Trabajadores del hotel Guadalpín Banús de Marbella piden “multas” para reabrir las zonas cerradas

Los trabajadores del hotel de 5 estrellas Guadalpín Banús de Marbella volverán a concentrarse el próximo martes, 22 de octubre, para pedir a la Junta de Andalucía que aplique “multas” a los propietarios que han cerrado sus instalaciones tras el desalojo decretado el pasado julio con el objetivo de reabrirlas, según ha declarado la presidenta del comité de empresa, Jaqueline Lagarcha.

La convocatoria se produce después de mantener la representación sindical una reunión con la Junta el pasado 11 de octubre, de la que “salimos como entramos, con nada”, ha lamentado la sindicalista, quien ha criticado la “pasividad” de la Administración andaluza. Por ello, la plantilla se concentrará la próxima semana en la Delegación Territorial de Turismo en Málaga, de 11:00 a 14:00 horas.

El objetivo de la concentración es pedir que “la Junta sancione a los 2 propietarios que han sacado de la unidad de explotación sus bienes, sino estamos abocados al cierre porque uno de ellos tiene una parte fundamental como es la finca de servicios hoteleros, en la que se ubican las cocinas”, ha subrayado.

El desalojo fue ordenado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga y ejecutado el pasado 11 de julio, con el que se cerraron zonas comunes como las cocinas, el economato o el comedor, las terrazas, los restaurantes, el parking o 49 habitaciones. El conflicto deriva de las demandas interpuestas por 2 de los 44 propietarios de distintas zonas del 5 estrellas.

Inspecciones a la planta hotelera

Según ha recordado, la Junta realizó en verano 2 inspecciones a la planta hotelera e instó a los solicitantes del desalojo, SPV y Caja Rural de Granada, a que destinen los bienes de su propiedad en el complejo hotelero Guadalpín Banús a un uso hotelero, según dio a conocer la Administración andaluza al final de julio. Lagarcha ha señalado que esta “entregó 2 oficios -o informes- a los propietarios que han cerrado sus instalaciones”, pero “no ha habido ninguna consecuencia, sentimos que lo han hecho para callarnos la boca durante este tiempo”. 

“Los trabajadores pedimos que la Junta cumpla la Ley del Turismo de Andalucía y sancione a los 2 propietarios que tienen cerradas sus instalaciones”, ha destacado la sindicalista, quien ha apuntado que hasta el momento la Consejería solo ha informado a estos de que “deben poner a disposición de la empresa explotadora sus unidades, pero sin advertir de las graves multas que conlleva tener los inmuebles fuera de la explotación”.

“Exigimos que la finca de servicios hoteleros esté en explotación, junto al resto de las unidades cerradas”, ha recalcado la representante sindical, recordando que el hotel se rige bajo el “régimen de propiedad horizontal”. Ello significa que las unidades del edificio “solamente pueden estar abiertas como hotel”, el cual “debe explotarlo una empresa explotadora o que lo gestione”, y que en este caso es Grisoma hotelera.

“Están obligados a estar en la unidad de explotación, sino se crea un grave precedente y cualquiera puede llegar y cerrar”, ha exaltado. Lagarcha ha destacado que “la Junta es la única que pueda obligar a abrir los inmuebles cerrados”, apuntando que la Ley del Turismo de Andalucía contempla “unas multas de hasta 150.000 euros por faltas muy graves”.

ERTE rotativo

El desalojo ha provocado que la empresa explotadora haya aplicado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, aprobado en agosto con carácter “retroactivo” desde el 12 de julio. El expediente ha afectado principalmente al departamento de Alimentación y Bebidas “en un 80% o 70%”, así como a los de “Eventos y algo de Oficina” en menor medida.

“Estamos fatal porque el ERTE da a la mayoría de la gente nada más que para pagar su hipoteca. Estamos bastante en precario y al día 20 no llegamos”, ha apuntado la sindicalista, asegurando que hay personas que han tenido que recurrir a las ayudas familiares.