La promotora del Cala Mijas declina celebrar el festival este año por los "incumplimientos" de pago

La organizadora del festival Cala Mijas, Last tour, ha decidido “resolver y dejar sin efecto el contrato de patrocinio que le vincula al Ayuntamiento mijeño desde el 15 de diciembre de 2021” en relación con el evento cultural por los "incumplimientos" de pago, así como ha optado por “no promover la celebración” de la edición de este año, según ha informado la empresa este viernes en las redes sociales. Mientas, desde el Consistorio han señalado que la promotora no ha solventado las "deficiencias" de 2 facturas para abodar el abono del expediente en su totalidad.

El pasado mes de marzo se dio a conocer que el Consistorio adeuda a la promotora siete facturas por un valor de 952.875 euros, correspondientes a la edición del pasado año entre los meses de enero y julio, en la que fue una visita estrella la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A ello se unen otras dos facturas que elevan el importe a pagar a 1,2 millones de euros.

Así, entre los motivos de la decisión han aludido a “los reiterados y graves incumplimientos en los que ha incurrido el Ayuntamiento ante Last tour, el más el relevante de todos ellos consistente en el impago de las importantes sumas debidas en concepto de patrocinio con relación a la edición del festival de 2023”, el cual lamentan que “ha persistido a pesar de los continuos requerimientos de pago formulados”. A ellos han sumado “otros incumplimientos no menos graves como la falta de acondicionamiento y dotación de las instalaciones del recinto”, han agregado desde la compañía.

"Es obvio que la injustificada desatención por el Ayuntamiento de sus compromisos contractuales impide la continuación de la colaboración pactada, pues entre otras cuestiones, priva a Last tour de un ingreso esencial para la promoción del festival en su edición de este año y sucesivos. Y lo que es aún más lamentable, evidencia la falta de interés del ente municipal en el buen fin de la organización”, han agregado desde la compañía.

Ante semejante postura, Last tour ha informado de que “se ha visto forzada a tomar la de las decisiones de resolución del patrocinio y de cese en la organización del festival”, una resolución “por incumplimiento que ha sido ya comunicada al Ayuntamiento y tendrá efectos desde hoy mismo”, han remarcado.

Por ello, desde la empresa han rechazado “la actuación del Ayuntamiento” y ha lamentado “verse abocada a cesar en la organización y puesta en marcha de las próximas ediciones del festival Cala Mijas habida cuenta del éxito de las anteriores de 2022 y 2023”.

En este sentido, desde la organización del festival han agradecido al “público que ha hecho posible estas dos mágicas ediciones, a la gente de Mijas que nos ha acogido y a todos los que han trabajado y apoyado para hacer posibles estos maravillosos momentos que hemos vivido”.

"Deficiencias"en las facturas

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Mijas han indicado que para el pago de las facturas pendientes, el propio responsable del contrato trasladó a la promotora la petición para que solventara "las deficiencias justificativas detectadas en las dos últimas facturas presentadas, correspondientes a la edición de 2023, sin las cuales no podía plantearse la posibilidad de convocar un Pleno extraordinario para abordar el pago del expediente completo, unas deficiencias que no se han corregido”.

En cualquier caso, desde el Consistorio han recordado que las facturas hasta ahora emitidas de la edición 2023 presentan “reparos por parte de la Intervención Municipal, lo cual suspende la tramitación del expediente de gasto hasta que sea solventado, e incluso, en comunicaciones mantenidas ente las dos partes, el Ayuntamiento ha invitado a la empresa a recurrir a la vía judicial en el caso de que creyera conveniente exigir el pago de las certificaciones pendientes”.

Así mismo, ha señalado que el contrato establece que Last tour “debería haber presentado el cartel de la edición 2024 al finalizar la edición 2023”, lamentando que “a día de hoy, este Ayuntamiento no cuenta en su poder con ni tan siquiera una propuesta del mismo, lo cual representa un incumplimiento contractual grave”. Además, destacado que el documento contempla que antes de la presentación pública del mismo, “debía contar con la aprobación del equipo de Gobierno, algo que no ha podido llevarse a cabo puesto que nunca ha existido propuesta”.

Justificación de las inversiones

De igual forma, el Ayuntamiento ha remarcado que se ha reiterado a la promotora “la necesidad de que justificaran de manera detallada y cumpliendo con las exigencias contractuales las inversiones” del acuerdo, sin que “se haya atendido remotamente esta petición”. En este sentido, han apuntado que por el mismo, Last tour “se comprometía a invertir 8.000.000 euros en la edición de 2022 e ir aumentando un millón por edición hasta alcanzar los 12 millones en 2026”, lamentando que “a pesar de las reiteradas peticiones, en ningún momento se ha justificado la inversión realizada en 2023, algo que es de obligatorio cumplimiento”.

El Ayuntamiento de Mijas tiene contrato con Last Tour como patrocinador del evento, por lo que ha recordado que “no es ni organizador ni promotor del festival”, contemplado el contrato que el Consistorio “debe proporcionar un espacio con las acometidas básicas para su adecuación y que el promotor se encargará de realizar el acondicionamiento e infraestructuras necesarias para el correcto desarrollo de la cita”.

De este modo, han criticado que la empresa se ha mostrado “inflexible”, exigiendo al Consistorio que asumiera costes de partidas que no eran las que corresponden y que “carece que cualquier justificación, ya que puso a disposición de la empresa hace semanas las instalaciones de Cortijo Colorado, lo que posibilitó la celebración del festival en los años 2022 y 2023”.

“Este Ayuntamiento no puede atender la exigencia pretendida por parte de Last Tour para dejar sin efecto las liquidaciones de ocupación de vía pública del recinto Cortijo Colorado, lugar donde se celebra el festival con una superficie de 145.000 metros cuadrados y de titularidad municipal y que, como recoge la legislación, nunca pueden ser bonificadas puesto que ese espacio deja de estar destinado a la población y se utiliza de manera exclusiva para la celebración de una actividad lucrativa”, han agregado desde el Ayuntamiento.