Marbella aprueba el pago en cuatro años de 18, 2 millones para los accesos al Palacio de Justicia

El Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Marbella ha aprobado este viernes fraccionar en anualidades entre los años 2025 y 2028 la inversión que el Consistorio destinará a las obras de acceso y urbanización interior del futuro Palacio de Justicia, que suman un total de 18,2 millones de euros, una medida que ha salido adelante con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE, OSP y Vox.

El delegado de Hacienda, Félix Romero, ha sido el encargado de defender la propuesta en una sesión extraordinaria, donde ha destacado que esta aprobación es el paso previo e “ineludible” para la firma del convenio con la Junta de Andalucía sobre el nuevo Palacio de Justicia, que se construirá en una parcela localizada al norte de la urbanización La Torrecilla junto a la nueva Comisaria de Policia Nacional.

Según ha explicado, el Consistorio va a financiar con fondos propios la obra de los accesos y la urbanización interior del futuro equipamiento, que suman un montante de 18,2 millones de euros, siendo “una cantidad que el Ayuntamiento no puede asumir en un único presupuesto, sino que tenemos que dividirlo en años”.

Así, ha apuntado que esa división diseñada en función de la “necesidad” de la Administración local, “requiere del acuerdo plenario”, al ser “superior a lo que establece el artículo 173 de la Ley de Haciendas Locales”.

En concreto, el fraccionamiento establecido por el Ayuntamiento comprende el pago de 2.700.000 euros en 2025, y anualidades de 5.171.515, 75 euros en los años 2026, 2027 y 2028.

Romero ha señalado que tras aprobarse la división en anualidades de la inversión, “sólo quedará pendiente la autorización por parte del órgano de tutela, que es la Junta de Andalucía, para firmar un convenio donde se va a incluir la obra del Palacio de Justicia, los accesos y las obras de urbanización interior”.

En este punto, ha indicado que el convenio con la Administración autonómica se firmará “una vez que tengamos este acuerdo aprobado antes de que acabe el siguiente trimestre”.

Por su parte, la concejala del PSOE, Isabel Pérez, ha instado a que “todo siga adelante y podamos tener lo antes posible ese Palacio de Justicia” y que “cuando se haga un anuncio sea fiel a estos tiempos”, recordando que en 2019 se anunció que iba a estar en “breve” el equipamiento y “hasta 2028 no van a estar resueltos esos accesos”.

Liquidación de la PIE

Por otro lado, el Pleno ha aprobado una modificación presupuestaria, en la modalidad de suplemento de crédito, de 7.297.681, 21 euros que responden a la liquidación de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), de la que el Ayuntamiento ha recibido 9 millones de euros que no estaban previstos en los presupuestos. La medida ha salido adelante con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE, OSP y Vox.

En concreto, Romero ha especificado que e destinarán 7 millones a diversos conceptos, como a financiar “obras de emergencia resultantes de la aplicación de las medidas frente a la situación de escasez y grave de sequía”, como “la habilitación de pozos municipales, la reparación de daños en el módulo de cocina y cerramiento perimetral del CEIP Platero” y trabajos de “acondicionamiento y urbanización de los márgenes de la carretera de Istán”.

Otra cantidad prevista es la de 979,036 euros a consecuencia del “cambio de financiación del plan de conservación e infraestructuras”, sufragado con patrimonio municipal de suelo; o un importe de 822.000 para el pago de lotes a Endesa que “por las subidas de la electricidad se han quedado sin suficiente financiación”.

Asimismo, se ha realizado un “cambio de financiación de 906.000 euros para el Polideportivo de San Pedro” y “unos 100.000 euros para el modificado del fin de obras”, además de 500.000 euros para el plan de conservación de parques y jardines.

Por otra parte, Romero ha señalado que el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con el Colegio Internacional Nueva Alcántara para realizar una “transacción judicial”, derivada de un procedimiento por “una sanción urbanística de algo más de 4 millones de euros” al centro y la reclamación de éste al Consistorio de “una responsabilidad patrimonial de 2.369.000 euros” por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de 2010. “Se busca una compensación para que queden 2 millones líquidos para el Ayuntamiento”, que no deberá de abonar los 2 millones que exige el centro privado por responsabilidad patrimonial.