María Jesús Montero y Cataluña

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado lunes resultó un nuevo desaire del Gobierno a las comunidades autónomas, auspiciado por el talante maniobrero y falsario de la ministra de Hacienda que prepara el terreno para un nuevo pago en forma de privilegios fiscales a Cataluña a cambio del apoyo de ERC a la investidura de Illa y a la permanencia Sánchez en La Moncloa. En cambio, ni una sola propuesta sobre el futuro modelo de financiación autonómica. Tanta indolencia solo se explica por la debilidad de un Gobierno incapaz mantenerse en pie por sí mismo y mucho menos de hacer frente al deteriorado estado de las finanzas públicas a largo plazo, que también incumbe a las pensiones, al déficit de la seguridad social y a la deuda púbica (1,6 billones, más de 400.000 millones de aumento desde la investidura de Sánchez).

Quien sí llevaba su propuesta era la Generalitat que plantea un cupo vasco a la catalana con la doble desfachatez de sentirse más agraviados que nadie y de que su demanda de privilegios no supone perjuicio alguno para el resto. La ministra de Hacienda lo rechaza tan tajantemente como en su momento hiciera con la amnistía o con la negociación bilateral sobre la condonación de deuda, pero dejando abiertas puertas que permiten atisbar el nuevo engaño. La defensa de la singularidad o del consorcio fiscal con el Estado, que implica la creación una agencia tributaria catalana, lo señalan de forma tan burda que no tuvo más remedio que escapar afirmando que el CPFF no es el marco para discutir propuestas concretas de un territorio.

Intentó calmar los ánimos anunciando un techo de gasto cercano a los 200.000 euros para 2025, de los que unos 160.000 terminarán en manos autonómicas (cuando Sánchez llegó a La Moncloa, a mediados de 2018, el gasto público se situaba en 123.000 millones). Todo se disparó con la pandemia, cuando se alcanzaron los niveles a los que finalmente se han acabado acostumbrando, pero en diciembre de 2023 se restablecieron las reglas fiscales en Europa. Se mantienen los viejos objetivos de déficit y endeudamiento, pero con itinerarios de sostenibilidad adaptados a cada caso.

Con respecto al equilibrio financiero a corto plazo, Montero anunció el cumplimiento del objetivo de déficit (2,5%), relajando la contribución exigible a las comunidades en su conjunto, pero sin detenerse en las circunstancias particulares de cada una de ellas. También defendió el compromiso de ajustar el crecimiento del gasto público primario en los próximos años a las nuevas reglas europeas, pero asumiendo que no será posible aflojar la presión fiscal e ignorando el componente estructural déficit, oculto tras el efecto de la inflación en los ingresos nominales.

También se opuso, como cabía esperar y contra su propio criterio en 2016 cuando era consejera andaluza, a la propuesta de elevar el peso del voto de las CCAA en el CPFF. Un nuevo ejercicio de control gubernamental de las instituciones, tras la anulación del poder de veto del techo de gasto en el Senado, que se reserva el 50% de los votos y que garantiza que todas sus propuestas saldrán adelante y que ninguna de la oposición podrá hacerlo sin su consentimiento.