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Brasilia/A petición de la Fiscalía, la Corte Suprema incluyó al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro en la lista de investigados por la intentona golpista que cometieron sus simpatizantes más radicales el pasado domingo en Brasilia.
El cerco judicial se estrecha sobre el ex mandatario, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos y del que se sospecha que incitó a sus partidarios a invadir y destrozar las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo el 8 de enero.
En la tarde de este viernes, el Ministerio Público solicitó al Supremo permiso para investigar al líder ultraderechista por su presunta participación como autor intelectual del violento asalto y, tan solo unas horas más tarde, el alto tribunal acató la petición. El aval lo dio el magistrado Alexandre de Moraes, uno de los once jueces del Supremo, actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) y objeto de graves ataques desde hace meses por parte de Bolsonaro y sus aliados.
De Moraes aceptó el principal argumento de la Fiscalía: un vídeo compartido por Bolsonaro en sus redes sociales el 10 de enero, dos días después del asalto a los tres poderes, en el que se siembran dudas sobre el resultado de las elecciones de octubre y la legitimidad de las instituciones.
El capitán retirado del Ejército, que sigue sin reconocer abiertamente su derrota en las urnas, eliminó ese vídeo horas después, cuando ya estaba circulando como la pólvora entre sus acólitos. Con ello, el Ministerio Público cree que "incitó de forma pública a la práctica del crimen".
Para De Moraes, con la divulgación del vídeo, Bolsonaro "se posicionó "una vez más" de forma, "en tesis, criminal contra las instituciones", en especial contra el Supremo y el Tribunal Superior Electoral (TSE), "imputando a sus jueces fraude en las elecciones para favorecer" a Lula. El magistrado también señaló que estudiará "en el momento oportuno" un posible interrogatorio a Bolsonaro ante "las noticias de que no se encuentra en territorio brasileño".
El ex jefe de Estado viajó a Orlando, en Florida, el pasado 30 de diciembre, dos días antes de acabar su mandato, por motivos nunca explicados, aunque recientemente dijo a CNN Brasil que volvería a finales de este mes. Sobre el asalto golpista, apenas se pronunció en unos tuits el mismo día 8 para rechazarlo de forma tibia y negar las acusaciones vertidas por Lula, quien responsabilizó a su predecesor de "estimular" a sus seguidores.
A lo largo de la pasada campaña electoral, Bolsonaro acusó a la cúpula judicial de actuar en favor de Lula y lideró una feroz campaña contra el sistema electoral con base en alegaciones falsas de fraude.
La izquierda defiende que ese comportamiento, unido a su silencio tras perder las elecciones, alimentó la ira de los bolsonaristas, que hasta la semana pasada estaban acampados en la puerta de los cuarteles pidiendo un golpe contra el dirigente progresista. Al no ser escuchados por las Fuerzas Armadas, miles de ellos lo intentaron el domingo sembrando el caos durante cuatro horas en Brasilia.
Bolsonaro, un nostálgico defensor de las dictaduras militares de derechas y que el pasado día 1 perdió su inmunidad, es investigado además en otros cuatro procesos penales abiertos en el Supremo, pero todos ellos están en la fase inicial.
Uno de ellos busca esclarecer si interfirió de forma política e ilegal en las decisiones de la Policía Federal para proteger a su familia. También es investigado por divulgar noticias falsas sobre la vacuna contra la covid-19, que asoció con el riesgo de desarrollar sida, y por divulgar documentos secretos de la Policía con los que quiso inflamar su campaña contra el proceso electoral.
Igualmente está en el foco de la Justicia en otro caso que indaga la existencia de "milicias digitales", vinculadas a grupos de extrema derecha, que buscan derribar el orden democrático.
La Policía Federal arrestó este sábado en Brasilia a Anderson Torres, ex ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro, cuya detención fue ordenada en el marco de la investigación por el intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva, informaron fuentes oficiales.
El ex ministro fue detenido por las autoridades en el aeropuerto internacional de Brasilia al desembarcar procedente de Miami, según confirmaron sus abogados a la prensa.
Torres era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia cuando miles de bolsonaristas radicales invadieron y destrozaron las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia, el domingo pasado.
El avión en el que se trasladó el exministro llegó hacia las 07:30 hora local al aeropuerto de Brasilia donde Torres era esperado por la Policía Federal. La orden de arresto contra el ex funcionario fue expedida el miércoles por Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema, por "presunta omisión", y confirmada en pleno por los miembros del máximo tribunal de justicia.
Torres asumió como Secretario de Seguridad Pública de Brasilia el 2 de enero y cinco días después se fue de vacaciones a Estados Unidos, por lo que no estaba en el país en el momento en el que se dieron los ataques de los radicales de ultraderecha.
Al conocer la decisión del magistrado, el ex ministro anunció que regresaría al país para ponerse en manos de la Justicia y demostrar su inocencia, pues alega que había un plan de contingencia en caso de que se presentaran actos violentos en las marchas de los bolsonaristas. "Creo en la justicia brasileña y en la fuerza de las instituciones. Estoy seguro que la verdad prevalecerá", señaló en un mensaje publicado en las redes sociales.
La víspera el ministro de Justicia, Flávio Dino, afirmó que si Torres no regresaba a Brasil hasta el lunes el Gobierno solicitaría su extradición.
Además de la orden de arresto, el magistrado Moraes también dictó un registro en la residencia de Torres, donde la Policía encontró el borrador de un decreto presidencial para intervenir el Tribunal Superior Electoral y "corregir" el resultado de las presidenciales, que Bolsonaro perdió ante Lula por una diferencia de 1,8 puntos porcentuales.
El ex ministro de Bolsonaro alegó que "el citado documento fue incautado" cuando él no se encontraba en casa "y filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces" contra él. Por los ataques de los bolsonaristas, que estaban acampados desde hacía dos meses frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, han sido detenidas más de 1.800 personas y se ha abierto una serie de investigaciones contra políticos y empresarios acusados de financiarlos.
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