Los trabajadores del hotel Guadalpín Banús piden que la Junta reabra la finca de servicios hoteleros

Los trabajadores del hotel de 5 estrellas Guadalpín Banús de Marbella han solicitado este lunes a la Junta de Andalucía que reabra la finca se servicios hoteleros, en la que se ubican las cocinas y otras zonas comunes -cerradas desde el pasado julio tras el desalojo decretado por el juzgado-, como medida provisional adoptada por la vía administrativa y que “cumpla la Ley de Turismo”, según ha declarado la presidenta del comité de empresa, Jaqueline Lagarcha. Mientras, la Administración autonómica ha destacado que la misma fue “precintada por la jueza” y tiene que “respetar esa decisión ahora mismo”.

La representante sindical ha realizado la reclamación tras mantener una reunión con el coordinador de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, y la coordinadora local de IU, Victoria Morales, destacando que la plantilla ha tocado “las puertas de la oposición porque ya hemos tocado las de la Junta”.

El pasado 11 de julio tuvo lugar el lanzamiento o desalojo dictado por el Juzgado de lo Mercantil número1 de Málaga de varias zonas comunes, entre ellas la finca hotelera -que comprende las cocinas o las terrazas-, en base a las demandas interpuestas por 2 de los múltiples propietarios del hotel.

Lagarcha ha señalado que la última reunión celebrada con la Administración autonómica tuvo lugar el pasado 11 de octubre, en la que “la respuesta fue que la ley tenía muchas lagunas y no saben cómo van a resolver, porque es la primera vez que surgía en Andalucía este caso y que lo iban a remitir al servicio jurídico”.

“Vamos a tener que esperar meses o años”, ha manifestado la sindicalista, quien ha indicado que para entonces “ya estaremos en nuestra casa”, recordando que actualmente “el 80% estamos viviendo del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), cuando tendría que ser al contrario”.

En este sentido, ha destacado que “la justicia es muy lenta”, por lo que ha exigido a la Junta que “nos ayude” y que “abra las cocinas, las terrazas y las zonas comunes, es decir, la finca de servicios hoteleros”.

“Nosotros solo le pedimos a la Junta que cumpla la Ley de Turismo y, si tiene lagunas, no es nuestro deber el aclararlas”, ha subrayado la sindicalista, refiriéndose a los artículos 41 y 42 de la mencionada normativa. De este modo, ha indicado que el hotel cumple con ambos, el primero relativo a que “haya una empresa explotadora”, que en este caso es Grisoma hotelera; y el segundo a que “todo hotel en propiedad horizontal como es el Guadalpín Banús que tiene un explotador, tiene que ser único”.

Vías de solución del conflicto

Por su parte, el director del 5 estrellas, Ramón Pons, ha explicado que “hay 2 vías de resolución de este conflicto”, como son “la judicial” y la “administrativa”. Sobre la primera ha señalado que se está “a la espera de que la jueza dicte el auto final” tras recurrirse el desalojo, y sobre la segunda que compete a  “la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía para que aplique la Ley de Turismo”.

De esta forma, “se pide que se aplique -la normativa- y obliga a todos los propietarios de un complejo hotelero a poner sus fincas a disposición de la explotación”, así como ha valorado que en la ley andaluza “no hay ninguna laguna que aplique a este caso en particular”, aunque puede haberla en su “conjunto”. Por ello, ha pedido que "se aplique" la normativa y el "régimen sancionador".

La Junta realizó en verano al menos 2 inspecciones y al final de julio dio a conocer que instó a los propietarios demandantes a que “tienen el deber de destinar los bienes de su propiedad en el complejo hotelero a un uso hotelero, permitiendo la continuidad de los servicios”, en base a la Ley de Turismo. 

El abogado de la plantilla, Francisco Reina, ha señalado que los trabajadores reclaman a la Junta que “haga cumplir” la ley por la vía “administrativa” y que “se obligue a los propietarios a que pongan a disposición de la explotadora sus instalaciones”. Todo ello, “sin perjuicio de lo que los tribunales ordinarios puedan resolver sobre el asunto”.

En sus palabras, el no poner en explotación las fincas puede tener “consecuencias desastrosas porque si al final dan la razón a la explotadora, el mal ya estará hecho y será muy difícil recuperar el complejo hotelero”, a lo que ha agregado que “el volumen de empleo estará destrozado”.

La Junta mantendrá la decisión del Juzgado

Por otro lado, desde la Administración andaluza han señalado que “el sentido de la aplicación de la Ley del Turismo en el caso particular del hotel Guadalpín se ha trasladado y consultado al gabinete jurídico de la Junta y se está a la espera del informe”, aunque no han precisado los plazos para su entrega ni si se han adoptado medidas respecto a las inspecciones realizadas en verano.

Sobre la reclamación de los trabajadores de reabrir la finca de servicios hoteleros, han indicado que “fue precintada por la jueza y la Junta, como no puede ser de otra manera, tiene que respetar esa decisión ahora mismo”.

IU presentará una PNL para mejorar la ley en el Parlamento andaluz

El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, ha adelantado que la formación planteará en el Parlamento andaluz una Proposición No de Ley (PNL) para “mejorar” la Ley de Turismo, porque “hay que blindar las plazas hoteleras que generan puestos de trabajo frente a los negocios especulativos que pretenden transformarlo en viviendas turísticas”.

Así, ha señalado que el caso del Guadalpín Banús es un ejemplo de “cómo se pretende eliminar puestos de trabajo y cambiar plantas de uso hotelero a viviendas de uso turístico, en donde dar el pelotazo a costa de horadar un sector económico que es fundamental para nuestra provincia”.

En su opinión, con ello “se está pretendiendo boicotear una explotación económica para, en este caso, llevarla a una situación calamitosa y operar con su operación especulativa”.

Por su parte, Morales ha explicado que la Junta es “quien debe garantizar que la continuidad de este hotel pase por el cumplimiento de la Ley de Turismo, que recoge precisamente el uso hotelero de esta planta”, agregando que la formación realizó en julio una pregunta al Parlamento andaluz respecto al cumplimiento de esta normativa y que fue respondida el pasado 25 de octubre. 

“La situación actual del establecimiento no se debe a la actividad hotelera ni a las acciones de la Administración de la Junta de Andalucía, sino exclusivamente al resultado de diversas decisiones judiciales, fundamentalmente la interpretación de los derechos de la propiedad”, ha apuntado respecto a la respuesta de la Administración andaluza, criticando que “se vuelven a lavar las manos”.