Los operadores jurídicos prevén que el Palacio de Justicia de Marbella sea una realidad en 2026

Marbella/Los operadores jurídicos de Marbella prevén que el nuevo Palacio de Justicia sea una realidad en 2026, así como consideran que la cuantía destinada este año en los presupuestos de la Junta de Andalucía de 50.000 euros para el municipio es una “insignificancia”, según ha declarado el miembro de la Iniciativa cívica por el Centro Judicial de Marbella, Dionisio Carrillo.

El también letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de 1ª Instancia número 8 de Marbella, ha recordado que el colectivo fundado en 2010 tiene como “el principal objeto la dignificación de la Justicia en la ciudad a través de la mejora de las infraestructuras físicas judiciales” y la construcción de una nueva sede judicial, una petición que se remonta a 1997.

La Junta de Andalucía, que ostenta las competencias en la materia, tiene proyectada la construcción de un nuevo Palacio de Justicia en Marbella, para lo que el Ayuntamiento ha cedido una parcela de 13.000 metros cuadrados en La Torrecilla mediante un trámite que concluyó en mayo de 2021.

Desde entonces, se ha trabajado en el proyecto de creación de los accesos, para lo que ambas administraciones han acordado declarar la Carretera de Ojén de interés autonómico para poder encauzar una obra que tendrá un coste de 14 millones, a la que está supeditada la construcción de la Ciudad de la Justicia, según dio a conocer en octubre el consejero del ramo, José Antonio Nieto.

Carrillo ha avanzado que el nuevo equipamiento “tiene que duplicar como mínimo” la capacidad de las tres sedes judiciales con las que cuenta la ciudad como son las de las avenidas Mayorazgo y Arias de Velasco y la ubicada en la calle Doha, de 4.000, 2.400 y 1.200 metros cuadrados respectivamente.

Así, ha apuntado que la futura Ciudad de la Justicia debe de contar “como mínimo con entre 18.000 y 20.000 metros cuadrados” con la previsión de verse incrementada esta cantidad, por lo que se trabaja en un “diseño modular” consistente en “construir lo que realmente hace falta actualmente con las previsiones de aumento y tener previsto y provisto suelo o altura para cuando haga falta más”.

Además, ha señalado que “el edificio que tiene que ser único, funcional y pasivo desde el punto de vista medioambiental”, es decir, que “la energía que consuma la produzca” la propia construcción y que “por su naturaleza pueda ser independiente”. También deberá prever que “sea aumentable modularmente, que implica que el propio edificio este ubicado en un conjunto más amplio en el que irá la Comisaría de Policía Nacional, y posiblemente también la Policía Local y Tráfico de la Guardia Civil, pero eso está por ver”, ha agregado. El conjunto se complementará con “espacio para aparcamientos, para la llegada de una línea de autobús y para la movilidad sostenible” con estacionamientos para bicicletas.

El siguiente pasó tras la cesión de los terrenos es la declaración por parte de la Junta de Andalucía del “interés autonómico de la obra de los accesos”, según ha explicado el letrado, quien ha señalado que ello servirá como “una licencia para poder acometer el proyecto”, valorando que si se cumplen los plazos “en el último trimestre de 2023” comenzarían los trabajos, que se deben de emprender a nivel municipal. Por otro lado, ha indicado que están las obras del Palacio de Justicia, y que el colectivo pedirá que se empiece a “tramitar el pliego de condiciones y el proyecto constructivo” una vez que se inicien los accesos.

Un plazo "razonable"

De este modo, ha valorado que si se cumplen los tiempos de la obra de los accesos a la parcela, “podríamos irnos en un plazo razonable al año 2026, que sería optimista y razonable” para que el Palacio de Justicia fuera una realidad, aunque dependerá del “tipo de contratación” que haga la Junta del proyecto. En este sentido, ha indicado que hay dos fórmulas. Una sería que “lo haga con medios económicos propios”, y otra bajo la “cooperación público-privada” mediante la cual se haría una “licitación”, la empresa construye y “el particular percibe un canon y se le otorga la explotación determinados servicios anejos”.

Sobre la cuantía de 50.000 euros que contempla el presupuesto autonómico para el año 2023 en la ciudad, Carrillo ha subrayado que “es una en insignificancia”, aunque ha matizado que “es una previsión de gasto” y entiende que “desde el punto de vista administrativo puede ser como un crédito ampliable” y que “según avance la tramitación se pueda destinar más dinero”.

“A nosotros nos hubiera gustado que la partida planteada fuese superior, pero siempre y cuando eso no signifique que no se pueda ampliar en el futuro, porque está claro que para 2023 con 50.000 euros no se puede hacer nada. Y si en 3 años son 125.000 euros -como ha denunciado el PSOE- menos todavía”, ha apuntillado.