Vecinos de Mijas costa rechazan el proyecto de construcción de una gasolinera

Mijas/Varias comunidades de vecinos afectadas por la construcción de una nueva gasolinera en la Avenida de Mijas, han iniciado una campaña de protestas para frenar la licencia municipal, ya que consideran que la futura estación de servicio generará problemas de tráfico y seguridad, contra la que han recabado más de 500 firmas, según ha destacado Daniel Pérez, residente de la zona. El Ayuntamiento señala que "la parcela es comercial y recoge el uso" de la misma.

Así lo ha señalado tras mantener este jueves una reunión con el concejal de Urbanismo de la localidad, Andrés Ruiz, donde se han abordado “algunas cuestiones normativas” y el responsable municipal se ha mostrado dispuesto a “apoyar a los vecinos dentro de los márgenes legales”.

Pérez ha indicado que pese a que el encuentro ha sido satisfactorio y del que los vecinos han salido “muy satisfechos”, éstos siguen mostrando su rechazo a la construcción de una gasolina de la multinacional petrolera Galp, que prevé implantar “una nueva estación de servicio en unos terrenos aledaños a la urbanización Pueblo La Campana, en el número 45 de la popular avenida de Mijas, a solo 10 metros de distancia de las viviendas”.

La principal preocupación de los residentes es la “seguridad”, y aunque son conscientes de que “es improbable que hoy en día ocurra un accidente en una instalación de este tipo, lo cierto es que realmente no existe el riesgo cero”, han destacado desde la urbanización.

De este modo, han indicado que “no quieren vivir con la preocupación de que el día de mañana pueda ocurrir cualquier desgracia”, a lo que han sumado el hecho de que “a solo 30 metros hay un almacén de carbón y leña altamente inflamable”. Según los denunciantes, existen además “cinco colegios en un radio de 300 metros y los padres ya han mostrado también su preocupación”.

En el aspecto medioambiental, los vecinos no entienden “cómo en un momento en el que se hace necesaria la sustitución de los combustibles fósiles, e incluso la Unión Europea ha aprobado el fin de los coches de combustión para 2035, se plantea la construcción de una nueva gasolinera”, así como han criticado la “saturación de estaciones de servicio” en la zona.

Por otro lado, los residentes han valorado que aunque el terreno donde se pretende construir esta instalación “está catalogado como comercial” según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, lo cierto es que “aun forma parte de un entorno prácticamente silvestre donde habitan animales protegidos tales como el erizo manzanero”.

También se da la circunstancia de que “el arroyo María Barranco transcurre a solo cinco metros de los depósitos de combustible” y que desemboca en la playa de Fuengirola, una distancia que “cumple la normativa”, aunque han valorado que pese a que “la promotora tiene medios más que suficientes para que sus proyectos se adecuen a la legalidad, nadie puede garantizar a largo plazo que no se produzcan filtraciones”.

Asimismo, los residentes han aludido a los problemas de salud mental que puede ocasionar la instalación de la estación de servicio, ya que la zona de las urbanizaciones El Coto, La Sierrezuela o Pueblo Campana “es conocida por su tranquilidad”.

En este sentido, han criticado que “una estación de servicio, que además incluye un lavadero de coches, incrementará notablemente el tráfico en la zona, lo que producirá “ruidos y molestias que impedirán el debido descanso de los vecinos”.

En estos momentos, han señalado que “el proyecto se encuentra en la fase de subsanación de alegaciones en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas, “por lo que los residentes en la avenida de Mijas ya han recogido más de quinientas firmas contra la gasolinera” y esperan “superar las mil”. La campaña también se ha iniciado en las redes sociales, así como prevén organizar manifestaciones.

Por su parte, el Consistorio ha destacado que "la parcela es comercial y recoge el uso de una estación de servicio", al tiempo que ha incidido en que "las licencias son actos reglados por ley y si se cumplen los parámetros hay que darlas, el Ayuntamiento no puede negarse. Además, el propietario de los terrenos ya tiene el "informe sectorial favorable de la Consejería de Ganadería, Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible".