El primer teniente de alcalde de Marbella declara por el caso Opium

Marbella/El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, ha acudido este martes al Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad para declarar en calidad de investigado por el caso Opium, que deriva de denuncias interpuestas por vecinos del club de playa por presuntas irregularidades en la concesión de la licencia de apertura y por una supuesta falta de control de la actividad por parte del Ayuntamiento.

Romero ha acudido a la sede judicial alrededor de las 12:40 horas para asistir a la vista oral, prevista para las 13:00, que ha durado “más de media hora” y en la que no ha estado presente el Ministerio Fiscal, según ha declarado el edil, quien ha destacado que tiene “la plena confianza y la conciencia de que en 24 años de concejal jamás he incumplido ninguna norma que merezca un reproche penal de ningún tipo”.

“La verdad sobre la situación del Opium es que se trata de un establecimiento que está en Marbella y que todas las resoluciones que se han dictado por parte del Ayuntamiento han sido basadas en informes técnicos conforme a un criterio uniforme y homogéneo”, ha subrayado.

Preguntado por el cierre del club de playa este verano, Romero ha señalado que “Opium tiene que realizar como cualquier establecimiento los trámites administrativos para obtener sus autorizaciones, y si este verano no tenía sus autorizaciones, pues no ha tenido el permiso para abrir. Si las tuviese, obviamente habría abierto”, ha apuntado.

“El que tiene derecho en esta ciudad y, conforme a un procedimiento reglado que viene en la ley, puede realizar su actividad, y el que no tiene derecho porque no cumple con los requisitos, pues no tiene derecho y no puede abrir”, ha agregado el edil, quien ha señalado que “todo el proceso de comprobación de esa situación muchas veces consume mucho tiempo, a veces más del que nos gustaría, pero no hay nada extraño”.

Respecto a supuesta falta de control de las actividades del beach club por parte del Consistorio, Romero ha señalado que “el Ayuntamiento tiene ahora mismo una licencia revocada y otra suspendida -la del auditorio-”, desde noviembre de 2022, asegurando que “todo lo que hemos hecho ha sido conforme a la ley y a la legalidad”.

En cuanto a las preguntas realizadas por la acusación particular, Romero ha manifestado que se ha acogido a su “derecho constitucional, pues no iba a responder a ninguna pregunta” de ésta, según ha comunicado de manera previa al magistrado. Además, ha señalado que la parte querellante no ha solicitado la comparecencia de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, una vez perdida su condición de aforada en el Senado, y que también figura como querellada en la denuncia.

El querellante critica que no acuda el Ministerio Fiscal a la declaración

Por su parte, el abogado de la parte denunciante, Salvador Campos, ha destacado que “la querella se presentó en el año 2021” y “de forma absolutamente inusual no llegó a admitirse hasta el 2023”, al tiempo que ha remarcado que “no se está aportando una parte importante de la documentación que se está pidiendo”.

Campos ha criticado que en esta segunda declaración del caso -ya que la primera se produjo en abril-, “el Ministerio Fiscal no ha asistido al interrogatorio, ni hoy ni anteriormente”, por lo que ha considerado que “ante una denuncia de estas características por presuntos delitos contra el medio ambiente, lesiones y de prevaricación administrativa, en el cumplimiento de sus obligaciones debería asistir y garantizar que se investiguen los hechos”.

Por otro lado, ha mostrado su sorpresa por que la alcaldesa “no haya sido citada”, así como ha afirmado que no hay constancia de que “se le haya notificado su condición de querellada”, un paso previo a la citación. Además, ha señalado que está formulada la solicitud para que “declaren como investigados otros técnicos del Ayuntamiento, los que han participado directamente en la concesión de las licencias o los que deberían haber vigilado por el cumplimiento de la normativa”.

En cuanto al supuesto delito de lesiones, ha declarado que “en estos momentos hay varias personas que están en tratamiento psiquiátrico como consecuencia del ruido de las instalaciones”.

Denuncian que la actividad del club no se corresponde supuestamente con la licencia de apertura

El abogado ha recordado que en la querella interpuesta se denuncia que presuntamente “la actividad que se venía realizando en las instalaciones no se correspondía con la licencia otorgada”, la cual era de “restaurante para 8 personas y nosotros consideramos que aquello realmente era una discoteca al aire libre”.

Igualmente, se denuncia que el Ayuntamiento supuestamente “no ha realizado ningún control sobre las actividades” del club de playa, matizando que “le ha impuesto diferentes sanciones, incluso porque en reiteradas ocasiones esta empresa no ha aportado los registros sonográficos”, debido a que “las mediciones acústicas que deberían estar conectadas al Ayuntamiento no lo estaban”.

De este modo, ha señalado que “una vez que el procedimiento penal se ha puesto en marcha, unido a las múltiples denuncias que han presentado los vecinos, el Ayuntamiento de Marbella se ha visto en la obligación de revocar la licencia de apertura del restaurante para 8 personas”.

Sobre la suspensión de la licencia del auditorio, Campos ha indicado que pese a otorgarla el Consistorio en julio de 2022, también “se ha visto obligado a suspenderla porque como consecuencia de las denuncias de los vecinos y de la instrucción de este procedimiento, se ha acreditado que no solamente producía molestias sonoras, sino que incumplía las medidas de seguridad y las instalaciones tampoco se ajustaban a la autorización otorgada”. En este punto, ha recordado el tiroteo que se produjo en esta zona el 18 de julio del pasado año, valorando como “gravísimo” que la decisión se haya realizado por “una inspección que se hizo el último día que el establecimiento estaba en funcionamiento, el 31 de agosto”.

Asimismo, ha puesto de relieve el “temor” de los vecinos, asegurando que la empresa “solicitó en marzo de este año una nueva licencia de apertura de restaurante con música” que ha modificado para “restaurante sin música, y finalmente el Ayuntamiento de Marbella le ha concedido la calificación ambiental a una actividad que no era la que inicialmente había sido sometida a información pública”, la cual “no estaba amparada por ninguna autorización de Carreteras” que “justificase la no afección al tráfico”, ha incidido.

Al respeto, el Consistorio ha desmentido esto, señalando que “la calificación se llevó a Junta de Gobierno Local, pero no está concedida” y “se tienen que resolver las alegaciones”. En cualquier caso, “ese sería el primer trámite, posteriormente, una vez aprobada la calificación, se tiene que aportar una serie de documentación por parte del solicitante y después vendría la concesión de la licencia y finalmente la apertura”, han agregado.