Una asociación pide ayuda para reubicar a medio centenar de cerdos en Mijas

Algunos de los cerdos acogidos por la asociación. / M. H.

Mijas/La asociación SOS cerditos abandonados Mijas ha solicitado al Ayuntamiento de la localidad habilitar un espacio para cobijar a medio centenar de animales que el colectivo cuidaba en una finca de la que fueron desalojados hace dos semanas, así como reclama soluciones alternativas al sacrificio de los ejemplares, según ha declarado la presidenta, Lisa Amado.

El desalojo se produjo el pasado 15 de febrero tras los requerimientos del Consistorio al nuevo propietario de la finca -localizada en la zona de Puebla tranquila-, la cual permanecía abandonada desde 2011 y que fue adquirida por una empresa privada en el marco de un concurso de acreedores el pasado año. La animalista ha señalado que los terrenos fueron “ocupados” por la asociación tras hacerse cargo de unos cerdos que pertenecían a un particular que “se fue” en 2017, quedaron “libres” y “se reprodujeron” con el paso de los años.

Amado ha solicitado al Ayuntamiento que habilite un espacio para poder atender a estos animales y tener “una oportunidad” para buscar una solución y que los cerdos “no tengan un final tan horroroso” como es la muerte, los cuales han sido “reubicados” en algún lugar que no ha determinado para evitar el sacrificio. En el momento del desalojo se encontraba en la parcela medio centenar de ejemplares, ha agregado.

La presidenta del colectivo ha remarcado que estos mamíferos “están recogidos y no están asilvestrados” ya que están “bajo la protección” de la asociación, por lo que ha reivindicado los “derechos de los animales”, remarcando que “no son basura y hay que hacer leyes que los protejan y que no se nos traten como delincuentes”.

“Queremos un cambio”, ha aseverado en relación al sacrificio de especies como solución, y ha solicitado “una alternativa ética para los cerdos y que se haga un espacio para ellos” con “un control mediante la castración, un censo y que tengan una oportunidad”.

Amado ha relatado que fue en 2020 cuando un grupo de voluntarios que proporcionaba a los animales “comida y agua” deciden hacerse “asociación” tras una sugerencia del Ayuntamiento, al que según ha apuntado “se le dio parte” cuando los cerdos quedaron abandonados. Así, ha relatado que el Ayuntamiento indicó que hicieran “un control a los animales, vacunarlos, ponerles chip y castrarlos” con fondos propios, que fueron consiguiendo a través de rifas, donaciones y recaudaciones solidarias.

Para ello, ha comentado que metieron a los animales en la finca con un vallado posterior, que “estaba ocupada por un señor desde hacía 15 años” que habitaba en una caravana; y contrataron una empresa de Cataluña para “castrar a los machos y vacunar”, que “generó una deuda súper grande”.

Amado ha puesto de relieve la labor que realiza la asociación de “retirar un montón de animales que estaban en la vía pública sueltos” para “protegerlos y darles una solución ética” en contra del sacrificio.

El Ayuntamiento requiere retirar las especies invasoras

Por su parte, el representante de la empresa que ha adquirido los terrenos, Javier Solsona, ha detallado que la compañía asumió la titularidad de la parcela en octubre del pasado año al ser “acreedores” de una empresa en concurso desde 2011, la cual se encuentra un “suelo urbano con calificación comercial”. En la misma, ha asegurado que no se planea desarrollar ningún proyecto ya que “no hay una masa crítica de personas que pueda pasar por ahí”.

La decisión de desalojar a los cerdos deriva, según ha explicado, de “las quejas de los vecinos” en cuanto “al olor, la suciedad, que los animales están sueltos haciendo ruido o que no están desparasitados” y a “los requerimientos del Ayuntamiento” para proceder al “vallado, el desbroce y que se retiren animales de especies invasoras que están en nuestra propiedad y que son responsabilidad nuestra”.

Solsona ha señalado que ha interpuesto en el juzgado una denuncia contra el colectivo por “daños” en el vallado una vez que los animalistas abandonaron la finca, la cual está dispuesto a quitar si estos asumen los “costes” de su reposición. Por su parte, el Consistorio de Mijas ha declinado hacer declaraciones al respecto al entender que se trata de un asunto “entre privados”.

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