de internet dedicada a la compraventa de vehículos a motor por 6.400 euros, según describe el escrito de acusación de la Fiscalía.

Unos hechos que su abogada, Mar Portillo, ha desmentido. "Tanto la Policía en su investigación como el Ministerio Fiscal parten de una premisa errónea, pues la reserva por internet se hizo a través del correo electrónico de uno de los acusados", ha declarado. De hecho, afirma que en la factura de compra ni siquiera aparece su nombre completo, DNI, Pasaporte o firma. "Ella estaba tranquila en su casa cuando se realiza la compra".

En la misma línea que los letrados del hijo de la acusada y su amigo -ambos procesados en calidad de cómplices del primer asesinato- ha expuesto su tesis Portillo, asegurando que los investigados se dedicaban a hacer mudanzas, lo que explicaría que alquilaran en la ciudad sueca de Heilsinborg una furgoneta -por un importe de más de 5.000 euros- para hacer un traslado hasta Marbella que un cliente encargó. Las defensas insisten en que el ciudadano también le habría encomendado a los supuestos trabajadores la adquisición de "una moto de segunda mano" para que la trasladasen a España con el resto de enseres.

Según la letrada de la acusada, los investigados decidieron poner el nombre y la dirección de su representada porque ellos tenían ciertas deudas en Suecia y temían posibles embargos, según la argumentación de la letrada. "Esta desafortunada decisión cambia la vida de mi representada y ahora se encuentra acusada de cómplice de asesinato", ha lamentado Portillo.

La abogada, que ha definido de "infierno" la situación que ha atravesado la acusada desde que fue arrestada, también ha dibujado un retrato de su vida y trayectoria profesional. Madre de cinco hijos y abuela de 12 nietos, también acogió durante varios años a dos menores, pues está "muy sensibilizada con el voluntariado", ha asegurado su defensa. Sueca de origen, ha residido toda su vida en la ciudad de Malmö. Pero, "en la periferia, en una zona tranquila", ha apuntado.

"Religiosa" y "querida", Portillo ha contado que trabajó durante 25 años en el comedor de un colegio público. Si bien, hace cinco se tuvo que dar de baja por enfermedad. En la actualidad, la acusada -siempre según el relato de su defensa- se dedica a cuidar a sus nietos y ejerce como la "típica abuela". "Nunca ha sido detenida ni tiene antecedentes, no tiene carné de conducir tampoco posee ordenador y no ha comprado una por Internet porque no sabe cómo hacerlo", ha descrito Mar Portillo.

Una "vida apacible" que se vio interrumpida cuando la Policía sueca irrumpió en su domicilio por una orden de detención europea, ha criticado la letrada. A partir de ese momento, relata que fue traslada a un centro penitenciario de Madrid y, después, a Alhaurín de la Torre. En total, la mujer ha permanecido en prisión preventiva durante ocho meses "sin hablar nada de español" y "con una herida que no le cicatriza en la pierna", ha enfatizado Portillo.

En su caso, el Ministerio Fiscal pide una pena de 12 años de prisión por "complicidad en un delito de asesinato"; misma condena que solicita para su hijo, el amigo de este y una cuarta persona apodado como "el cocinero" por su labor en el restaurante de uno de los procesados principales. Para los cuatro acusados de acabar de forma directa y conjunta con la vida de las dos víctimas, el Ministerio Público pide la prisión permanente revisable.

Así sucedieron los crímenes, según el relato de la Fiscalía

El primer crimen fue cometido sobre las 14:00 del 12 de mayo de 2018 cuando los acusados, presuntamente de forma conjunta, decidieron acabar con la vida del narco que minutos antes había salido de la iglesia en la que había celebrado la comunión de su hijo menor, según el escrito de calificación de la Fiscalía.

La víctima, que era propietario de un gimnasio y un club de playa, fue tiroteada tras salir del templo con su familia y un amigo, “en el preciso instante que subió al coche por la puerta del conductor”, al tiempo que su mujer y sus dos hijos menores subían a la puerta trasera del mismo y un amigo se colocaba en el asiento del copiloto.

Tal y como describe el fiscal, salió por la parte delantera del coche uno de los acusados vestido de negro y con un casco integral oscuro. En ese momento, empezó a disparar con una pistola automática de frente y por la puerta del conductor, y realizó al menos cinco disparos que impactaron en su cuerpo y en centros vitales.

El segundo crimen fue cometido meses más tarde, concretamente el 20 de agosto, cuando uno de los acusados principales, encapuchado, supuestamente mató a un hombre que se disponía a salir de su vivienda, ubicada en una urbanización de Estepona.

El asesinato sucedió en torno a las 3:32 horas cuando la víctima salió de su domicilio para accionar la apertura de su vehículo y, en esos momentos, uno de los acusados, que había llegado con anterioridad a bordo de una bicicleta que había escondido tras unos contenedores de basura, salió a su encuentro.

Con una pistola automática de nueve milímetros comenzó a dispararle hasta nueve veces sobre el cuerpo y a corta distancia lo que le causó la muerte de forma instantánea.

El resto de acusados se encontraban a escasos metros y al llegar a ellos dejaron abandonada la bicicleta que posteriormente fue recuperada por la Policía en unos matorrales.

Otro de los acusados que se sentó ayer en el banquillo presuntamente les proporcionó la identidad y datos para el alquiler de un vehículo que solo fue utilizado para las labores del crimen y les ayudó para ocultar y arrojar a la basura una bolsa con diversos dispositivos electrónicos y geolocalizadores que habrían utilizado en la vigilancia del asesinato.