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Jerusalén/El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este lunes que paraliza temporalmente la tramitación de la polémica reforma judicial para tratar de llegar a un consenso con la oposición, ante la amplia contestación social que ha suscitado las mayores protestas de la historia de Israel.
"Por responsabilidad nacional, en base al deseo de evitar una grieta en nuestro pueblo, decidí suspender la segunda y tercera lectura de la ley (de elección de jueces) en esta sesión parlamentaria para dar tiempo a tratar de llegar a un acuerdo amplio, en preparación para la legislación durante la próxima sesión", declaró el primer ministro, aunque no abandona por completo el proyecto, que espera salga adelante en los próximos meses.
La Kneset (Parlamento israelí) entrará en receso todo el mes de abril, por la Pascua judía, y el Gobierno se ha dado de plazo hasta la pausa del verano en julio para hacer los ajustes necesarios a la reforma, vista por la oposición y amplios sectores sociales como una amenaza para la democracia porque socava la independencia de la Justicia.
El primer ministro mantuvo este lunes reuniones todo el día con sus socios de coalición, con los que acordó retrasar la tramitación de las leyes que conforman la reforma judicial a después del receso parlamentario, incluido el proyecto de ley de elección de jueces -que da al Gobierno control casi total sobre el comité de selección- cuya aprobación definitiva estaba prevista para esta misma semana.
"Cuando es posible prevenir una guerra fratricida con negociaciones, yo, como primer ministro, me tomo un tiempo para negociar. Doy una oportunidad para una discusión real", afirmó Netanyahu en una esperada intervención televisada, que se había anunciado para horas antes ante las masivas protestas en todo el país, e incluso la convocatoria de una huelga general.
Sin embargo, el primer ministro insistió en la necesidad de acometer una amplia reforma de sistema judicial, aunque por primera vez en tres meses se mostró dispuesto a negociar con la oposición sin imponer el plan del Gobierno en el Parlamento.
"Insistimos en la necesidad de realizar las correcciones necesarias en el ordenamiento jurídico, y daremos la oportunidad de lograr un amplio consenso", señaló el primer ministro, que tiene tres juicios abiertos por corrupción.
Netanyahu cesó la noche del domingo a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, después de que éste se pronunciara públicamente a favor de frenar la reforma ante la amplia contestación social que ha provocado, que ha llevado incluso a miles de reservistas a negarse a servir, lo que suponía a su juicio un "peligro real e inminente para la seguridad de Israel".
Como respuesta, un récord de más 650.000 israelíes salieron la noche del domingo a las calles de todo el país, sobre todo en Tel Aviv, en protestas improvisadas que se convocaron rápidamente por las redes sociales, después de 13 semanas consecutivas de manifestaciones desde que se anunciara la reforma.
La contestación social se mantuvo este lunes, con un llamado a la huelga general por parte de la Unión General de Trabajadores, el principal sindicato de Israel, que fue seguida por universidades, bancos, la compañía eléctrica, cadenas de restauración como McDonalds, ayuntamientos y hospitales.
Además, los trabajadores del aeropuerto internacional de Ben Gurion lograron que se suspendiera durante varias horas los despegues de vuelos, y también se ha frenado el tráfico en el puerto de Ashod; mientras los manifestantes volvieron a las calles.
Más de 100.000 manifestantes se congregaron este lunes de nuevo frente a la Kneset en Jerusalén para pedir el fin de la reforma judicial, mientras que una contramanifestación progubernamental, organizada por grupos de extrema derecha, se convocó rápidamente en la misma zona, con miles de asistentes, entre ellos el ministro Itamar Ben Gvir.
Sin embargo, los grupos antirreforma ya avanzaron que no se contentan con el retraso en la tramitación de la reforma anunciado por Netanyahu, sino que seguirán con sus protestas hasta que esa legislación quede cancelada y se plantee una nueva reforma consensuada con la oposición.
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