Eficiencia en la política andaluza del agua

DESDE que en 1980 aprobara su primer Estatuto de Autonomía, Andalucía ha venido asumiendo mayores competencias en materia de agua. Primero fue el traspaso de la Confederación Hidrográfica del Sur, hoy convertido en Demarcación Hidrográfica del Mediterráneo. Un año después, culminó la transferencia de las cuencas hidrográficas que vertían al Atlántico, concretamente las de los ríos Guadalete y Barbate, en Cádiz, y Tinto, Odiel y Piedras, en Huelva. Finalmente, desde el 1 de enero de 2009, la Junta de Andalucía gestiona todas las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio, tal y como se recogía en el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Todos estos cambios han supuesto, también el ajuste, la modificación, la adaptación de los órganos de gestión y decisión de la Administración andaluza en materia hidráulica con el objetivo último de dar una respuesta eficaz a los nuevos escenarios y retos a los que nos íbamos a enfrentar en el futuro.

El pasado mes, el Consejo de Gobierno aprobó un decreto ley por el que reordena el sector público de Andalucía, reduciendo el número de entidades instrumentales, simplificando la estructura periférica y mejorando la gobernanza.

La nueva reordenación da respuesta a los cambios acontecidos en el orden económico mundial, que han afectado a nuestro país y, en consecuencia, a nuestra comunidad autónoma. El sentido común, la eficiencia en la gestión y la apuesta decidida por la empresa pública como vía de solución para dar respuesta a las exigencias de nuestra sociedad son los tres pilares básicos en los que se asienta esta iniciativa.

En el caso concreto de la Administración Andaluza del Agua, la reordenación aprobada va a permitir dotarnos de una herramienta técnica con un régimen jurídico que facilitará y agilizará la dinámica propia del desarrollo de las competencias en materia hidráulica. Así, se apuesta por un modelo en el que todas estas competencias se ven fortalecidas al ser integradas dentro de la estructura organizativa de la Consejería de Medio Ambiente. Asimismo, la nueva Agencia Pública Empresarial de Medio Ambiente y Agua de Andalucía se constituye como un órgano instrumental de apoyo y de agilización a la hora de tramitar y poner en marcha las encomiendas que se le asignen, de la misma manera que, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente se relaciona con las sociedades estatales (Acuamed, Hidroguadiana, etc...).

El nuevo departamento en el que, a partir del próximo uno de enero, se convierta la Agencia Andaluza del Agua mantendrá sus competencias en materia de planificación hidrológica general; planificación de inversiones en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración; restauración de cauces y dominio público hidráulico; de explotación de infraestructuras hidráulicas; de fomento de la participación en las políticas hidráulicas y de relación con las organizaciones, asociaciones y entidades interesadas.

En ese sentido, continuaremos con la elaboración y aplicación de los proyectos de Planes Hidrológicos de las Demarcaciones Intracomunitarias Andaluzas, los cuales se encuentran en la actualidad en periodo de información y que, tal y como marcan las directrices europeas, podremos aprobar a finales del presente año.

Seguiremos estableciendo las actuaciones y prioridades en materia de inversiones hidráulicas y de ordenación del territorio, de planes de emergencia en situación de sequías y de prevención de inundaciones.

Adoptaremos resoluciones administrativas (concesiones, autorizaciones y sanciones), mejorando la eficacia de los aspectos burocráticos de la gestión.

Sin duda alguna, seguiremos apostando por la I+D+I en materia de agua como uno de los ejes fundamentales de la mejora del conocimiento para dar respuesta a los objetivos que supone desarrollar una política sostenible.

Seguiremos apostando, también, por la profundización en la relación con todos los usuarios, es decir, con todos aquellos entes (institucionales, económicos, sociales y ciudadanos) directamente relacionados con la gestión del agua.

En definitiva, tal y como el propio Gobierno andaluz asumió en la firma y ratificación del Acuerdo Andaluz por el Agua, la política hidráulica andaluza seguirá prestando especial atención al cuidado y mejora de la calidad de nuestros ecosistemas fluviales, a la preservación de la unidad de cuenca como modelo de gestión de nuestros recursos hídricos y al fomento de la participación, manteniendo los órganos de gestión y toma de decisiones ya existentes e impulsando la creación, además, del Observatorio Andaluz por el Agua.

Estamos convencidos de que, a partir de ahora, esta nueva estructura nos hará más eficientes, más competentes y más fuertes para afrontar el futuro con garantías y responsabilidad política.