La Junta requiere a las partes que garanticen el uso hotelero y la unidad de explotación del Guadalpín Banús

La Delegación territorial de Turismo, Cultura y Deporte ha remitido sendos requerimientos a las partes en litigio por la propiedad y uso del hotel de 5 estrellas Guadalpín Banús de Marbella, con la finalidad de restituir el uso hotelero de toda la finca y mantener los puestos de sus 180 trabajadores en base a la Ley de Turismo de Andalucía, así como ha realizado 2 inspecciones para comprobar la situación de la planta hotelera, según ha informado este viernes la Junta de Andalucía.

Así lo han destacado desde la Administración andaluza tras mantener hoy una reunión con los trabajadores del establecimiento turístico, que el pasado 11 de julio sufrió el lanzamiento de varias zonas comunes que permanecen cerradas, como las cocinas o las terrazas, a causa de la petición realiza al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga por 2 de los múltiples propietarios del edificio.

Previamente y durante los últimos días, la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Gemma del Corral, junto a la secretaria general de la delegación, ha mantenido diversas reuniones con el comité de empresa de los empleados del complejo, afectados por el conflicto judicial, así como con las propiedades SPV Spain Project y Caja Rural de Granada, el representante de la comunidad de propietarios y Grisoma Hotelera, que explota el hotel Guadalpín Banús.  

Según han indicado, desde la Junta se han remitido sendos requerimientos a las partes en litigio por la propiedad y el uso del hotel, con la finalidad de restituir el uso hotelero de toda la finca y mantener los puestos de sus 180 trabajadores. Además, la Consejería ha realizado hasta el momento 2 inspecciones para la comprobación y el control del cumplimiento de la normativa vigente en materia de turismo. 

Según ha recordado la Junta, el pasado 11 de julio se ejecutó un lanzamiento de bienes decretado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, a instancias de una parte propietaria (SPV), que afecta a restaurantes, cocina principal del hotel, terrazas y otras zonas comunes donde se desarrolla el servicio de restauración del hotel Guadalpín Banús, y que perjudica directamente tanto a los 180 trabajadores del establecimiento como a sus clientes. 

Inspecciones a la planta hotelera

En las inspecciones efectuadas hasta el momento, se ha comprobado que desde el día del lanzamiento las fincas de su propiedad “se mantienen cerradas y sin destinarlas al obligado uso hotelero expresamente recogido en el citado auto judicial y, por consiguiente, contraviniendo el principio de unidad de explotación sin el debido mantenimiento, además entrando en colisión con lo preceptuado por el art. 35 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía”, han indicado.

Siguiendo lo establecido en la Ley, el principio de unidad de explotación asegura que todas las partes del hotel, incluyendo los servicios de restauración, así como las instalaciones de alojamiento, funcionen de manera integrada. En el artículo 41 de la Ley del Turismo se establece que los establecimientos serán gestionados bajo el principio de unidad de explotación, correspondiéndole su administración a una única persona titular. 

En este sentido, han apuntado que “la unidad de explotación supone la afectación a la prestación del servicio de alojamiento turístico de la totalidad de las unidades de alojamiento integrantes del edificio, o parte independiente y homogénea de la misma, siendo ejercida la gestión del conjunto por una única empresa titular, en este caso denominada Grisoma”. 

Por ello, la Junta de Andalucía ha instado, de un lado a SPV y Caja Rural de Granada, a que destinen los bienes de su propiedad en el complejo hotelero Guadalpín Banús a un uso hotelero, estando ante “una afectación legal que compromete el uso pero no la propiedad, por lo que tienen el deber de destinar los bienes de su propiedad en el complejo hotelero a un uso hotelero, permitiendo la continuidad de los servicios, sin obstaculizar el acceso a trabajadores o clientes y garantizando la conservación y el buen estado de las instalaciones”. 

Por otro lado, desde la Administración andaluza han señalado que se ha requerido a Grisoma, la empresa explotadora, a que en virtud del deber de protección del principio de unidad de explotación, así como de la obligación de las empresas turísticas de garantizar la prestación y el buen funcionamiento de los servicios conforme a la categoría del establecimiento, facilite el plan de contingencia que hayan puesto en marcha para garantizar los servicios del establecimiento y la unidad de explotación mientras se produce el restablecimiento de la situación. 

Asimismo, se solicita “un informe del histórico de ocupación durante el último año, de los recursos que sobre este asunto tenga pendientes y de las medidas que estén llevando a cabo para la debida protección de los intereses de terceros dignos de protección como son los trabajadores y los clientes”. 

También se le ha solicitado que “promueva y facilite que las instalaciones se conserven en adecuado estado, manteniendo los requisitos mínimos exigidos para su apertura y funcionamiento, en base al artículo 35 de la Ley del Turismo de Andalucía, para lo cual serán inspeccionadas periódicamente”.

Por su parte, los trabajadores han lamentado que tras casi dos horas de reunión con la Junta “siguen las buenas palabras y pocos hechos”, la cual “se salda con nuevas declaraciones de intenciones, apoyadas ahora con un escrito que desconocemos”, según han destacado desde la Confederación General del Trabajo (CGT).