La trampa de la condonación

Pr ESUPUESTOS y condonación (o quita) de deuda de comunidades autónomas entran en la fase decisiva de la encrucijada de la que depende la continuidad del Gobierno. 15.000 de los 73.000 millones (20%) que Cataluña debe al Fondo de Liquidez Autonómica, además de la financiación singular, o cupo catalán, son parte del precio que el Gobierno ha de pagar por el apoyo de ERC en el debate presupuestario. La única forma de minimizar el rechazo a tan controvertida medida es extender sus beneficios al resto de comunidades, pero Andalucía debe estar atenta porque el regalo viene con trampa.

El PIB por habitante en Andalucía en 2023 (último dato) ascendió a 23.218 euros. En el conjunto de España fue 30.968 y en Madrid, el más elevado, 42.198, lo que significa que la capacidad productiva en Andalucía, es decir, de generación de riqueza, es un 25% inferior a la media española y un 45% inferior a la madrileña. Si echamos la vista atrás apreciaremos que estas enormes diferencias son similares a las de hace cuatro décadas y a las del inicio del siglo. Se redujeron notablemente con el boom inmobiliario, pero volvieron a ampliarse tras el estallido de la burbuja en 2008, hasta llegar a la actualidad con ese pertinaz atraso relativo, en el que parecemos estar condenados a mantenernos.

Afortunadamente, la política redistributiva del Estado hace posible que el nivel de vida de los andaluces sea superior al que permitiría su economía. La renta se obtiene de añadir al PIB el saldo de transferencias con el exterior, que en el caso de Andalucía es positivo y en el de Madrid, negativo. En concreto, el dato de renta disponible por habitante en Andalucía sigue siendo inferior al promedio español (18,1% en 2022, último dato publicado) y al madrileño (32,6%), aunque la diferencia es menor que en PIB. Esto significa que, gracias a las transferencias recibidas del exterior, en su mayor parte del Estado en forma de pensiones, becas, subsidios, etc., la capacidad de consumo de los andaluces es superior a la de producción, mientras que en Madrid ocurre lo contrario.

El problema de las transferencias de renta hacia Andalucía es que elevan el consumo, y por tanto el nivel de bienestar, pero no el tamaño de la economía, de lo que terminan derivándose dos consecuencias tramposas. La primera, que el bienestar de los andaluces se hace cada vez más dependiente de las transferencias de renta desde el exterior. La segunda, que una gran parte de los beneficios económicos derivados del mayor consumo regresan al territorio de origen de las transferencias, donde se concentra buena parte de la producción de bienes y servicios que demandan los andaluces.

La condonación de deuda prometida por el Gobierno tiene el mismo efecto que las transferencias de renta. Son bienvenidas porque en comunidades como la andaluza permiten elevar el nivel de bienestar por encima de las posibilidades de su economía, pero si no vienen acompañadas de otras medidas dirigidas a corregir el diferencial de productividad, terminarán alimentando un sistema de bienestar cada vez más dependiente e insostenible a largo plazo y condenando a la comunidad al atraso secular en capacidad de producción y empleo.